Por Javier Peverelli

La intención de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de modificar la ley vigente para que las Fuerzas Armadas (FFAA) puedan «intervenir» en la seguridad interior y así «enfrentar a las mafias» es una iniciativa que no sólo es considerada por especialistas como «ilegal e ineficaz» y que «provocará más muertes», sino que también encuentra resistencia en el interior de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC).

«Meté a las Fuerzas Armadas y vas a tener más homicidios», afirmó la docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Mariana Souto Zabaleta, quien hace años estudia la temática y está convencida de que la presidenta del partido amarillo no discute «cuestiones técnicas de fondo» sino que pregona «chicanas electoralistas».

Para Souto Zabaleta, «lo que estás haciendo es agregando más actores que pueden intervenir en un negocio que es muy lucrativo. No tiene ningún beneficio. No es por ahí que tenés que enfrentar ese problema, que tiene la potencialidad de generar mayores conflictos».

Desde 1988 rige en todo el país la ley de Defensa Nacional, que encuadra el uso de las FFAA sólo para repeler agresiones militares, estatales y externas, y prohíbe su accionar en materia de seguridad interior, el mismo espíritu que está vigente en países como Estados Unidos y Francia desde hace más de un siglo, y que Bullrich promete modificar en caso de acceder al sillón de Rivadavia.

«Una mejor estrategia tiene que ver con garantizar ciertos mínimos de seguridad en las comunidades afectadas, que son más vulnerables y están cercanas a estos mercados, y después sí abordar las grandes asociaciones criminales que los abastecen. En cualquier caso, la estrategia tiene que ver con investigación criminal y no con uso de la fuerza», resaltó Souto.

Uno de los argumentos que la referente de los halcones -el sector duro del PRO- reiteró en diversas entrevistas es que el Estado pierde «soberanía» ante «el avance de las mafias» y que se debe seguir la doctrina aplicada en Colombia o Brasil, una política de seguridad desaconsejada por otro especialista consultado por Télam.

El investigador y docente de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef) Bruno Dalponte señaló que Brasil «tiene un modelo híbrido con policías militares estaduales o grupos de policías militarizados, y ahí están: algunos de los grandes grupos dedicados al narcotráfico en América del Sur de las últimas décadas están ahí. La aproximación militarizada no funcionó en Brasil», insistió.

Según el investigador, el narcotráfico es un problema al que «no hay que dejar de dar batalla», pero hacerlo «sólo militarizando» a las fuerzas redunda en algo «demasiado voluntarista, simplista e ineficaz».

«Ni qué hablar en Colombia, donde las propias FFAA, el Estado, los paramilitares, guerrillas y carteles ‘maman de la misma teta’, que es el narcotráfico», continuó.

Sin embargo, la propuesta de Bullrich no es abrazada por completo dentro de JxC; por el contrario, existen voces del espacio opositor que se desligan de esta iniciativa.

Por ejemplo, la diputada del Parlasur y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) María Luisa Storani dijo estar «políticamente en contra de la participación de las FFAA en temas de seguridad, que en escalada termina con ametralladoras y tanques en la calle».

Consultada por Télam sobre si cree que existen posibilidades reales de que un sector político impulse esta idea desde un hipotético nuevo Gobierno, la legisladora afirmó que «es una tendencia global de que el ‘capítulo seguridad’ participe de una manera exagerada en los programas políticos de las ultras derechas».

Storani ejemplificó con «los programas» que desplegó el exmilitar carapintada y exintendente de San Miguel Aldo Rico; el exsubcomisario y exintendente de Escobar condenado por delitos de lesa humanidad Luis Patti y el legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del represor condenado Antonio Bussi, y quien recientemente pactó una alianza con el economista libertario Javier Milei.

«El desafío es que esas ideas no contagien las necesidades electorales de las coaliciones republicanas», advirtió la vicepresidenta de uno los partidos que integran JxC.

En tanto, el presidente de la Convención radical de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, sostuvo en diálogo con Télam que «al crimen organizado» se lo combate a través de «inteligencia criminal, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Oficina Anticorrupción, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la voluntad política de no encubrir a sectores con fuertes vínculos con el poder».

«Los militares argentinos no tienen capacidades materiales ni adiestramiento para aportar directamente en esa tarea fundamental de investigar. Es tarea de auditores y contadores e investigadores, no guerreros», resaltó Fernández, también presidente del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad (Cedyseg).

Si bien planteó que la normativa vigente sólo prevé la participación de las FFAA en la «asistencia logística a las fuerzas de seguridad; el mantenimiento de la seguridad y orden en las unidades militares; y el estado de sitio», también puntualizó en que las leyes «pueden ser modificadas».

«Se puede y es necesario hacerlo para adecuarlas a los nuevos tiempos, pero debe hacerse en el marco de un nuevo ‘consenso democrático’ de la Defensa, guiada por una estrategia de Seguridad de la nación, coherente con nuestros problemas, capacidades posibles e idiosincrasia», subrayó.

En cuanto a las mejoras de los «sistemas de información, radarización, escáneres y capacitación» de las fuerzas federales, Souto señaló que son «necesarias» a la hora de confeccionar el presupuesto de Seguridad, pero que se tornan «ineficientes» frente a la compraventa de estupefacientes porque existe un Estado que «resigna su capacidad de control».

«En tanto sean mercados ilegales, tenés todas las colateralidades que ya conocemos: la gente sigue consumiendo y quien decide qué se consume y su calidad es la organización criminal, porque el Estado se retira», afirmó la especialista.

Por su parte, Dalponte aconsejó la realización de un mejor control de «los flujos financieros» para poder «seguir la plata», establecer un seguimiento «más estricto de los precursores químicos», mejorar las inspecciones en «las cargas que se mueven por puertos privados sobre el Paraná» y brindar mejores «condiciones de vida para los sectores que terminan como ‘soldados’ del narco».

La semana pasada, Bullrich había dicho: «Le anuncio ya a la población que voy a dar la batalla con todo. Va a estar la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Todas. No podés permitir que te tomen un territorio», había proclamado, en La Nación+, en referencia a cómo afrontaría la coyuntura de la ciudad de Rosario.

Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, en Rosario hubo 244 homicidios en 2021, 250 en 2022 y ya son 39 en lo que va del 2023, números que empujaron la renuncia de tres ministros de Seguridad santafesinos desde 2019.