El procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, anunció este lunes la creación de un equipo especial para «investigar todo lo relacionado con los incidentes que se produjeron tras la aprobación de la ley de zonificación minera, para identificar a los vándalos que produjeron los destrozos a los edificios públicos y también si hubo compra de voluntades» para lograr la sanción de la norma.

«Son tres expedientes que se abrieron», explicó Miquelarena en una conferencia de prensa que se realizó esta mañana en una de las pocas oficinas que quedaron en condiciones, tras el raid de edificios públicos incendiados en el marco de la protesta por la sanción de la ley de zonificación minera en la meseta chubutense. Uno de los legajos abiertos «tiene que ver con determinar quiénes produjeron los daños en sí, lo cual no será una investigación fácil de llevar adelante así que pedimos paciencia».

La otra causa estará orientada a la supuesta «compra de voluntades» para que se apruebe la zonificación minera, algo que fue denunciado tiempo atrás por la diputada Leila Lloyd Jones -autodefinida como «antiminera»- quien hizo referencia al ofrecimiento de dinero. La grave acusación no fue sostenida con pruebas y luego los diputados aludidos se presentaron a «autodenunciarse» para deslindar responsabilidades. «Ese expediente está abierto y se seguirá profundizando en él», afirmó el Procurador General.

La otra línea de investigación estará orientada a «recibir todas las denuncias sobre afectados, ya sea comerciantes a los que le rompieron los vidrios, los vehículos, ciudadanos que han sido afectados por disparos de la policía o golpes de manifestantes». El equipo de investigadores estará encabezado por el Procurador General Adjunto, Emilio Ricardo Porras Hernández, con lo que «queda claro el interés» que tiene la investigación, dijo Miquelarena.

Esta tarde trascendió un documento -que aquí El Argentino reproduce en su totalidad- en el cual el Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut, conducido por el polémico Mariano Arcioni, de quien se pide intensamente su renuncia en las redes sociales y además se solicita se lo investigue y juzgue por las represiones policiales de los últimos días, pone a consideración del Poder Legislativo el proyecto de ley mediante el cual «se impulsa la derogación de la Ley XVII N° 149, «Desarrollo Industrial Minero Metalífero Sustentable de la Provincia del Chubut», promulgada por Decreto 1285/2021″.

En el texto se aclara que la mencionada norma «se declaró de interés Provincial el aprovechamiento de los recursos minerales metalíferos y el desarrollo de la actividad minera sustentable y de su cadena de valor en el Área de Zonificación Minera», pero no se hace hincapié en los repetidos e incansables reclamos populares acerca del agua y la preservación de la naturaleza.

Sí señala que «ante los eventos ocurridos en los últimos días, que son de público y notorio conocimiento, se promueve un proyecto de ley que además de impulsar la derogación de la ley, deja asentada la voluntad de las autoridades provinciales de continuar
generando ‘espacios de diálogo’ (SIC)».

El texto -firmado por Arcioni, quien llegó a ser mandatario provincial teniendo un discurso febrilmente antiminero– redunda en argumentos poco consistentes para sostener la idea de instalar la megaminería en la provincia, victimiza la sanción de la ley y habla de «intereses espurios» populares. Lo cierto es que desde hace 20 años, el pueblo chubutense sostiene las mismas ideas: «No es no», y «El agua vale más que el oro».

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Para el jefe de los fiscales de Chubut no hay ninguna duda que «los que produjeron estos daños son un grupo de vándalos que deben ser identificados porque nada tienen que ver con las marchas pacíficas que protagonizaron miles de vecinos». También reconoció la «preocupación por la evidencia que se pudo haber perdido tanto en el edificio de la fiscalía como en otras dependencias atacadas», aunque dijo que esperaba «recuperar la mayor cantidad».

Respecto a la sospecha que circuló en cuanto a que el ataque a la fiscalía -que quedó destruida por la llamas- estaba destinado a «borrar pruebas», Miquelarena dijo que «en lo personal» no le resultaba creíble esa versión «porque se atacaron muchos otros lugares sin mayor sentido, como por ejemplo el juzgado federal o el Ministerio de Educación». «Los que hicieron esto (por los destrozos) no saben el daño que provocaron» con la pérdida de evidencia de casos de abuso sexual, homicidios y otros graves delitos, alertó el procurador.

También cuestionó a la policía porque «no» los «protegió» y agregó que se cansaron de «pedir que refuercen la guardia» a ese edificio público y otros, «sin éxito». «Cuando me atendió el ministro de Seguridad (Leonardo Das Neves) se lo pedí a los gritos», recordó.

Aseguró que «no» habló «ni con el gobernador (Mariano Arcioni) ni con el vice (Ricardo Sastre)» quienes dijeron que sabían quiénes eran los ideólogos del ataque, aunque sin brindar más detalles. El equipo de investigadores estará integrado además por la fiscal general de Rawson Florencia Gómez y especialistas en informática, arquitectura y criminalística.