Legislativo
Victoria Villarruel intensifica recortes en el Senado: nuevos despidos
Los recortes de personal ya alcanzan a 439 trabajadores en 2024.
La vicepresidenta Victoria Villarruel profundizó los recortes en el Senado con la firma de un nuevo decreto que desvinculó a 20 trabajadores temporarios. Esta medida se marca en el plan de «racionalización» del gasto público que lleva adelante el Gobierno nacional, con el objetivo de preservar los recursos del Estado y los contribuyentes.
Recortes en aumento
Estos nuevos despidos se suman a los 38 anteriores, elevando la cifra total a 439 en lo que va de 2024. Villarruel se amparó en el artículo 52 de la Ley 24.600, que regula las contrataciones temporales en el sector público. La vicepresidenta había advertido que los despidos continuarían como parte de la optimización de recursos humanos del Senado.
Creación de la Comisión de Análisis de la Dotación
En abril, Villarruel firmó la creación de la Comisión de Análisis de la Dotación (CAD), liderada por la secretaría Administrativa, María Laura Izzo. Esta comisión revisa la estructura de recursos humanos del Senado para detectar posibles irregularidades y optimizar el uso de los fondos públicos. Desde entonces, la CAD ha emitido recomendaciones que han derivado en despidos, los cuales Villarruel ha descrito como parte de una «caza de ñoquis».
Control biometrico del personal
En línea con la política de recortes, se implementó el Sistema de Control de Presentismo por Datos Biométricos, con el que los empleados de la planta permanente deben registrar su ingreso. Aunque el sistema contempla excepciones, la intención es asegurar que los trabajadores cumplan con su jornada laboral.
Legislativo
Diputados: ¿Habrá quórum para sesionar por endeudamiento y discapacidad?
La sesión fue convocada para este miércoles a las 12. Los bloques opositores cuentan los votos y el oficialismo admite que el número está garantizado, aunque prepara un cambio de estrategia.
Este miércoles a las 12 está convocada la sesión pedida por varios bloques opositores en la Cámara de Diputados para tratar proyectos sobre endeudamiento familiar y prorrogar la emergencia en discapacidad.
Los bloques convocantes confían en conseguir los 129 diputados necesarios para abrir el recinto, forzar el tratamiento de la batería de proyectos y fijar una fecha para emitir dictamen, con el objetivo de avanzar hacia la media sanción.
«Tranquila nunca estoy con el quórum, pero hoy lo cuento y lo tengo», dijo una importante fuente del peronismo. La misma diputada advirtió que «está el antecedente de los 133», una cifra que podría dejar expuestos a quienes acompañaron aquella jornada si no ratifican su postura.
Hace casi dos semanas, la oposición probó su respaldo al intentar incorporar ambos temas a una sesión anterior. En esa oportunidad reunió 133 diputados, con cinco ausencias que también podrían contarse a su favor. En aquella votación, Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas y los bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca y Neuquén respaldaron el pedido. El MID de Oscar Zago acompañó el tratamiento del tema discapacidad, mientras que la UCR se abstuvo en ambas votaciones.
Las negociaciones de La Libertad Avanza para desarmar la sesión no surtieron efecto. Aunque en los últimos días el oficialismo abrió formalmente la discusión en comisiones y prometió un cronograma con fecha para dictaminar, los bloques opositores ratificaron la convocatoria.
Ante esa realidad, el bloque oficialista anunció un «cambio de estrategia» y admitió que la oposición conseguirá el número este miércoles. En ese marco, convocó a los jefes de los bloques aliados para comunicar la nueva postura. «Puede llegar a haber una solución para el tema de discapacidad», afirmó una fuente de peso del espacio libertario.
Hay una diferencia sustancial entre los dos temas en juego. En discapacidad existe un único proyecto en discusión: prorrogar la emergencia que vence a fin de año. En endeudamiento familiar, en cambio, la oposición todavía debe unificar más de medio centenar de iniciativas, tarea que el Gobierno podría aprovechar para presentar una alternativa propia. A esa dificultad se suma una condición que atraviesa las negociaciones: la mayoría opositora exige que el proyecto que avance no tenga costo fiscal.
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