DDHH
En vísperas del Día de la Memoria, Alberto destacó la lucha de Madres y Abuelas
«Son inmensas, un modelo de conducta, lucha y compromiso. Su tarea es reconocida en el mundo entero», señaló Fernández.
«Son inmensas», sintetizó el presidente Fernández, a la vez que argumentó que son un «modelo de conducta, de lucha y de compromiso» y dijo que «su tarea es reconocida en el mundo entero». Fue al encabezar en el Museo del Bicentenario el acto de reconocimiento y homenaje por los 45 años de lucha en defensa de los derechos humanos.
El presidente Alberto Fernández destacó este martes la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo que “se plantaron ante los genocidas pidiendo justicia por sus hijos, haciendo lo que una sociedad aterrada no hacía durante la dictadura”, y además instó a “continuar manteniendo viva la memoria”.
En un acto en el Museo Bicentenario en la víspera del 45 aniversario del golpe militar del 76, Fernández llamó a “seguir haciendo docencia con los jóvenes que nacieron en democracia y no saben lo que fue la violencia en aquellos tiempos” de la dictadura cívico-militar.
El Presidente distinguió a las reconocidas luchadoras por los derechos humanos Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Lita Boitano (Familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas), con el premio Juana Azurduy.
Allí, Fernández recordó el acto convocado por la oposición semanas atrás en el que un grupo de jóvenes instalaron en las rejas de la Casa Rosada bolsas mortuorias con los nombres de distintas personalidades que fueron vacunados contra el Covid-19, entre las que se encontraban Estela de Carlotto.
En ese sentido, consideró: “A veces me pregunto si no tenemos que seguir haciendo docencia porque muchos jóvenes no entienden lo que fue la violencia de la dictadura”.
“Les quiero explicar a los más jóvenes que nacieron en democracia: hubo un tiempo que en la Argentina no existía la democracia y que se llevaron a gente inocente que pagaron con su vida el hecho de pensar distinto y otros terminaron perseguidos y exiliados”, dijo.




Sobre la labor de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, señaló: “En esa sociedad que estaba aterrada, apareció un grupo de madres que empezó a preguntarles a los dictadores genocidas dónde estaban sus hijos”.
“Fueron un conjunto de mujeres que tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad», dijo y agregó que lo hicieron «en una gran soledad impulsado por su amor por su hijo o hija». «La verdad es que vivimos una tragedia y esa tragedia tuvo un grupo de mujeres que se plantó por el amor a sus hijos”, reforzó.
Acompañado por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, el primer mandatario manifestó: “Las madres y las abuelas son un modelo a seguir por cada argentino o argentina. La sociedad la terminó viendo como un modelo de conducta, de lucha y compromiso reconocido por el mundo entero”.
Alberto Fernández concluyó: “Cada 24 de marzo es un día aciago para nosotros. Es tan importante mantener viva la memoria y saber lo que pasó y hacer docencia en los jóvenes, ya que en cada actitud en la que se glorifica la muerte se vuelve a abrir la llaga de una argentina que vivimos”.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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