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El Frente de Todos rechazó este viernes las críticas de la oposición a las modificaciones efectuadas al proyecto de ley que crea un nuevo fuero Penal Federal en la ciudad de Buenos Aires y suma cámaras de apelaciones en las provincias y aseguró estar en condiciones de aprobar la propuesta la semana próxima en el Senado para luego girarla a la Cámara de Diputados.

Senadores del oficialismo y de la oposición volvieron a discrepar sobre el proyecto de reforma judicial propuesto por el Gobierno horas después de que el Frente de Todos difundiera el dictamen de mayoría suscripto por 19 miembros de la bancada que conduce José Mayans.

La inclusión del rol de los medios de comunicación en un artículo referido a la obligación que tendrán los jueces de denunciar presiones de «poderes políticos, empresarios y mediáticos» desató este viernes acusaciones cruzadas entre legisladores de ambos espacios.

El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, y le secretaria Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, rechazaron que, con este agregado, se intente cercenar la libertad de prensa y explicaron que, en cambio, lo que se busca «es dar una herramienta de resguardo a los jueces».

Desde Juntos por el Cambio, el senador Martín Lousteau y el jefe de los diputados, Mario Negri, afirmaron que el dictamen constituye «un asalto al Poder Judicial» y «un ataque a la libertad de expresión» y evaluaron que «si un juez federal que tiene que perseguir la corrupción y el narcotráfico no puede tolerar lo que dice un medio, no puede ser juez». Además, le volvieron a reclamar al presidente que «retire» el proyecto.

El proyecto de Ley de Reforma Judicial

La iniciativa del Poder Ejecutivo recibió dictamen en el Senado tras cinco audiencias de debate en las que expusieron 50 juristas, constitucionalistas y representantes de abogados, jueces y fiscales, la mayoría de los cuales coincidió con la necesidad de una reforma judicial aunque disintieron sobre el momento oportuno para concretarla.

El Gobierno envió el proyecto de reforma el 30 de julio último y en el Senado se introdujeron cambios esta semana luego de escuchar las sugerencias de los expertos convocados por ambas bancadas.

De acuerdo a fuentes oficiales, entre las modificaciones incluidas se decidió, por ejemplo, no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires ante las sugerencias de los expertos sobre su poca practicidad.

Para resolver los conflictos de competencia (que generan muchos atrasos en las decisiones judiciales) se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos, explicaron las fuentes consultadas.

Los senadores mejoraron, además, el aspecto vinculado a la transparencia de los sorteos al agregar la regla de que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad y en cuanto a la selección de candidatos «se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas».

Respecto a la creación de juzgados, fuentes oficiales explicaron que se «crean juzgados federales de primera instancia con asiento en las provincias y se crean nuevas cámaras de apelaciones, defensorías oficiales y cargos de fiscales», algo reclamado por los gobernadores y durante las audiencias.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnún, dijo a Télam que «el proyecto de reforma judicial tiende a cumplir con la promesa electoral del Presidente, no llegó cerrado al Senado sino que arribó para que pudiera ser discutido e introducirle aquellas modificaciones que fortalecieran a la Justicia Federal en todas nuestras provincias».

En este punto, la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora de PRO Laura Rodríguez Machado, cuestionó que se haya «duplicado» la cantidad de cargos que se crearán (de 324 indicados en el proyecto original a 635 en el dictamen finalmente firmado) con la consecuente «duplicación presupuestaria que implica».

En la iniciativa del Ejecutivo modificada por el Senado, se atendió, además, el planteo de los organismos de derechos humanos, por lo que las secretarías con competencia específica en este tema conservarán esta atribución, con su personal asignado, bregando para que «haya rápida respuesta».

El dictamen de mayoría lleva la firma de 19 senadores de ese espacio y no cuenta con ninguna firma del interbloque de Juntos por el Cambio, que adelantó su voto en contra por considerar que busca «licuar el poder de los jueces de Comodoro Py» y que «carece de consensos».

El texto fue firmado por Sacnún, Parrilli, Anabel Fernández Sagasti, Martín Doñate, Carlos Espinola, Ana Almirón, Nancy González, Mariano Recalde, Sergio Leavy, Guillermo Snopek, Daniel Lovera, Juan Pais, Dalmacio Mera, Claudia Ledesma, Gerardo Montenegro, Edgardo Kueider, José Neder, Antonio Rodas y Silvia Sapag.