Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) un listado confidencial con los nombres de las personas que planean visitarla en su residencia de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria. La entrega responde a la resolución judicial que condicionó el beneficio de la domiciliaria a la presentación de un esquema de visitas previamente autorizado.

El documento, elaborado por su defensa, incluye familiares, abogados, médicos y custodios. Según trascendió, el abogado Carlos Beraldi solicitó que el listado se mantenga en “carácter reservado”, argumentando que la privacidad de los nombres debe ser respetada por tratarse de información sensible.

Los magistrados del TOF2 tienen ahora cinco días hábiles para responder al requerimiento.

Reclamo por la eliminación de restricciones

En el mismo escrito, la defensa ratificó el pedido de que se revoquen las limitaciones sobre la cantidad de personas que pueden visitarla. Cristina Kirchner fundamentó su reclamo en su derecho a mantener una vida social activa, calificando las restricciones como arbitrarias y desproporcionadas.

El punto central del recurso interpuesto establece: “Respetuosamente solicitamos que se revoque por contrario imperio la decisión en cuestión y se dejen sin efecto las limitaciones dispuestas”.

Antecedentes y contexto judicial

El beneficio de la prisión domiciliaria fue concedido tras un largo proceso judicial en el que la expresidenta enfrentó múltiples causas por presuntos actos de corrupción. El régimen domiciliario incluye controles estrictos que buscan garantizar el cumplimiento efectivo de la condena, pero el pedido de eliminar restricciones sobre las visitas ha generado un nuevo debate sobre los alcances de este tipo de medidas.

Perspectivas futuras

Si bien el tribunal tiene la facultad de modificar las condiciones de la prisión domiciliaria, la resolución sobre este pedido podría generar precedentes en casos similares. El TOF2 deberá evaluar el impacto de mantener o levantar las restricciones, considerando tanto los derechos de la acusada como las obligaciones procesales.