Denuncia
El Patria presentó denuncia penal por «amenazas de muerte» contra Cristina
La denuncia fue acompañada por un link de nuestra cuenta de Twitter, @ElArgentinoOk, junto con otras fotos, videos y textos en los que «se aprecia de forma clara y precisa como un hombre de aproximadamente 60 años, canoso y de anteojos, vestido con un piloto blanco, pantalón marrón y zapatillas azules, comienza megáfono en mano con graves epítetos y amenazas de muerte».
El Instituto Patria presentó eso este viernes una denuncia penal por la posible comisión de los delitos de «intimidación y amenazas de muerte» en «perjuicio de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner», daños «a la propiedad» e «incumplimiento de los deberes de los funcionarios», a raíz de unos hechos registrados el jueves frente a su sede en la ciudad de Buenos Aires.
La denuncia, presentada por el abogado apoderado del Instituto Patria, Fernando Castiglioni, sostuvo que el jueves 21 de julio pasado, a las 18, «un grupo de 10 personas irrumpió en la vereda de la calle Rodríguez Peña 80, donde funciona el Instituto Patria, comenzando a proferir violentas amenazas de muerte e intimidaciones en perjuicio de la vicepresidenta y de todos los integrantes de la institución».
La denuncia fue acompañada por un link de la cuenta de la red social Twitter de este diario (@ElArgentinoOk), en el que se puede ver el video registrado por un periodista de este medio, junto a varias fotos, otros videos y textos en los que «se aprecia de forma clara y precisa como un hombre de aproximadamente 60 años, canoso y de anteojos, vestido con un piloto blanco, pantalón marrón y zapatillas azules, comienza megáfono en mano con graves epítetos y amenazas de muerte».
En otro tramo de la denuncia, el abogado advirtió que a la gravedad de las intimidaciones se le sumó «la actitud pasiva de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se aprecia en el video acompañado, que permite que las personas que se encuentran en el lugar arrojen basura, pinten paredes y cuelguen carteles con todo tipo de carteles amenazantes».
«Del mencionado link con el video, se desprende también un afectuoso saludo entre el uniformado y quien encabeza las agresiones, lo que nos estaría demostrando que se conocerían con anterioridad», sostuvo el texto de la denuncia.

Además, el letrado requirió que el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, dé las «explicaciones pertinentes por cuanto testigos que se encontraban en el lugar han manifestado en forma contundente que no se presentaron en el lugar efectivos policiales para evitar las agresiones, que duraron cerca de dos horas».

La denuncia fue realizada por la posible comisión de delitos de «intimidación y amenazas de muerte en perjuicio de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, daños a la propiedad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios».

El jueves, manifestantes que se identificaron como «autoconvocados» lanzaron basura y patearon las puertas de la sede del Instituto Patria mientras uno de ellos amenazaba de muerte en «la horca» a la vicepresidenta a través de un megáfono, frente a cuatro efectivos de la Policía de la Ciudad que observaban lo que sucedía, sin intervenir.

El grupo se concentró pasadas las 17 frente a la sede del kirchnerismo de la calle Rodríguez Peña 80, en el barrio porteño de Congreso, y allí empezaron a arrojar basura sobre la puerta de acceso al edificio, que estaba cerrada, mientras que la persona del megáfono decía «Cristina, ahora te toca la horca, es el único camino para deshacernos de vos», frente a varios agentes de la policía porteña.

La protesta, que se extendió por más de una hora, en un momento llegó a cortar la calle sin que nadie la interrumpiera, con amenazas que se sucedían del tenor de «Te vamos a ahorcar acá, delante del Instituto Patria y, si no, delante del Senado», que fueron realizadas por la persona que portaba el megáfono y que parecía liderar la manifestación.

Las frases proferidas llamaban a que las «fuerzas armadas se definan» y proponían «buscar con ametralladoras para liquidarlos en el momento y ahorcarlos», en referencia a los partidarios del kirchnerismo, en una sucesión de amenazas de muerte que fueron grabadas en video por un periodista que pasaba por el lugar.

Las amenazas de muerte contra la vicepresidenta, que desde hace varios años tiene oficinas en el Instituto Patria, se sumaron al ataque a piedrazos contra los ventanales de su despacho en el Senado de la Nación del 10 de marzo, y a un episodio previo contra la sede del kirchnerismo de la calle Rodríguez Peña, en junio de 2021, mientras que el símbolo de la horca ya apareció en varias marchas opositoras de fuerte contenido antikirchnerista.
Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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