Más de 137.000 millones de pesos del Estado destinados a medicamentos para personas con discapacidad fueron adjudicados, en 15 meses, a una sola droguería que, según la fiscalía, manejaba las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como si fueran propias. La Justicia federal avanzó ahora sobre los dueños de esa empresa.

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, a pedido del fiscal Franco Picardi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°5, y de Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según informó la prensa local, que accedió a la resolución, los hermanos deberán presentarse el jueves 29 de octubre, Jonathan a las 9.30 y Emmanuel a las 10.30, y el juez ordenó además la inhibición general de sus bienes. De acuerdo con esos mismos reportes, el cronograma prevé 43 declaraciones entre el 29 de octubre y el 26 de noviembre. La resolución no fue publicada todavía en fuentes oficiales.

Qué pidieron los fiscales

De acuerdo con el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal, Picardi y Rodríguez solicitaron la indagatoria de 36 personas, entre ellas directivos y responsables de 12 droguerías. Además, requirieron que otras siete personas amplíen sus indagatorias: el extitular de la agencia Diego Spagnuolo, el director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS Daniel María Garbellini, los lobbistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian y otros tres imputados. La suma de ambos grupos da los 43 nombres del dictamen.

«Existió una cooptación por parte de la Suizo Argentina S.A sobre la ANDIS: recibía información anticipada; controlaba y administraba las compulsas, determinando los precios de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, con sobreprecios y valores discrecionales que derivaron en un aumento sustancial de los precios; y, utilizaba a la firma Génesis S.A. como firma interpuesta para aumentar los valores de venta al Estado Nacional», sostuvieron los fiscales.

Según el escrito, entre mayo de 2024 y agosto de 2025 la ANDIS adjudicó a Suizo Argentina $137.118.708.357,77, el 29,54% de todo lo que adjudicó el organismo en ese período. Los fiscales describieron la maniobra como «un circuito orquestado para garantizar que la Suizo Argentina S.A. se posicione como su principal proveedora». También sostuvieron que los directivos de la droguería daban «órdenes a los responsables de ANDIS sobre a qué firmas pagar y a cuáles no».

Una agencia «con la bandera» de la droguería

«La ANDIS llevó la bandera de la Suizo Argentina S.A. durante toda su gestión: no fue una firma más en el entramado ilícito, fue la que mediante diversas maniobras lo controló», afirmaron Picardi y Rodríguez. Citaron además una conversación en la que Atchabahian le planteó a Garbellini la necesidad de «contar con gente con la bandera correcta dentro de la agencia».

Para la fiscalía, el organismo «funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A». También señaló que la Droguería Génesis S.A., «una firma que hasta 2023 resultaba casi inexistente», pasó a ocupar a partir de 2024 el puesto 10 entre las firmas privadas que más pagos recibieron del Tesoro, con Suizo Argentina en el primer lugar.

«La Suizo Argentina S.A. definía quién ganaría, quién no y llevaba un control de los porcentajes de ganancias provenientes de ANDIS, de cada firma cartelizada», remarcaron los fiscales, que reconstruyeron la maniobra con mensajes recuperados de los teléfonos de varios implicados.

Las víctimas: los que menos tienen

Los fiscales recordaron que los fondos correspondían a personas con discapacidad o con pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, entre ellas madres de siete o más hijos y mayores de 70 años en situación de pobreza. «Éste es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias. Y dentro de ese colectivo, los que menos recursos tienen», señalaron.

El caso alcanza a un área en la que el Gobierno de Javier Milei vetó en 2025 la ley de emergencia en discapacidad con el argumento de su costo fiscal. El veto total se dispuso por el Decreto 534/2025, publicado en el Boletín Oficial el 4 de agosto de 2025. El Congreso insistió con la norma: Diputados el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, con dos tercios de los votos, y así quedó sancionada la Ley 27.793. En ese mismo período, según el dictamen, la agencia pagaba «sobreprecios millonarios» que, para los fiscales, se hicieron «a cambio de diversos retornos para los funcionarios públicos a cargo de la ANDIS».

Un expediente que crece

Se trata del tercer tramo de la investigación. En el primero, Spagnuolo y otras 18 personas fueron procesados como presuntos integrantes de una asociación ilícita, decisión que confirmó en septiembre la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. En el segundo, centrado en la compra de insumos, Lijo ordenó la semana pasada el procesamiento de 19 personas. Según los fiscales, la organización habría funcionado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La causa comenzó tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que el entonces funcionario hablaba de presuntos retornos en la agencia. El presidente Javier Milei lo desplazó del cargo después de la publicación. La ANDIS pasó a llamarse Secretaría Nacional de Discapacidad.

Lo que tenés que saber:

• Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de Suizo Argentina; según la prensa local, declararán el 29 de octubre.
• Los fiscales pidieron 36 indagatorias nuevas, con directivos de 12 droguerías, y siete ampliaciones, entre ellas la de Spagnuolo.
• Suizo Argentina recibió adjudicaciones por $137.118 millones, el 29,54% de lo adjudicado por la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025.
• La fiscalía sostiene que la droguería controló las compulsas y fijó precios con sobreprecios.
• Es el tercer tramo de una causa en la que la Cámara ya confirmó 19 procesamientos.