Jujuy
Represión y reforma constitucional en Jujuy: detrás está el control del litio
La diputada jujeña Carolina Moisés acusó al gobernador Gerardo Morales de utilizar la lógica de la extorsión en su gestión y de infiltrar policías entre los manifestantes.
La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por Jujuy, Carolina Moisés, expresó este martes que el trasfondo de la reforma constitucional está relacionado con el manejo de la industria del litio y acusó al gobernador Gerardo Morales de utilizar la lógica de la extorsión en su gestión.
En declaraciones radiales, la legisladora señaló: «Todo lo que hace Morales es producto de la extorsión. El trasfondo de la reforma es el manejo de la industria del litio en una provincia donde el gobernador cree tener la suma del poder. Se bajaron algunos artículos, pero no se cambia en nada la explotación de los recursos naturales ni otros atropellos».
La diputada se refiere al anuncio de Morales de ratificar en el texto de la reforma constitucional el artículo 67, que prohíbe los cortes de rutas y calles, así como la ocupación de edificios públicos. Además, el gobernador planteó la reconsideración de otros artículos, el 36 y el 50, relacionados con los derechos de los pueblos originarios, que volverán «a la vieja redacción» debido a las dudas expresadas por las comunidades indígenas.
Moisés considera que la eliminación de estos dos artículos es una pantalla y una cortina de humo, ya que las comunidades indígenas han rechazado la reforma por razones más profundas. Según la diputada, el problema no radica en el artículo 50, donde se mencionan las comunidades, sino en el capítulo que se refiere a la utilización de los recursos naturales. Para ella, esto es algo que las comunidades deben aprobar, ya que las tierras les pertenecen.
La legisladora explicó que aproximadamente el 90% de las tierras que corresponden a los pueblos originarios figuran como terrenos fiscales, y Morales busca modificar esta situación en detrimento de las comunidades.
Moisés enfatizó que en ninguna parte del texto de la reforma se menciona la palabra «litio», a pesar de que todo el manejo de los recursos está relacionado con la explotación de ese recurso en la provincia.
Además, la diputada señaló que el régimen de tierras fiscales propuesto por Morales otorga al Ejecutivo la facultad de decidir sobre todos los proyectos que se llevarán a cabo en la provincia, así como también le atribuye el derecho de intervenir en la personería jurídica de las comunidades, en el capítulo relacionado con la paz social.
En relación a las denuncias del gobernador sobre la presencia de infiltrados en las protestas, Moisés afirmó que los infiltrados eran policías pertenecientes a Morales, ya que los manifestantes los habían identificado previamente. La diputada también mencionó un video que circuló en las redes donde se ve a policías vestidos de civil entre los manifestantes.
Finalmente, Moisés concluyó que todo lo que hace Morales se basa en la extorsión, ya que, según la diputada, se envían policías para presionar a los familiares de los comisionados municipales amenazándolos con retener los fondos de coparticipación si no levantan los cortes.
Judiciales ⚖️
Acusado de envenenar a sus mellizas recién nacidas: es juzgado tras más de 8 años prófugo
El acusado, identificado como P.G.Q., fue detenido en diciembre de 2025 cuando intentaba reingresar al país por un paso fronterizo. Está acusado de homicidio calificado por la muerte de una de las niñas y de tentativa respecto de la otra, recién nacidas en 2017.
Según la acusación, dos recién nacidas fueron envenenadas y abandonadas dentro de una bolsa en un paraje rural de Jujuy: una murió y la otra sobrevivió. Nueve años después, el hombre señalado como autor, que estuvo más de ocho años prófugo, comenzó a ser juzgado.
El juicio contra P.G.Q. se inició el martes ante un Tribunal en lo Criminal integrado por los jueces Felicia Ester Barrios, Mario Ramón Puig y Pablo Pullen Llermanos. El Ministerio Público de la Acusación está representado por el fiscal Aldo Lozano. El acusado es juzgado por homicidio calificado por vínculo parental, alevosía y envenenamiento en coautoría, por la muerte de una de las niñas, y por ese mismo delito en grado de tentativa respecto de la otra.
La hipótesis fiscal
De acuerdo con el parte del Ministerio Público de la Acusación (MPA), durante la madrugada del 7 de julio de 2017, en una vivienda rural de Angosto del Perchel, ambas recién nacidas habrían recibido una sustancia tóxica compatible con un plaguicida. Después, las habrían metido en una bolsa y dejado en las inmediaciones del inmueble.
Las niñas fueron encontradas horas más tarde y trasladadas de urgencia para recibir atención médica. Una de ellas murió; la otra sobrevivió luego de un prolongado período de internación y de tratamiento especializado.
En noviembre de 2017, el propio fiscal Lozano sostuvo que las pericias toxicológicas evidenciaban que las pequeñas habían ingerido un plaguicida y planteó que existió un acuerdo previo para matarlas. Entonces amplió la imputación contra la madre de las niñas y dispuso la detención de dos hombres de su entorno íntimo, a quienes imputó como presuntos coautores.
Ocho años prófugo y una identificación por ADN
El acusado permaneció prófugo desde 2017 hasta diciembre de 2025, cuando fue detenido al intentar ingresar nuevamente al territorio argentino por un paso fronterizo. La detención reactivó la causa. Luego se realizaron estudios genéticos que, según la investigación, establecieron que P.G.Q. es el padre biológico de ambas niñas.
Hasta el momento no se informó dónde estuvo durante esos más de ocho años ni por qué paso fronterizo intentó reingresar. La pregunta que deja el caso es cómo un hombre requerido por la Justicia pudo permanecer tanto tiempo fuera de su alcance.
La prueba y lo que sigue
Durante la investigación se incorporaron informes médicos, pericias toxicológicas, testimonios de profesionales de la salud y declaraciones de efectivos policiales que participaron del hallazgo. Con el inicio del debate oral, las partes analizaron la prueba admitida en la etapa de control de acusación.
El tribunal deberá determinar la eventual responsabilidad penal del acusado, quien goza de la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.
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