Cerca de seis millones de deudores morosos y cientos de miles de personas con discapacidad y sus familias están en el centro de una disputa parlamentaria que este miércoles tuvo un resultado claro: la oposición impuso su agenda en la Cámara de Diputados y obligó al oficialismo libertario a votar, sin margen de maniobra, los emplazamientos de comisiones para avanzar sobre dos de los temas más urgentes del Congreso.

La sesión especial fue convocada por la oposición y abierta con 130 legisladores aportados por Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Argentina Federal y otros bloques opositores. La Libertad Avanza, el PRO y la UCR ingresaron al recinto solo cuando el quórum reglamentario ya estaba garantizado, una táctica que evidenció la posición de debilidad del oficialismo desde el arranque.

249 votos contra el silencio del Gobierno

El plan de trabajo para la emergencia en Discapacidad se aprobó con 249 votos, por unanimidad. El cronograma contempla un primer plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda para el miércoles siguiente a las 12, y un segundo encuentro para dictaminar el miércoles 23 de septiembre a la misma hora. Poco después, también por unanimidad, se aprobó el cronograma de trabajo para emplazar a las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que tendrá dos reuniones informativas los martes 15 y 22 de septiembre a las 14 horas y una última instancia de dictamen el 29 de septiembre.

El acuerdo final se terminó de sellar en la reunión de Labor Parlamentaria, luego de que quedara claro que la oposición contaba con los votos para el quórum. El oficialismo, al verse en desventaja numérica, entendió que no tenía margen para seguir resistiendo y optó por sumarse.

La emergencia que el Gobierno ignoró: pensiones frenadas y deuda millonaria

El vicepresidente de la comisión de Discapacidad, el diputado Juan Marino (Unión por la Patria), fue contundente al describir el estado real de la emergencia. «Este gobierno prácticamente ha detenido las altas a las pensiones no contributivas por discapacidad para protección social y ese es el primer incumplimiento a la ley de emergencia en Discapacidad», denunció desde el estrado. Según datos oficiales que citó el legislador, desde enero de 2024 se iniciaron 90.791 trámites para otorgar el alta de pensión, pero solo se resolvieron 10.374, es decir, apenas el 11,4 por ciento del total.

Marino también recordó que el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni reconoció ante la comisión que, a abril de este año, el Gobierno acumulaba una deuda con los prestadores de casi 70.000 millones de pesos. Y agregó otro dato de peso: durante todo 2025, el presupuesto para el programa Incluir Salud fue subejectutado en un 15%, lo que equivale a más de 135.000 millones de pesos que el Estado no destinó a las personas con discapacidad que dependen de ese sistema. El abandono presupuestario no fue un error de gestión, sino una decisión política deliberada.

A ese cuadro se suma la denuncia de los transportistas, según relató el propio Marino: el kilómetro de traslado para personas con discapacidad está valuado por el Gobierno en 900 pesos, un monto que los prestadores del servicio califican como inviable y que pone en riesgo la continuidad de la atención.

Seis millones de familias endeudadas y un Congreso que responde

El diputado Pablo Juliano (Provincias Unidas) fue el impulsor de la moción de emplazamiento para las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, encargadas de tratar los proyectos vinculados al alivio de deudores morosos. «Hace dos semanas, en este recinto, 133 diputados planteamos la urgencia porque la problemática de la morosidad de las familias es transversal. Cuando se corren las banderías partidarias y salimos de la camorra de la política podemos abordar entre todos los problemas que están en la mesa de los argentinos«, señaló el radical bonaerense.

La iniciativa busca regular la situación de aproximadamente seis millones de deudores morosos, un universo que creció de manera sostenida durante la gestión de Javier Milei, en un contexto de caída del salario real, tarifazos sucesivos y retracción del crédito formal que empujó a millones de familias a una espiral de deudas con entidades financieras y tarjetas de crédito.

El Gobierno intenta salvar las apariencias

Desde el oficialismo se ensayó una lectura alternativa de los hechos. Fuentes de La Libertad Avanza señalaron que el cronograma aprobado mediante el emplazamiento era «prácticamente idéntico» al que los presidentes de las comisiones de Discapacidad y de Finanzas, ambos libertarios, habían comunicado el 2 de septiembre. También destacaron que lograron evitar el giro de los proyectos de morosidad a la comisión de Presupuesto, lo que impediría que cualquier dictamen incurra en gasto fiscal. «La emergencia en discapacidad está cumplida, y se está trabajando en un dictamen para garantizar las atenciones de la mejor forma posible de forma permanente», afirmaron.

Sin embargo, los números del propio debate parlamentario desmienten esa narrativa: un bloque que tardó en ingresar al recinto hasta verificar que ya había quórum sin él, que votó por unanimidad cronogramas que la oposición impuso por moción, y que no logró modificar la agenda ni los plazos, difícilmente puede presentar la jornada como una victoria propia. La imagen de un oficialismo que llega tarde, cuando la decisión ya está tomada, es la síntesis política del día.

Puntos clave

• El plan de trabajo para la emergencia en Discapacidad se aprobó con 249 votos, por unanimidad.
• Solo el 11,4% de los trámites de pensiones no contributivas por discapacidad iniciados desde enero de 2024 fueron resueltos por el Gobierno.
• La deuda del Estado con prestadores de Discapacidad alcanzaba los 70.000 millones de pesos a abril de 2026, según reconoció el propio exjefe de Gabinete Manuel Adorni.
• El programa Incluir Salud fue subejectutado en más de 135.000 millones de pesos durante 2025.
• La Libertad Avanza y sus aliados ingresaron al recinto recién cuando el quórum de la oposición ya estaba consolidado.