Organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad de diferentes provincias alertaron hoy sobre la emergencia que afronta el sector y las familias por el atraso de 120 días, o falta de pago, de los aranceles de prestaciones básicas o el desfasaje de los aranceles, que deja a más de 200.000 familias con parientes con discapacidad sin poder acceder a sus tratamientos debido al anuncio de cierre de algunas instituciones y la interrupción del transporte desde este mes.

«Queremos comunicar la grave situación que atraviesan los servicios de atención a más de 200.000 personas con discapacidad debido al retraso arancelario que, a diciembre del 2023, alcanza a 100 puntos de desfasaje» debido a «la falta de la actualización por parte del Estado Nacional a través del directorio del Sistema Único dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad», remarcó esta mañana en conferencia de prensa Eduardo Maidana, vocero del Foro.

Desde la sede de una de las organizaciones que integran el Foro, la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), Maidana explicó que si bien hay un grupo de obras sociales que pagan los aranceles en tiempo y forma, a los 60 días, «casi la mitad, se toma 120 días o pagan una factura y otras no, y retienen el dinero».

El vocero informó que durante 2023, los aranceles se incrementaron en «un 120,8% mientras que la inflación fue de un 211%. Es importante resaltar que el sistema único, que se enmarca en la Ley 24.901 de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad, abona los servicios brindados, a través de los entes obligados, entre los 60 y 90 días después de brindada la prestación».

Con el correlato de una devaluación «del 118%» y un aumento del combustible «del 215%, se hace imposible afrontar los gastos de funcionamiento. Como primera consecuencia se suspendieron desde el 1 de enero los traslados de personas con discapacidad porque los transportistas no cuentan con los recursos para pagar el gasto cotidiano de combustible, repuestos y demás insumos para poner en marcha los vehículos, lo que hace que las personas con discapacidad, hoy, no puedan recibir atención «.

En esta misma situación se encuentran otros servicios como hogares, centros de Día, centros educativos terapéuticos, escuelas, residencias, servicios de rehabilitación y estimulación temprana, entre otros, que tampoco «pueden continuar afrontando los gastos operativos cuya consecuencia inmediata es, al igual que los transportes, una interrupción involuntaria en los servicios desde el próximo mes por falta de recursos».

Tras convocar a una Jornada Nacional de Visibilización de la Emergencia en Discapacidad -para el próximo 31 de este mes- las organizaciones enumeraron las necesidades del sector que serán presentadas ese día al presidente Javier Milei a través de un petitorio y actos que se replicarán en todas las provincias.

«Estamos solicitando al Estado nacional que dé respuesta inmediata a estas situación, con un incremento de aranceles del 100% retroactivo al mes de diciembre de 2023, en un 80% del precio del litro de combustible para el transporte, el pago dentro de los treinta días luego de brindada la prestación y un mecanismo de actualización mensual de acuerdo al Índice Precios del Consumidor», apuntó Maidana.

De no poder resolverse este pedido, «las personas con discapacidad sufrirán la discontinuidad del servicio con las consecuencias que esto tiene en su vida cotidiana».

El cierre de instituciones en el corto plazo involucra a más de 100.000 puestos de trabajo que también se verán afectados.

Por su parte, Pablo Bolego vicepresidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad, recalcó que es «fundamental aclarar que queremos trabajar y no entorpecer una gestión; pero ya me informan que el servicio de transporte no funciona en algunas provincias porque no pueden cubrir los costos».

«Los transportistas e instituciones tuvimos una reunión con el subdirector de la Andis y nos pidió tiempo, pero no depende de nosotros. Los transportistas no tienen dinero para el combustible. La precarización y el deterioro es notorio», explicó Bolego.

Entre diversas organizaciones del Foro, además de las nombradas, se encuentran la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis) y la Asociación Argentina de Padres de Autistas (Apadea).

La madre una joven con retraso madurativo y un hermano con síndrome de Down, Julieta Blanca, reflejó la situación de múltiples familias: «los perjuicios que van a generar con la disminución y la falta de transportes es básica. Si no hay transporte, mucho menos personas con discapacidad que vayan a rehabilitación», apuntó.

Y transmitió las diversas realidades en las provincias: «en muchos casos necesitan ir a las instituciones para alimentarse diariamente. Es más grande la pobreza. Hay gente que viaja dos horas para recibir una hora de rehabilitación y vuelve a su casa».

Elena Monzón de Sápoli, madre de Edgardo -de 45 años- que cuenta con cuatro discapacidades, relató su realidad: «desde que pasa esto mi hijo no fue más al Centro de Día. Quisiera que vean la cantidad de pérdida muscular que tiene».

«Pongo a mi hijo de ejemplo, pero se replica como mínimo en 60 personas que asistían a la institución, adonde, además, las familias ponemos dinero para acercarles algo de comida porque no cobramos las prestaciones», agregó Sápoli sobre una institución de salud bonaerense.

Y agregó: «no podemos pasar un día más con esta terrible situación».