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Personas con discapacidad no pueden continuar con sus tratamientos

Denuncian «la falta de la actualización por parte del Estado Nacional a través del directorio del Sistema Único dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad»

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Organizaciones del Foro Permanente de Discapacidad de diferentes provincias alertaron hoy sobre la emergencia que afronta el sector y las familias por el atraso de 120 días, o falta de pago, de los aranceles de prestaciones básicas o el desfasaje de los aranceles, que deja a más de 200.000 familias con parientes con discapacidad sin poder acceder a sus tratamientos debido al anuncio de cierre de algunas instituciones y la interrupción del transporte desde este mes.

«Queremos comunicar la grave situación que atraviesan los servicios de atención a más de 200.000 personas con discapacidad debido al retraso arancelario que, a diciembre del 2023, alcanza a 100 puntos de desfasaje» debido a «la falta de la actualización por parte del Estado Nacional a través del directorio del Sistema Único dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad», remarcó esta mañana en conferencia de prensa Eduardo Maidana, vocero del Foro.

Desde la sede de una de las organizaciones que integran el Foro, la Asociación de Institutos Educativos Privados Especiales Argentinos (Aiepesa), Maidana explicó que si bien hay un grupo de obras sociales que pagan los aranceles en tiempo y forma, a los 60 días, «casi la mitad, se toma 120 días o pagan una factura y otras no, y retienen el dinero».

El vocero informó que durante 2023, los aranceles se incrementaron en «un 120,8% mientras que la inflación fue de un 211%. Es importante resaltar que el sistema único, que se enmarca en la Ley 24.901 de prestaciones básicas en favor de las personas con discapacidad, abona los servicios brindados, a través de los entes obligados, entre los 60 y 90 días después de brindada la prestación».

Con el correlato de una devaluación «del 118%» y un aumento del combustible «del 215%, se hace imposible afrontar los gastos de funcionamiento. Como primera consecuencia se suspendieron desde el 1 de enero los traslados de personas con discapacidad porque los transportistas no cuentan con los recursos para pagar el gasto cotidiano de combustible, repuestos y demás insumos para poner en marcha los vehículos, lo que hace que las personas con discapacidad, hoy, no puedan recibir atención «.

En esta misma situación se encuentran otros servicios como hogares, centros de Día, centros educativos terapéuticos, escuelas, residencias, servicios de rehabilitación y estimulación temprana, entre otros, que tampoco «pueden continuar afrontando los gastos operativos cuya consecuencia inmediata es, al igual que los transportes, una interrupción involuntaria en los servicios desde el próximo mes por falta de recursos».

Tras convocar a una Jornada Nacional de Visibilización de la Emergencia en Discapacidad -para el próximo 31 de este mes- las organizaciones enumeraron las necesidades del sector que serán presentadas ese día al presidente Javier Milei a través de un petitorio y actos que se replicarán en todas las provincias.

«Estamos solicitando al Estado nacional que dé respuesta inmediata a estas situación, con un incremento de aranceles del 100% retroactivo al mes de diciembre de 2023, en un 80% del precio del litro de combustible para el transporte, el pago dentro de los treinta días luego de brindada la prestación y un mecanismo de actualización mensual de acuerdo al Índice Precios del Consumidor», apuntó Maidana.

De no poder resolverse este pedido, «las personas con discapacidad sufrirán la discontinuidad del servicio con las consecuencias que esto tiene en su vida cotidiana».

El cierre de instituciones en el corto plazo involucra a más de 100.000 puestos de trabajo que también se verán afectados.

Por su parte, Pablo Bolego vicepresidente de la Federación Argentina de Transportistas de Personas con Discapacidad, recalcó que es «fundamental aclarar que queremos trabajar y no entorpecer una gestión; pero ya me informan que el servicio de transporte no funciona en algunas provincias porque no pueden cubrir los costos».

«Los transportistas e instituciones tuvimos una reunión con el subdirector de la Andis y nos pidió tiempo, pero no depende de nosotros. Los transportistas no tienen dinero para el combustible. La precarización y el deterioro es notorio», explicó Bolego.

Entre diversas organizaciones del Foro, además de las nombradas, se encuentran la Asociación Provincial de Instituciones para personas con Discapacidad (Apridis) y la Asociación Argentina de Padres de Autistas (Apadea).

La madre una joven con retraso madurativo y un hermano con síndrome de Down, Julieta Blanca, reflejó la situación de múltiples familias: «los perjuicios que van a generar con la disminución y la falta de transportes es básica. Si no hay transporte, mucho menos personas con discapacidad que vayan a rehabilitación», apuntó.

Y transmitió las diversas realidades en las provincias: «en muchos casos necesitan ir a las instituciones para alimentarse diariamente. Es más grande la pobreza. Hay gente que viaja dos horas para recibir una hora de rehabilitación y vuelve a su casa».

Elena Monzón de Sápoli, madre de Edgardo -de 45 años- que cuenta con cuatro discapacidades, relató su realidad: «desde que pasa esto mi hijo no fue más al Centro de Día. Quisiera que vean la cantidad de pérdida muscular que tiene».

«Pongo a mi hijo de ejemplo, pero se replica como mínimo en 60 personas que asistían a la institución, adonde, además, las familias ponemos dinero para acercarles algo de comida porque no cobramos las prestaciones», agregó Sápoli sobre una institución de salud bonaerense.

Y agregó: «no podemos pasar un día más con esta terrible situación».

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Diputados vota la Ley Malvinas y el capítulo 7 pende de 129 votos

La sesión especial arranca a las 12 con la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central. El oficialismo cuenta con los votos en general, pero el capítulo de injerencia extranjera necesita 129 y los aliados piden cambiarlo.

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Sesion en la Camara de Diputados

El capítulo más duro de la Ley Malvinas, el que crea delitos por injerencia extranjera, necesita 129 votos que el Gobierno todavía no tiene garantizados.

La Cámara de Diputados sesiona este miércoles 18 de noviembre desde las 12, en una sesión especial pedida por el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni. El temario incluye la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como Ley Malvinas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio.

El capítulo 7 y la negociación con los aliados

El oficialismo cuenta con los votos para aprobar el proyecto en general, pero el capítulo 7 se vota por separado y requiere mayoría absoluta de 129. Ese apartado sanciona el financiamiento extranjero de campañas electorales y establece penas de prisión para quienes faciliten operaciones militares o de inteligencia de un Estado extranjero, entre otras figuras.

En una reunión a puertas cerradas en la Cámara baja, el PRO y la UCR se comprometieron a acompañar el texto con o sin cambios. En cambio, Provincias Unidas, Argentina Federal y la diputada radical Karina Banfi reclamaron modificaciones de fondo o la eliminación del capítulo a cambio de sus votos; entre ellos, Oscar Herrera Ahuad y Gisela Scaglia. El Gobierno solo ofreció retoques menores, por lo que el capítulo más polémico queda en el filo de la votación.

Sanciones por explotar recursos en Malvinas

El proyecto deroga la ley 26.659, que alcanzaba la exploración de hidrocarburos, y crea un régimen que abarca cualquier aprovechamiento de recursos naturales, renovables o no, en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina. Mantiene penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas, socios y proveedores de las empresas involucradas. Quedan excluidos los accionistas con participaciones de hasta 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta. Según trascendió, el Gobierno corre con apuro por el fallo del Tribunal del Mar.

Un Consejo de Seguridad Nacional con poder de excepción

El título II crea el Consejo de Seguridad Nacional, que presidirá Javier Milei y que integrarán los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. Su función es coordinar la estrategia de seguridad, defensa e inteligencia y puede adoptar medidas excepcionales ante una «amenaza externa grave», una categoría cuya definición es uno de los puntos más cuestionados.

El texto también da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET), habilita inscripciones ante «motivos razonables para sospechar», mantiene el protocolo de derribo de aeronaves y hundimiento de buques y autoriza a las Fuerzas Armadas a participar en operaciones no convencionales. Para la oposición, los conceptos de terrorismo y amenaza externa son tan laxos que abren la puerta a la discrecionalidad del Ejecutivo. Unión por la Patria rechaza todo lo que exceda las sanciones por Malvinas. A pedido del diputado Eduardo Falcone (MID), el oficialismo aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento, a la que el Ejecutivo deberá informar las medidas del Consejo en un máximo de 48 horas.

La reforma del Banco Central

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central llega a la Cámara baja con las modificaciones que le introdujo el Senado, por lo que Diputados puede convertirla en ley en esta misma sesión.

Lo que tenés que saber

  • Diputados sesiona este miércoles 18 desde las 12 por la Ley Malvinas y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
  • El oficialismo tiene los votos en general, pero el capítulo 7 necesita 129 y los aliados piden cambiarlo.
  • El proyecto mantiene penas de hasta 20 años para quienes exploten recursos en la cuenca de Malvinas sin autorización.
  • Crea un Consejo de Seguridad Nacional presidido por Javier Milei, con una Comisión Bicameral de Seguimiento.
  • El Senado devolvió con cambios la reforma del Banco Central, que Diputados puede convertir en ley.
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