La misma tecnología que el sector empresarial periodístico debate cómo aprovechar para sostener sus modelos de negocio es la que el sindicalismo de prensa exige regular por ley para que no destruya empleos. Ese es el eje de tensión que atraviesa al periodismo argentino en septiembre de 2026: la inteligencia artificial como promesa de sustentabilidad para unos, y como amenaza de precarización para otros. Esta semana, ambas conversaciones ocurren en paralelo, sin demasiadas ganas de encontrarse.

ADEPA en Tucumán: el mapa de los que mandan en los medios

La 64ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) comenzó este miércoles 9 de septiembre en San Miguel de Tucumán, con el diario La Gaceta como medio anfitrión y el Hotel Sheraton como escenario. Es la cuarta vez que la capital tucumana recibe el principal encuentro institucional de los propietarios y directivos de medios argentinos, que sesionará hasta el viernes 11.

El temario oficial tiene dos grandes vértices. El primero, la presentación del informe semestral sobre la situación de la libertad de expresión y de prensa, documento que ADEPA elabora y difunde con periodicidad desde hace décadas. El segundo, y el más novedoso, es el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial en la sustentabilidad de la industria periodística, una discusión que ya ocupó buena parte de la agenda de la edición anterior, realizada en Puerto Madryn.

El programa de capacitaciones convocó a una constelación de nombres del establishment mediático argentino y del ecosistema tecnológico global. Exponen el columnista de La Nación Joaquín Morales Solá; el editor general de Clarín, Ricardo Kirschbaum; representantes de Google News Initiative, Juan Manuel Lucero y María José Iriarte; el consultor uruguayo Sebastián Auyanet; el director general del grupo español Vocento, Fernando Belzunce; la periodista Irina Sternik; y el jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, Tomás Vio. La presencia dominante de los grandes grupos de medios concentrados no es casual: son los mismos actores que definen cómo y cuándo se incorpora la IA en las redacciones.

El viernes se conocerá el informe de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y se elegirán las nuevas autoridades del Consejo Ejecutivo para el período 2026/2027, antes del cierre en la Casa Histórica de la Independencia. La asamblea también incluye la renovación parcial de la Junta de Directores.

No es la primera vez que ADEPA se involucra en el debate sobre la IA. El año pasado, durante su 63ª Asamblea, presentó un informe elaborado junto al Fondo Internacional para Medios de Interés Público (IFPIM) que reconoció que la inteligencia artificial está reconfigurando profundamente el ecosistema informativo e impone una lógica de cambio permanente que tensiona las prácticas y modelos de negocio del periodismo. La entidad sostuvo entonces que la tecnología no debe profundizar la desinformación ni erosionar la sustentabilidad, sino convertirse en una aliada del periodismo de calidad. Paralelamente, en alianza con Google News Initiative y la empresa Fathm, ADEPA lanzó días atrás el programa AI Build Sprint, orientado a incorporar herramientas de IA en redacciones del noroeste argentino, con medios de Salta, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Santiago del Estero y San Juan.

El nuevo Estatuto del Periodista: la IA desde abajo

Mientras ADEPA debate cómo la IA puede ayudar a sostener los medios, los trabajadores de prensa tienen una pregunta diferente: ¿quién los va a proteger cuando la IA los reemplace? Esa pregunta es el motor del proyecto de actualización del Estatuto del Periodista Profesional que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN), la Asociación de Periodistas de Corrientes y la Asociación de Prensa de Santa Fe presentaron formalmente ante la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.

El debate fue abierto por la senadora jujeña Carolina Moisés, titular de esa comisión, quien calificó a la inteligencia artificial como el «caballo de Troya que pretende reemplazar al trabajo humano». La iniciativa busca reemplazar la histórica Ley 12.908, sancionada en 1946, cuya derogación fue incorporada en la Ley de Modernización Laboral con una prórroga de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026. El reloj corre: si el Congreso no aprueba una norma sustitutiva antes de esa fecha, miles de periodistas argentinos quedarán sin el marco legal que protege sus condiciones de trabajo.

El artículo 23 del proyecto es el núcleo de la disputa. Establece que las herramientas de inteligencia artificial y tecnologías generativas deberán actuar como complemento del trabajo profesional y no podrán reemplazar completamente la producción periodística ni sustituir puestos, categorías o funciones preexistentes. Además, obliga a los empleadores a capacitar al personal en el uso de esas herramientas. El reconocimiento de la autoría y la retribución económica por los contenidos apropiados por empresas y plataformas tecnológicas también forma parte del articulado.

Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, sintetizó el trasfondo político de la discusión: «No podemos permitirnos que en esta democracia se derogue el estatuto que ha sido vanguardia en el mundo; necesitamos esa protección para garantizar que el periodismo siga siendo un rol social y no una mercancía». La periodista Gabriela Pepe aportó el dato que resume la crisis de la profesión: el 65% de los periodistas, en su trabajo principal, cobra un salario que está por debajo de la línea de pobreza. Y el periodista Mariano Obarrio apuntó directamente contra el uso no regulado de la tecnología: «la inteligencia artificial está usurpando, plagiando contenidos de los medios periodísticos».

El proyecto también incorpora regulaciones sobre plataformas digitales, teletrabajo, derecho al cuidado, violencia de género en el ámbito laboral y salud mental de los trabajadores de prensa. Propone reemplazar las categorías laborales rígidas por «áreas» más flexibles que contemplen el trabajo periodístico en cualquier soporte, desde un diario impreso hasta un canal de streaming. El bloque senatorial Convicción Federal reclamó en julio que el debate sea incorporado con urgencia a la agenda de comisiones.

Dos conversaciones que no se hablan

La analogía es imposible de ignorar: esta semana, en el mismo país y sobre el mismo objeto tecnológico, los dueños de los medios debaten cómo usar la IA para sostener sus empresas, y los trabajadores de esos mismos medios debaten cómo impedir que la IA destruya sus empleos. La brecha no es solo económica; es también de poder. Quien define cómo se incorpora la tecnología en una redacción es el empleador, no el periodista. Sin regulación legal, esa asimetría se profundiza.

Lo que ADEPA llama «sustentabilidad de la industria» tiene una traducción concreta en muchas redacciones: recorte de planta, reemplazo de tareas por sistemas automatizados y tercerización de contenidos. La Ley 12.908 fue pionera en el mundo cuando se sancionó en 1946 porque reconoció que el periodismo no es una mercancía más; que quien informa a la sociedad necesita condiciones de trabajo que protejan su independencia y su estabilidad. Ochenta años después, ese principio enfrenta su mayor desafío.

El resultado de la asamblea tucumana y el avance del nuevo Estatuto en el Senado dirán mucho sobre quién gana esta pulseada. Por ahora, la IA llega a las redacciones argentinas más rápido que cualquier marco legal que la regule.

Puntos clave

• La 64ª Asamblea de ADEPA sesiona en Tucumán hasta el viernes con la IA y la libertad de prensa como ejes centrales.
• FATPREN y gremios aliados presentaron en el Senado un nuevo Estatuto del Periodista que regula el uso de la inteligencia artificial en redacciones.
• El proyecto prohíbe que la IA reemplace puestos de trabajo y obliga a los empleadores a capacitar a su personal.
• La vigencia del actual Estatuto del Periodista (Ley 12.908) fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026, con el plazo legislativo corriendo.
• El 65% de los periodistas argentinos cobra, en su trabajo principal, un salario por debajo de la línea de pobreza.