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Política 📢

Militarizar el territorio: el plan de Patricia Bullrich que ni siquiera convence a dirigentes de JxC

“Meté a las Fuerzas Armadas y vas a tener más homicidios”; “Solo va a agregar más actores que pueden intervenir en un negocio que es muy lucrativo. No tiene ningún beneficio”; “No es por ahí que tenés que enfrentar ese problema. Solo tiene la potencialidad de generar mayores conflictos”, sostienen.

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Por Javier Peverelli

La intención de la titular del PRO, Patricia Bullrich, de modificar la ley vigente para que las Fuerzas Armadas (FFAA) puedan «intervenir» en la seguridad interior y así «enfrentar a las mafias» es una iniciativa que no sólo es considerada por especialistas como «ilegal e ineficaz» y que «provocará más muertes», sino que también encuentra resistencia en el interior de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC).

«Meté a las Fuerzas Armadas y vas a tener más homicidios», afirmó la docente e investigadora de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), Mariana Souto Zabaleta, quien hace años estudia la temática y está convencida de que la presidenta del partido amarillo no discute «cuestiones técnicas de fondo» sino que pregona «chicanas electoralistas».

Para Souto Zabaleta, «lo que estás haciendo es agregando más actores que pueden intervenir en un negocio que es muy lucrativo. No tiene ningún beneficio. No es por ahí que tenés que enfrentar ese problema, que tiene la potencialidad de generar mayores conflictos».

Desde 1988 rige en todo el país la ley de Defensa Nacional, que encuadra el uso de las FFAA sólo para repeler agresiones militares, estatales y externas, y prohíbe su accionar en materia de seguridad interior, el mismo espíritu que está vigente en países como Estados Unidos y Francia desde hace más de un siglo, y que Bullrich promete modificar en caso de acceder al sillón de Rivadavia.

«Una mejor estrategia tiene que ver con garantizar ciertos mínimos de seguridad en las comunidades afectadas, que son más vulnerables y están cercanas a estos mercados, y después sí abordar las grandes asociaciones criminales que los abastecen. En cualquier caso, la estrategia tiene que ver con investigación criminal y no con uso de la fuerza», resaltó Souto.

Uno de los argumentos que la referente de los halcones -el sector duro del PRO- reiteró en diversas entrevistas es que el Estado pierde «soberanía» ante «el avance de las mafias» y que se debe seguir la doctrina aplicada en Colombia o Brasil, una política de seguridad desaconsejada por otro especialista consultado por Télam.

El investigador y docente de la Universidad de la Defensa Nacional (Undef) Bruno Dalponte señaló que Brasil «tiene un modelo híbrido con policías militares estaduales o grupos de policías militarizados, y ahí están: algunos de los grandes grupos dedicados al narcotráfico en América del Sur de las últimas décadas están ahí. La aproximación militarizada no funcionó en Brasil», insistió.

Según el investigador, el narcotráfico es un problema al que «no hay que dejar de dar batalla», pero hacerlo «sólo militarizando» a las fuerzas redunda en algo «demasiado voluntarista, simplista e ineficaz».

«Ni qué hablar en Colombia, donde las propias FFAA, el Estado, los paramilitares, guerrillas y carteles ‘maman de la misma teta’, que es el narcotráfico», continuó.

Sin embargo, la propuesta de Bullrich no es abrazada por completo dentro de JxC; por el contrario, existen voces del espacio opositor que se desligan de esta iniciativa.

Por ejemplo, la diputada del Parlasur y vicepresidenta de la Unión Cívica Radical (UCR) María Luisa Storani dijo estar «políticamente en contra de la participación de las FFAA en temas de seguridad, que en escalada termina con ametralladoras y tanques en la calle».

Consultada por Télam sobre si cree que existen posibilidades reales de que un sector político impulse esta idea desde un hipotético nuevo Gobierno, la legisladora afirmó que «es una tendencia global de que el ‘capítulo seguridad’ participe de una manera exagerada en los programas políticos de las ultras derechas».

Storani ejemplificó con «los programas» que desplegó el exmilitar carapintada y exintendente de San Miguel Aldo Rico; el exsubcomisario y exintendente de Escobar condenado por delitos de lesa humanidad Luis Patti y el legislador tucumano Ricardo Bussi, hijo del represor condenado Antonio Bussi, y quien recientemente pactó una alianza con el economista libertario Javier Milei.

«El desafío es que esas ideas no contagien las necesidades electorales de las coaliciones republicanas», advirtió la vicepresidenta de uno los partidos que integran JxC.

En tanto, el presidente de la Convención radical de la provincia de Buenos Aires, Carlos Fernández, sostuvo en diálogo con Télam que «al crimen organizado» se lo combate a través de «inteligencia criminal, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Oficina Anticorrupción, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la voluntad política de no encubrir a sectores con fuertes vínculos con el poder».

«Los militares argentinos no tienen capacidades materiales ni adiestramiento para aportar directamente en esa tarea fundamental de investigar. Es tarea de auditores y contadores e investigadores, no guerreros», resaltó Fernández, también presidente del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad (Cedyseg).

Si bien planteó que la normativa vigente sólo prevé la participación de las FFAA en la «asistencia logística a las fuerzas de seguridad; el mantenimiento de la seguridad y orden en las unidades militares; y el estado de sitio», también puntualizó en que las leyes «pueden ser modificadas».

«Se puede y es necesario hacerlo para adecuarlas a los nuevos tiempos, pero debe hacerse en el marco de un nuevo ‘consenso democrático’ de la Defensa, guiada por una estrategia de Seguridad de la nación, coherente con nuestros problemas, capacidades posibles e idiosincrasia», subrayó.

En cuanto a las mejoras de los «sistemas de información, radarización, escáneres y capacitación» de las fuerzas federales, Souto señaló que son «necesarias» a la hora de confeccionar el presupuesto de Seguridad, pero que se tornan «ineficientes» frente a la compraventa de estupefacientes porque existe un Estado que «resigna su capacidad de control».

«En tanto sean mercados ilegales, tenés todas las colateralidades que ya conocemos: la gente sigue consumiendo y quien decide qué se consume y su calidad es la organización criminal, porque el Estado se retira», afirmó la especialista.

Por su parte, Dalponte aconsejó la realización de un mejor control de «los flujos financieros» para poder «seguir la plata», establecer un seguimiento «más estricto de los precursores químicos», mejorar las inspecciones en «las cargas que se mueven por puertos privados sobre el Paraná» y brindar mejores «condiciones de vida para los sectores que terminan como ‘soldados’ del narco».

La semana pasada, Bullrich había dicho: «Le anuncio ya a la población que voy a dar la batalla con todo. Va a estar la Gendarmería, la Prefectura, la Policía Federal y las Fuerzas Armadas. Todas. No podés permitir que te tomen un territorio», había proclamado, en La Nación+, en referencia a cómo afrontaría la coyuntura de la ciudad de Rosario.

Según un informe del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, en Rosario hubo 244 homicidios en 2021, 250 en 2022 y ya son 39 en lo que va del 2023, números que empujaron la renuncia de tres ministros de Seguridad santafesinos desde 2019.

Judiciales ⚖️

El oficialismo cede y el peronismo retiene dos sillas en la Magistratura

La Libertad Avanza resignó en el Senado los dos lugares de la bancada más numerosa: Wado de Pedro y Florencia López reemplazarán a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. En Diputados, el PJ queda con una sola banca y el PRO pelea con Provincias Unidas la última silla.

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Sesión del Senado: Consejo de la Magistratura

Con un senador recuperado a último momento, el peronismo volvió a ser la bancada más numerosa de la Cámara alta y se quedó con dos de las cuatro sillas que el Senado tiene en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona y acusa a los jueces. El reparto se cerró en la reunión de Labor Parlamentaria que ordenó la sesión prevista para este jueves, y el oficialismo eligió no dar la pelea hasta el final.

El Consejo tiene 20 integrantes, de los cuales ocho son legisladores nacionales: cuatro por el Senado y cuatro por Diputados. Con mandatos que vencen por estos días, para el período 2026-2030 asumirán por la Cámara alta el camporista Eduardo «Wado» de Pedro y la riojana Florencia López, en reemplazo de los también kirchneristas Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde. La Libertad Avanza tendrá una sola silla, que ocupará Nadia Márquez en lugar de Luis Juez, y la UCR conservará la suya con Maximiliano Abad, que sucederá a Eduardo Vischi. La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, será la encargada de remitir las nominaciones al Consejo.

La jugada de Cristina con un senador riojano

La clave del reparto fue aritmética. La ley asigna dos consejeros a la bancada mayoritaria y uno a cada una de las dos minorías siguientes. Tras el recambio parlamentario, el bloque peronista había caído de 34 a 21 bancas y quedó empatado con el de La Libertad Avanza que conduce Patricia Bullrich. El desempate llegó con la vuelta de Fernando Rejal, el senador riojano que en febrero se había ido del bloque de José Mayans para sumarse a Convicción Federal.

Con Rejal, el peronismo llegó a 22 integrantes, uno más que los libertarios, que seguirán en 21 cuando asuma Claudia Cecilia López en la banca que dejó vacante el fallecido Juan Carlos Pagotto. Según trascendió, la designación de Florencia López funciona como una devolución de gentilezas de Cristina Fernández de Kirchner al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que habilitó el regreso de Rejal a la bancada justicialista.

La concesión del oficialismo no fue gratuita: llegó en plena negociación por la reforma electoral, un proyecto para el que la Casa Rosada necesita votos que no tiene propios en la Cámara alta. El Gobierno, que hizo del control de la Justicia una de sus banderas, termina así cediendo lugares en el organismo que define quién llega a un juzgado y quién se enfrenta a un jury.

Diputados: el PJ pierde un lugar y Michel queda solo

En la Cámara baja el panorama es otro. El peronismo quedará representado únicamente por el massista Guillermo Michel, en un giro pragmático de Cristina Kirchner, que históricamente eligió para esa silla a legisladores de su riñón, como Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley. La Libertad Avanza, hoy la bancada más numerosa de Diputados, tendrá dos consejeros: mantiene a Gonzalo Roca y suma a Gisele Castelnuovo.

La pelea por la última silla

El cuarto lugar abrió una disputa entre el PRO y Provincias Unidas. La ley 24.937 establece que los consejeros del Congreso se designan a propuesta de los bloques. Con 18 integrantes, Provincias Unidas es la segunda minoría y desplaza al PRO, que tiene una docena de bancas. El jefe del bloque amarillo, Cristian Ritondo, reclama que se cuenten los interbloques, una fórmula que lo llevaría a 22 bancas al sumar a los radicales, al MID, a Karina Banfi y a José Luis Garrido.

La definición quedará en manos del presidente de la Cámara, Martín Menem. Si se inclina por el PRO, la pelea podría terminar en los tribunales, con el Consejo de la Magistratura judicializado por su propia conformación.

Lo que tenés que saber

  • El peronismo retiene dos de las cuatro sillas del Senado en el Consejo de la Magistratura para el período 2026-2030.
  • Wado de Pedro y Florencia López reemplazarán a Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde.
  • La vuelta del riojano Fernando Rejal le dio al PJ 22 senadores, uno más que La Libertad Avanza.
  • En Diputados, el PJ queda solo con Guillermo Michel y La Libertad Avanza suma dos consejeros.
  • El PRO y Provincias Unidas se disputan la última silla; Martín Menem tendrá la palabra final.
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