Judiciales ⚖️
¿Bullrich salió a bancar a Adorni? Milei “considera que no existen razones” para echarlo
La senadora respaldó sin fisuras al jefe de Gabinete en medio del escándalo por su patrimonio, al afirmar que el presidente Javier Milei considera que Adorni «no mintió» y que dio explicaciones suficientes. Mientras tanto, distintos bloques opositores avanzaron con proyectos de interpelación para el 25 de junio, fecha en que se prevé la próxima sesión en el Senado.
La senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich salió públicamente en defensa del jefe de Gabinete Manuel Adorni y transmitió la postura del presidente Javier Milei ante la creciente presión política y judicial que rodea al funcionario. En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo que el mandatario «considera que no existen razones para desplazar» a Adorni, y que lo respalda porque entiende que el jefe de Gabinete «no mintió o que dio una explicación razonable». La senadora también remarcó que no hay «nada que cuestionarle al presidente de la Nación» en lo que refiere a su apoyo al integrante del Gabinete.
La sesión postergada y el calendario de la interpelación
Bullrich se refirió además al escenario parlamentario y explicó que la sesión prevista para el miércoles no se realizó. Según la legisladora, el pase al 25 de junio fue producto de «un acuerdo entre todos los bloques, inclusive la oposición kirchnerista». Para esa fecha, distintos bloques de la oposición ya incorporaron proyectos de interpelación que serán tratados junto con otros temas de la agenda legislativa.
La propia Bullrich explicó la mecánica posible: «Si ese proyecto tiene una mayoría tendría una interpelación y podría llevar o no a una moción de censura«. La senadora también se encargó de despejar la versión de que el oficialismo habría impulsado la postergación para ganar tiempo a favor de Adorni. «Nosotros no le estamos dando tiempo al Poder Ejecutivo, nosotros somos minoría. No tenemos fuerzas suficientes para imponer los temas», afirmó.
El patrimonio que no cierra: antecedentes de la causa
La controversia se desencadenó cuando se conocieron los detalles de la declaración jurada patrimonial de Adorni y las explicaciones que brindó sobre el origen de parte de sus ahorros e inversiones. La situación del funcionario se agravó a la luz de la investigación judicial que tramita en Comodoro Py, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes reconstruyen un patrimonio bajo sospecha que ya supera los 840.000 dólares y que el jefe de Gabinete no logra justificar en sus presentaciones ante la Justicia.
Entre los elementos centrales de la investigación figuran la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de financiación irregular, refacciones en su propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, que habrían insumido 245.000 dólares pagados en efectivo y sin factura, y gastos en moneda extranjera que superan los 27.000 dólares en viajes a destinos como Punta Cana, Nueva York y Punta del Este. La causa involucra también a su esposa, Bettina Angeletti, investigada por el uso del avión presidencial para un viaje privado a Nueva York y por posibles triangulaciones con contratos en organismos estatales.
La diputada Marcela Pagano fue más lejos que la interpelación: solicitó la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia, alegando que el funcionario habría intentado condicionar a testigos antes de sus declaraciones ante el tribunal. El juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, y dispuso el peritaje de teléfonos celulares de los principales testigos de la causa.
El respaldo oficial como estrategia política
La salida pública de Bullrich no es inocente en términos políticos. Al transmitir la posición de Milei en términos de confianza plena en Adorni, el oficialismo busca cerrar filas y neutralizar el efecto de la presión opositora antes de la sesión del 25. La estrategia contrasta, sin embargo, con la gravedad de los hechos bajo investigación y con el avance sostenido de la causa judicial, que suma nuevos testimonios y pruebas documentales de manera periódica.
La postura de Milei de no desplazar a su jefe de Gabinete pone en juego no solo la credibilidad del discurso anticorrupción que llevó a La Libertad Avanza al poder, sino también el principio de transparencia que el propio oficialismo enarboló como bandera durante la campaña de 2023. Sostener a un funcionario bajo investigación por enriquecimiento ilícito, con medidas judiciales ya dictadas en su contra, coloca al Gobierno en una posición de doble estándar difícil de sostener ante la opinión pública.
Puntos clave
- Bullrich confirmó que Milei respalda a Adorni y no prevé su desplazamiento pese a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito.
- La sesión del Senado fue postergada al 25 de junio por acuerdo entre todos los bloques, donde se tratarán proyectos de interpelación al jefe de Gabinete.
- La causa contra Adorni investiga un patrimonio superior a los 840.000 dólares que el funcionario no logra justificar.
- El juez Lijo ya ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y Angeletti, y el peritaje de celulares de testigos clave.
- La diputada Pagano pidió la detención de Adorni por presunto entorpecimiento de la Justicia.
Judiciales ⚖️
La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica
Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.
El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.
Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.
Qué dijo el juez
Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.
El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.
La Cámara Federal cerró dos puertas
Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».
Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.
Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto
La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Lo que tenés que saber
- El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
- Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
- La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
- El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
- Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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