Política 📢
María Julia Cordero renunció a la ANAC en medio de reformas estructurales
La dimisión ocurre en medio de las reformas estructurales promovidas por el ministro Federico Sturzenegger.
La titular de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), María Julia Cordero, presentó su renuncia en un contexto de rumores sobre la inminente fusión de este organismo con el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA). La decisión fue confirmada por fuentes del sector aerocomercial, aunque el Gobierno aún no emitió un anuncio oficial.
Logros y razones detrás de la dimisión
Cordero asumió la dirección de ANAC en enero, tras un período como interventora desde julio del año pasado. Durante su gestión, el organismo logró mantener la Categoría 1 en Seguridad Operacional de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, además de alcanzar un 85,8% de cumplimiento en las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Fuentes cercanas a Cordero señalaron que la renuncia responde a dos motivos principales: la funcionaria considera haber cumplido con los objetivos establecidos al momento de su designación y aduce razones personales.
Reformas y reorganización del sector
La dimisión coincide con las reformas impulsadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Estas incluyen la fusión de la ANAC, el ORSNA y la Subsecretaría de Transporte Aéreo, actualmente a cargo de Hernán Gómez. El objetivo sería unificar criterios y optimizar recursos en el ámbito de la aviación civil.
De acuerdo con trascendidos, Cordero no era la candidata preferida para liderar el nuevo organismo que surgirá de la fusión, lo que habría precipitado su salida.
Contexto político y próximos pasos
La renuncia de Cordero refleja el clima de transformación que vive el sector aerocomercial bajo la administración del presidente Javier Milei. Las autoridades aún no han confirmado quién ocupará su lugar ni cómo se implementará la reorganización propuesta.
Política 📢
Solicitan a la UIF investigar a Adorni por lavado de dinero
La presentación fue realizada por una organización especializada en delitos económicos luego de la difusión de la declaración jurada del jefe de Gabinete. El planteo también alcanza a su esposa y solicita un análisis integral sobre bienes, movimientos y operaciones financieras.
Las claves
- El CIPCE presentó un pedido formal ante la UIF.
- La solicitud alcanza a Manuel Adorni y a Bettina Angeletti.
- La entidad pidió la apertura de un expediente de inteligencia financiera.
- El objetivo es analizar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete.
- También solicitó que se evalúe una eventual denuncia penal si surgen elementos suficientes.
- Entre los argumentos figuran operaciones inmobiliarias, movimientos financieros y declaraciones públicas del funcionario.
- El organismo remarcó la obligación de aplicar controles reforzados sobre Personas Políticamente Expuestas.
Solicitan una investigación financiera sobre el patrimonio de Adorni
La controversia en torno a la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) presentara un pedido formal ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
La organización solicitó la apertura de un expediente de inteligencia financiera para analizar la evolución patrimonial del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti.
Además, requirió que, en caso de surgir elementos que lo justifiquen, se evalúe la presentación de una denuncia penal por presunto lavado de activos.
Qué reclama el CIPCE ante la UIF
Según la presentación, el organismo pidió que la UIF utilice las herramientas previstas dentro de sus facultades legales para monitorear de manera exhaustiva la situación patrimonial de Adorni y Angeletti.
El planteo sostiene que ambos se encuentran alcanzados por la categoría de Personas Políticamente Expuestas (PEP), condición que implica controles específicos sobre el origen y la consistencia económica de los bienes declarados.
Entre las medidas solicitadas figura el análisis de la trazabilidad de fondos, la verificación del origen de los activos y el cruce de información con organismos estatales y entidades financieras.
Los argumentos incluidos en la presentación
Uno de los puntos señalados por el CIPCE se relaciona con la adquisición de inmuebles realizada durante los últimos años.
La organización menciona la compra de una vivienda en un barrio privado durante noviembre de 2024 y la posterior adquisición de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires en noviembre de 2025.
También incorporó observaciones vinculadas a sumas de dinero en efectivo, operaciones crediticias realizadas fuera del sistema bancario tradicional y viajes en aviones privados junto a contratistas estatales.
El impacto de las declaraciones públicas de Adorni
La presentación también hace referencia a las declaraciones brindadas recientemente por el jefe de Gabinete respecto de los ahorros familiares.
Durante una entrevista televisiva, Adorni afirmó: «Ahorramos en negro como todos los argentinos».
El CIPCE considera que esos dichos generan interrogantes vinculados a los estándares de transparencia que deben observar los funcionarios públicos y respecto del origen de los fondos involucrados.
Asimismo, recordó que el funcionario reconoció omisiones en declaraciones juradas correspondientes a años anteriores.
Operaciones inmobiliarias bajo análisis
Otro de los aspectos incluidos en el planteo está relacionado con testimonios incorporados en expedientes judiciales federales.
Según indicó la organización, algunas declaraciones sugieren que al menos una operación inmobiliaria podría no haberse escriturado por el valor efectivamente abonado.
El CIPCE sostuvo que una eventual confirmación de esa situación podría derivar en evaluaciones vinculadas a posibles maniobras de simulación patrimonial.
La referencia a la Ley de Inocencia Fiscal
La entidad también se refirió a la adhesión de Adorni y Angeletti al régimen simplificado de Ganancias previsto por la Ley de Inocencia Fiscal.
En ese sentido, señaló que dicha normativa no modifica las facultades de control de la UIF ni limita las obligaciones relacionadas con la prevención del lavado de activos.
Además, recordó que las Personas Políticamente Expuestas continúan sujetas a mecanismos reforzados de supervisión.
El contexto internacional mencionado por la organización
La presentación firmada por el director ejecutivo del CIPCE, Pedro Biscay, incluyó referencias al seguimiento internacional que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la Argentina.
Según expuso la entidad, los estándares internacionales impulsan medidas orientadas a fortalecer la prevención, detección e investigación de delitos económicos vinculados con hechos de corrupción.
Por ese motivo, el organismo sostuvo que una actuación rápida y efectiva de la UIF resulta relevante en casos que involucran a funcionarios de alta jerarquía.
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