El Gobierno confirmó este jueves por la noche que el mandatario Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento, ya que aseguró que esa norma aprobada «tiene como único objetivo destruir el programa económico».

«El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará», indicó la administración de Milei en un comunicado difundido por redes sociales.

«El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años», remarcó.

El proyecto que se aprobó establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.

Además, incorpora una compensación extra del 8,1 por ciento, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero.

Para evitar que la actualización de la canasta básica no quede desfasada, se optó por empujar en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09 por ciento.

La Oficina del Presidente remarcó que «esta ley implica un gasto adicional del 1,2 por ciento del PBI, o lo que es lo mismo, 25 por ciento del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres».

«Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación», indicó.

Asimismo, calificó al proyecto como «una estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal».

«Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido», confirmó el Gobierno.

Y precisó: «Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal».

«El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable»

Horas antes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipaba un poco la idea de vetar la norma al escribir en sus redes sociales: «El equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Fin».

Más temprano, en su habitual conferencia de prensa, el funcionario había dicho que «todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va a vetar».

Adorni hizo referencia de esa forma a la atribución del Poder Ejecutivo de vetar la ley de forma total o parcial, tras su aprobación en el Congreso.

En el caso del veto parcial, Milei puede proceder a la promulgación de determinados artículos y al rechazo parcial de otros, siempre y cuando no modifique el espíritu del proyecto sancionado por el Congreso.

Ya con el veto total, el proyecto regresa al Poder Legislativo que, de tener intenciones, puede insistir en la sanción de la ley.

Para eso último es necesario que ambas Cámaras cuenten con dos tercios de los votos para imponer su intencionalidad inicial; de esta forma la ley se promulgaría a pesar de la voluntad del mandatario.

De no conseguirse el número en alguna de las dos cámaras, el veto se mantiene y el proyecto no puede volver a tratarse en las sesiones de ese año.

Si bien la recomposición extra del 8,1% es aceptada, presentan resistencia los artículos 2, 4 y 10 de la ley, los mismos que habían sido rechazados por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y el titular de la ANSES, Mariano De los Heros, durante el plenario de comisiones.

Son los mismos artículos que también habían sido negociados, sin éxito, por el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, ya que en el oficialismo consideran que «tienen un impacto fiscal importante en términos del Presupuesto nacional».

El artículo 2 establece que, en marzo de cada año, se aplicará a las jubilaciones un aumento del 50% de la variación de la de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) por sobre la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior.

En el artículo 4, en tanto, fija que quienes perciben un solo beneficio (jubilación o pensión) «tendrán la garantía de un haber mínimo equivalente al costo de la canasta básica total del adulto (CBT) incrementado en un 9%».

El artículo 10 establece que la ANSES «tendrá la obligación de cancelar las deudas con las cajas previsionales provinciales» y de pagar las sentencias firmes a favor de jubilados con asignaciones específicas de los recursos tributarios de ese organismo.

La aprobación de esta reforma significa un gasto del 0,43%, según especificó un estudio realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

Milei había asegurado que utilizaría la facultad del veto, luego de que los diputados aprobaran en junio último el proyecto en la Cámara baja.

«Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romperlo, les voy a vetar todo», argumentó en aquel entonces.

«Me importa tres carajos», expresó el mandatario en junio último el marco del Latam Economic Forum.