Política 📢
Tercer día de protestas contra el decretazo de Milei
Con el respaldo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), los integrantes de las agrupaciones se concentraron al mediodía en las inmediaciones del Obelisco porteño, sin interrupción del tránsito en la zona, donde realizaron asambleas y ollas populares en rechazo al DNU del gobierno Nacional.
Organizaciones sindicales y sociales protagonizaron este viernes una nueva jornada de protestas en la ciudad de Buenos Aires que incluyó asambleas, ollas populares y movilizaciones en rechazo al DNU firmado por el presidente Javier Milei, ocasión en la que se volvió a aplicar el protocolo de orden público implementado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para evitar cortes de tránsito.
Con el respaldo de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), los integrantes de las agrupaciones se concentraron al mediodía en las inmediaciones del Obelisco porteño, sin interrupción del tránsito en la zona, donde realizaron asambleas y ollas populares en rechazo al DNU del gobierno Nacional.
La jornada de protestas fue convocada en el Obelisco por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), el FENAT, la CTA Autónoma; el Movimiento Argentina Rebelde (MAR), la organización Libres del Sur y el Frente Barrial de CTA-T, entre otras.
La secretaria adjunta de la Utep, Dina Sánchez, dijo en declaraciones a Télam que «realizamos esta jornada nacional de lucha en todo el país con ollas y asambleas, para rechazar el brutal ajuste y atentado a la democracia que está llevando adelante el gobierno de Milei».
Por la mañana un grupo de militantes de organizaciones sociales de izquierda, nucleados en la Unidad Piquetera (UP) y del Frente de Lucha Piquetero, realizó una protesta bajo la consigna «Por una navidad sin hambre en comedores populares» frente al ministerio de Capital Humano, y en reclamo de «una audiencia urgente» con la titular de esa cartera, Sandra Pettovello.
La protesta, que provocó el corte parcial del tránsito en la intersección de Lima y Moreno fue custodiada en todo momento por un importante operativo de seguridad integrado por efectivos de la Policía de la Ciudad y del cuerpo de Infantería local, en cumplimiento del nuevo protocolo de orden público.
Tras un encuentro con funcionarios de esa cartera, el referente de la UP, Eduardo Belliboni, aseguró que en el Gobierno Nacional «no tienen un kilo de comida para la gente que tiene hambre» y agregó: «Acá parece que nadie tiene un peso o perdieron la billetera».
«La reunión en sí misma fue buena porque nos recibieron, pero nos dijeron que no tienen un kilo de comida para darle a la gente que está hambrienta en los barrios. Esta es una mala señal del Gobierno», dijo Belliboni, quien encabezó la delegación de militantes de la UP hacia la excartera de Desarrollo Social, portando varias ollas vacías de alimentos.
El dirigente dijo además que la UP se sumará el miércoles próximo a la marcha convocada por la CGT a los Tribunales contra el DNU dictado esta semana por Milei.También la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a las 13 a la sede de la Jefatura de Gabinete ubicada en Diagonal Sur 782 del centro porteño donde se manifestaron pacíficamente en «rechazo al ajuste y el mega decreto del presidente Javier Milei».
«Somos un sindicato y tenemos que defender los derechos de los trabajadores que representamos. Hasta ahora no hemos escuchado una sola medida en favor de los trabajadores y jubilados», exclamó el secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.Y agregó: «Son tiempos de derribar algunos mitos.
Plata hay, lo que pasa es que la tienen los que siempre la tuvieron y quieren acaparar más. Basta con analizar los balances de las grandes empresas para saber que son los únicos que incrementaron sus ganancias hasta triplicando la inflación».
Con un importante operativo policial -que incluyó también la presencia de efectivos policiales dentro del edificio de la exSomisa- no se afectó la circulación vehicular en la zona.
En tanto, la dos CTA y la UTEP anunciaron en una conferencia de prensa que se suman a marchar junto a la CGT el próximo miércoles hacia Tribunales, en tanto que el viernes 29 realizarán un plenario conjunto para determinar nuevas medidas de rechazo al DNU.
«El miércoles vamos a entregar un pedido de inconstitucionalidad del DNU y, a su vez, presentar un amparo para suspender sus efectos en su totalidad y el viernes nos reuniremos en asamblea a fin de resolver si vamos a un paro general y el plan de lucha», anunciaron hoy las organizaciones en la rueda de prensa.Para el secretario general de la CTA-A, Hugo Godoy, el DNU «viola y violenta más de 300 derechos» y expresó: «Vamos a avanzar en un plan de lucha con los mayores niveles de unidad posibles. Realizaremos acciones conjuntas y coordinadas frente a la Justicia, y alentaremos medidas de acción, asambleas y ollas populares».
El secretario general de la CTA-T y diputado nacional, Hugo Yasky, advirtió que «no se puede gobernar por decreto» y consideró que el DNU anunciado esta semana fue «redactado en una consultoría privada, afecta a todas y todos los trabajadores, e implica que se rifa todo».
En tanto, trabajadores de Trenes Argentinos de la línea Roca se manifestaron en el hall central de la estación Constitución en contra de la «privatización» del ferrocarril.
«Acá somos todos hijos de ferroviarios. No podemos dejar que esto se privatice otra vez. Ya lo hemos vivido esto», dijo un empleado ferroviario en diálogo con Crónica TV.
Legislativo
El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB
La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.
Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.
El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.
Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan
El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».
En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.
La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía
El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.
El superávit como escudo político
La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.
Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.
Lo que tenés que saber:
- La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
- El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
- El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
- Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
- El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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