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Ocho gobernadores contra la reversión del Impuesto a las Ganancias

Axel Kicillof, Sergio Ziliotto, Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo, Gildo Insfrán, Ricardo Quintela, Gustavo Melella y Gerardo Zamora propusieron, en cambio, la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque.

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Ocho gobernadores peronistas resaltaron este martes con la necesidad de buscar «herramientas de compensación» para las arcas provinciales frente a la fuerte devaluación del peso y la «pérdida de recursos coparticipables», aunque consideraron que «la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado», sino la coparticipación «de un 70%» del impuesto al cheque.

Así lo manifestaron en un documento difundido por redes sociales y firmado por los mandatarios de la llamada Liga de Gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

En el texto, los mandatarios recordaron que «esta mañana fuimos invitados junto a los restantes gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a una reunión con el presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otras autoridades nacionales, con el objetivo de discutir los mecanismos que permitan compensar la pérdida de recursos de las provincias».

Como resultado de ese encuentro, «con la firma de 22 gobernadores se ha presentado un proyecto de ley que dispone la coparticipación de un 70% del impuesto al cheque», informaron.

Señalaron que «el gobierno nacional comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118% -la más grande de la historia- sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios».

Insfrn otro de los integrantes de la Liga de Gobernadores Foto Jos Gandolfi
Insfrán /Foto: José Gandolfi.

«A partir de ello, se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario que afectó el poder de compra de la población. Una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores que tienen sus salarios en pesos hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados», aseveraron los mandatarios peronistas.

Y marcaron que «esto, junto con la pérdida de recursos coparticipables, el freno de la obra pública, la anunciada reducción de subsidios y demás medidas, afecta directamente a los recursos provinciales: no desfinancia a los gobiernos, sino a los pueblos que habitan las provincias argentinas».

«Es fundamental la búsqueda del diálogo y los consensos para que las provincias recuperemos los recursos que nos corresponden y que son esenciales para contemplar la situación social, dar respuesta a las necesidades de nuestros ciudadanos y apostar, a la vez, al desarrollo armónico del país», expresaron.

Y consideraron que «la reversión del impuesto a las ganancias no sería el camino adecuado ya que afecta derechos de los trabajadores. Es por eso que seguiremos insistiendo en la búsqueda de otras herramientas de compensación, como lo es la coparticipación del impuesto al cheque».

DDHH

Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei

El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.

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175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.

Un consenso al que el país le dio la espalda

La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.

Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.

Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno

Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.

El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.

Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa

La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.

Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.

El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.

Lo que tenés que saber

  • El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
  • La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
  • El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
  • En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
  • El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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