La senadora Carolina Moisés advirtió que si el Poder Ejecutivo no remueve al jefe de Gabinete, el Parlamento activará los mecanismos constitucionales de interpelación y moción de censura, herramientas nunca antes utilizadas desde la reforma de 1994. Mientras tanto, el oficialismo maniobra para impedir la sesión en Diputados prevista para el martes 23.

La crisis en torno a Manuel Adorni dejó de ser un escándalo judicial con fecha de vencimiento y se instaló como el eje vertebrador de la política argentina. El jefe de Gabinete, investigado por presunto enriquecimiento ilícito con un patrimonio bajo sospecha que supera los 840.000 dólares, acumula presiones desde el Congreso, el Poder Judicial y sectores del propio oficialismo que ya no ocultan su incomodidad. Con el presidente Javier Milei blindándolo pese a todo, la oposición advirtió sin rodeos: si el Ejecutivo no actúa, será el Parlamento quien resuelva.

«O lo echan o lo sacamos nosotros»

La senadora Carolina Moisés, titular del bloque Convicción Federal, fue la voz más contundente del arco opositor. En declaraciones radiales del domingo 21 de junio, la legisladora sostuvo que la situación de Adorni modificó por completo la agenda de la Cámara alta. «Toda esta escalada con el problema de Adorni ha precipitado que la agenda del Senado se modifique», señaló. Luego, lanzó la frase que sintetizó el estado de ánimo de la oposición: «Debería resolverlo el Poder Ejecutivo. Este funcionario debiera haber renunciado comprendiendo el nivel de daño que está generando no solamente a su gobierno, sino al país. O lo echan ustedes o lo sacamos nosotros».

Moisés también cuestionó que Adorni haya anunciado su predisposición a brindar un informe de gestión ante el Senado, en lugar de comparecer a responder sobre las investigaciones que lo involucran. «De ninguna manera podemos legitimar que este señor vaya y se siente ahí a hacer de cuenta que no pasa nada», expresó, al considerar que el funcionario perdió toda legitimidad política. Con una metáfora médica, describió la situación del jefe de Gabinete: «Es como esos pacientes que dicen los médicos, una falla multiorgánica. Ya no le funciona el hígado, no le funciona el riñón, no le funciona el cerebro. No hay forma de curar este enfermo».

Respecto a los votos, la senadora fue precisa: para la interpelación, el consenso entre los distintos bloques está asegurado, con la mayoría de los 37 votos necesarios ya comprometidos. Sobre la eventual moción de censura, en cambio, prefirió no anticipar postura y subrayó la importancia de respetar el procedimiento: «Este señor tiene que ir y dar explicaciones». Moisés también advirtió sobre el impacto de la crisis más allá de las fronteras: «Creo que no están midiendo el daño que le hacen a la Argentina afuera», señaló, en referencia al peso institucional que la figura del jefe de Gabinete tiene ante organismos internacionales e inversores.

El dilema en Diputados y los movimientos del oficialismo

Mientras la Cámara alta tiene fijada su sesión para el jueves 25 de junio, en la Cámara de Diputados la oposición busca abrir el recinto el martes 23 para tratar seis expedientes vinculados a la interpelación y la moción de censura. Unión por la Patria, que semanas atrás era renuente a avanzar en una destitución, esta vez sumó su apoyo sin reservas. Se suman también los bloques del Frente de Izquierda, Provincias Unidas, Encuentro Federal y la Coalición Cívica, más los dos diputados del MID, según consignaron fuentes de esa bancada.

La gran incógnita sigue siendo el PRO. El diputado Fernando De Andreis, operador de Mauricio Macri, había amagado con dar quórum y apoyar la interpelación, aunque no la moción de censura. Sin embargo, con el correr de los días, los ánimos del bloque amarillo parecieron templarse. «No lo tenemos decidido aún», fue la respuesta que circuló entre sus filas, donde el tema genera tensiones incómodas. La ecuación es difícil para el PRO: presionar a Milei sin terminar de romper, en un escenario donde acercarse demasiado a la oposición puede costar caro electoralmente.

El Gobierno, por su parte, no está cruzado de brazos. La Casa Rosada activó una mesa negociadora integrada por el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional, Eduardo «Lule» Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. El primer resultado visible fue el aplazamiento de la sesión del Senado, originalmente prevista para esta semana. El segundo frente es Diputados, donde el Ejecutivo intenta convencer a los sectores «dialoguistas» de que no den quórum el martes.

Bullrich, la pieza más incómoda del tablero

Uno de los episodios más reveladores de la semana involucró a la propia Patricia Bullrich. La senadora no ocultó su postura favorable a que el Gobierno se desprenda de Adorni, pero la presión de la Casa Rosada terminó por ordenarla. El punto de disputa fue técnico pero con implicancias decisivas: Bullrich había sostenido públicamente que tanto la interpelación como la moción de censura se aprobaban con mayoría simple de votos, en contradicción abierta con el presidente de la Cámara, Martín Menem, quien insistía en que el reglamento exige dos tercios para asuntos sin dictamen previo.

Finalmente, Bullrich alineó su postura con la del oficialismo. El peronismo puede reunir una mayoría simple, pero está lejos de alcanzar los dos tercios requeridos bajo esa interpretación. La maniobra le dio al Gobierno un margen de maniobra que, días atrás, no tenía. Sin embargo, la confianza interna en Bullrich es limitada. Según fuentes del propio espacio, algunos aliados del Gobierno señalaron que la actitud de la senadora obedece más a su propia agenda política que a los intereses reales de los bloques que dice representar: «Los mismos aliados nos dicen que es más una ansiedad de Bullrich que de ellos», precisó una fuente que realizó el relevamiento de los apoyos en el Congreso.

La herramienta constitucional que nadie usó en 32 años

Detrás del ruido político hay una dimensión institucional que no debe soslayarse. El artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994, establece que el jefe de Gabinete puede ser interpelado y sometido a una moción de censura. Es una herramienta de control parlamentario que, en más de tres décadas, nunca fue activada. Si Adorni comparece ante el Senado y el Congreso avanza en la moción, sería el primer jefe de Gabinete en la historia argentina en atravesar ese proceso. El oficialismo disputa incluso los alcances del artículo: el diputado Nicolás Mayoraz planteó en sus redes sociales que los asuntos sin dictamen previo requieren dos tercios para ser habilitados a debate, una lectura reglamentaria que, de prosperar, blindaría a Adorni de cualquier mayoría que la oposición pueda construir.

Mientras el debate constitucional se dirime en los pasillos del Congreso, la investigación judicial avanza en paralelo. El juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita llevan adelante la causa por enriquecimiento ilícito, que incluye el análisis de refacciones de lujo pagadas en efectivo por 245.000 dólares en el country Indio Cuá, activos en Bitcoin omitidos en declaraciones juradas por el equivalente a más de 500.000 dólares, y presuntas irregularidades vinculadas a su esposa, Bettina Angeletti, en relaciones contractuales con empresas del Estado. La diputada Marcela Pagano llegó a pedir la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la justicia. El fiscal también solicitó una batería de nuevas medidas de prueba en el marco de la investigación.

Puntos clave

• La senadora Carolina Moisés advirtió que el Senado activará la interpelación si Milei no remueve a Adorni: «O lo echan o lo sacamos nosotros».
• La sesión del Senado quedó fijada para el jueves 25 de junio; si se aprueba la interpelación, Adorni deberá comparecer en el recinto.
• En Diputados, la oposición busca sesionar el martes 23 con seis expedientes vinculados a la interpelación y la moción de censura.
• El Gobierno logró que Patricia Bullrich respaldara la interpretación de que se necesitan dos tercios para avanzar, una lectura que dificultaría el quórum opositor.
• La herramienta constitucional del artículo 101 nunca fue aplicada desde la reforma de 1994; Adorni podría convertirse en el primer jefe de Gabinete en afrontarla.