Néstor Carlos Kirchner asumía hace 20 años la Presidencia de una Argentina atravesada por una profunda crisis socioeconómica, caracterizada por altos niveles de endeudamiento, una acentuada desocupación y una institucionalidad cuestionada como consecuencia de los efectos del estallido social de diciembre de 2001 que produjo la caída de Fernando De La Rúa y la dificultosa transición de gobierno que condujo Eduardo Duhalde.

El gobernador de Santa Cruz había accedido a la primera magistratura de una forma inédita en lo que refiere a la historia electoral del país.

En la primera vuelta electoral celebrada el 27 de abril de 2003, Kirchner, junto con su compañero de fórmula Daniel Scioli, obtuvo el 22,24% de los votos en los comicios en los que se impuso Carlos Saúl Menem con el 24,24% de los sufragios emitidos.

Pero la decisión del riojano de no presentarse a un balotaje en el que todos los sondeos lo daban como perdedor, convirtió al entonces mandatario patagónico en presidente.

Los comicios se celebraron en un país sacudido por la dura crisis económica originada por la crisis de diciembre de 2001, que provocó la renuncia de De La Rúa y el desplome del modelo de la convertibilidad entre el peso y el dólar que había diseñado en los ’90 el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.

Luego de una seguidilla de cinco presidentes que se sucedieron en menos de 15 días, Duhalde asumió la jefatura del Estado tras ser elegido por una Asamblea Legislativa que le confirió el mandato de concluir el período iniciado por De La Rúa, que debía terminar el 10 de diciembre de 2003.

Duhalde se vio obligado a modificar la paridad cambiaria, lo que supuso una devaluación de más de un 400 por ciento e implicó un duro golpe para los asalariados, los trabajadores informales y los desocupados, cuyo número se incrementó sensiblemente en los primeros meses de 2002.

La represión a organizaciones piqueteras que intentaban cortar el puente Pueyrredón que une la Capital Federal con el partido bonaerense de Avellaneda, el 26 de junio de ese año, desembocó en los asesinatos de los dirigentes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillán a manos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

El impacto de esos crímenes y los heridos dejados por esa represión repercutieron de forma muy negativa en una opinión pública que mantenía los cuestionamientos a la clase política con el eco del «Que se vayan todos», una consigna que se había pronunciado con fuerza los turbulentos días del verano anterior.

Duhalde convocó entonces a elecciones anticipadas y aceleró los tiempos de entrega del gobierno, y tras una serie de negociaciones con sectores afines del peronismo, eligió a Kirchner como su candidato.

Pero tras imponerse en la primera vuelta, Menem anunció que desistía de sus aspiraciones de alcanzar por tercera vez la Presidencia, cuando faltaban apenas cuatro días para el balotaje que debía celebrarse el 18 de mayo de 2003.

Las encuestas que circulaban antes de esa segunda vuelta indicaban que el riojano iba a sufrir en esos comicios una derrota categórica que prefirió evitar.

Muchos analistas, en cambio, estimaron que la decisión de Menem era quitarle a Kirchner la posibilidad de legitimarse ante las urnas y dejarlo en condiciones de debilidad ante una sociedad que reclamaba soluciones urgentes.

En este contexto, y con un índice de desocupación y subocupación que comprendía al 25 por ciento de la población, Kirchner asumió la primera magistratura, con el respaldo del 22 por ciento del electorado.

«Argentina ha elegido tener un gobierno por dos años», comentó por entonces un editorialista de un tradicional matutino tras reunirse con Kirchner y conocer de primera mano cuál sería la dirección que pretendía imprimirle a su gestión.

Ni bien comenzado su Gobierno, Kirchner dispuso el pase a retiro de 35 altos jefes militares, muchos de ellos sospechados de haber participado en actos de terrorismo de Estado que estaban impunes como consecuencia de la vigencia de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida -sancionadas por el gobierno de Raúl Alfonsín- y los indultos dictados por Menem.

Esa decisión marcó el camino de una política de derechos humanos que propiciaría la derogación de esas leyes y el inicio de una doctrina de «Memoria, Verdad y Justicia» por la cual se reanudaron los juicios por delitos de lesa humanidad.

El 25 de mayo de 2003, Kirchner habló ante la Asamblea Legislativa y, en un sentido discurso, se pronunció en nombre de «una generación que puso y dio todo por un país de iguales», y le propuso a la ciudadanía perseguir «el sueño de una Argentina con todos y para todos», en medio del dificultoso contexto que debía enfrentar la gestión que se iniciaba.

Y esa fecha implicaba un reconocimiento para la generación de jóvenes que en los años ’70 habían militado el regreso al poder de Juan Domingo Perón y se movilizaron en la campaña electoral que encabezó Héctor Cámpora, que había asumido la jefatura del Estado un 25 de Mayo de 1973.

Tres décadas después, esa generación, que había resultado diezmada durante el terrorismo de Estado, tenía la posibilidad de volver a un gobierno con el anhelo de modificar la realidad.

«Deben encararse los cambios con decisión y coraje, avanzando sin pausas pero sin depositar la confianza en jugadas mágicas o salvadoras ni en genialidades aisladas. Se trata de cambiar, no de destruir; se trata de sumar cambios, no de dividir. Cambiar importa aprovechar las diversidades sin anularlas», afirmaba Kirchner en uno de los pasajes de su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Durante la ceremonia, el flamante Presidente pasó por alto todos los protocolos y se permitió jugar con el bastón de mando ante la mirada de los legisladores y autoridades presentes en el hemiciclo del Congreso.

Al ingresar a la Casa Rosada se mezcló entre la multitud y un fotógrafo, en medio de un tumulto, lo golpeó sin intención con su cámara en la frente, causándole una herida.

«Vengo a proponerles un sueño: quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la Tierra una nueva y gloriosa Nación: la nuestra», fueron las palabras con las cuales cerró su discurso de asunción.

En los primeros días de su gestión, Kirchner impulsó la renovación de la Corte Suprema de la mayoría automática diseñada por Menen.

Julio Nazareno, titular de ese tribunal desprestigiado, había amenazado veladamente a las autoridades del nuevo gobierno con emitir fallos que dificultarían la administración de la economía.

En cadena nacional, Kirchner advirtió que no estaba dispuesto a aceptar presiones de ese tipo y dio impulso a los pedidos de juicio político por «mal desempeño» contra los integrantes de la Corte de «la mayoría automática».

Nazareno y varios de sus ministros renunciaron a sus cargos para evitar que el proceso de remoción continuara.

En cambio, el juez de la Corte Eduardo Moliné O’Connor,eligió permanecer en su cargo y enfrentar el proceso de juicio político, y a fines del 2003 fue destituido por el Senado.

A través del Decreto 222/03, el Ejecutivo fijó autolimitaciones a sus atribuciones para la selección y designación de nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Bajo esta nueva normativa, fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo tribunal, que pasó a tener siete integrantes.

En materia regional, el Gobierno de Kirchner diseñó una política de integración con las naciones latinoamericanas.

En cuanto a lo económico, Kirchner aceptó mantener al frente del Ministerio de Economía a Roberto Lavagna, quien había sorteado los momentos más difíciles de la crisis económica de 2002 y logró estabilizar las variables macroeconómicas.

Se inició así un camino para renegociar la deuda externa con los acreedores externos privados para obtener una quita del 75%.

Y en 2005, Argentina canceló una deuda con el FMI, que dejó así de tener influencia en las decisiones de política económica del país.

Entre 2003 y 2007 (los años del período de Kirchner) el país vio crecer su PBI por encima del 8 por ciento; retornaron las negociaciones salariales paritarias y se reestatizaron empresas como el Correo, Aerolíneas Argentinas y el servicio de la red pública de agua corriente.

El 10 de diciembre de 2007, Kirchner le entregó el gobierno a Cristina Fernández de Kirchner, quien se impuso en las elecciones de ese año con el 45 por ciento de los votos.

Kirchner murió el 27 de octubre de 2010, en El Calafate, Santa Cruz, y más allá de aciertos y errores, dejó como legado su vocación por recuperar la política como herramienta para la trasformación de una sociedad.