Judiciales ⚖️
Tras el fracaso de la conciliación con Alberto, Dalbón aseguró que «Patricia Bullrich estaba desesperada»
El abogado del jefe de Estado afirmó que la ex ministra de Macri «tenía planificado decirle algo al Presidente para luego contarlo a la prensa» y explicó que el mandatario hubiera dialogado si ella se hubiera mostrado dispuesta a retractarse.
El abogado defensor del presidente Alberto Fernández, Gregorio Dalbón, salió al cruce de la titular del PRO, Patricia Bullrich, al considerar que en la audiencia judicial de conciliación del martes «estaba desesperada por decirle algo» al mandatario y «luego contarlo a la prensa».
«Me parece que Patricia Bullrich tenía planificado decirle algo al Presidente para después salir a contarlo a la prensa. Estaba desesperada», contó Dalbón este miércoles en declaraciones a Radio 10.
La audiencia judicial de conciliación entre el Presidente y la titular del PRO, convocada por el titular del juzgado civil 21 de la ciudad de Buenos Aires, Luis Sáenz, fracasó, en el marco de la demanda que el jefe de Estado presentó contra la exministra de Seguridad con el objetivo de que se retractara después de haber acusado al gobierno.
Allí, la dirigente opositora se negó a retractarse de los dichos en los que le endilgó al Gobierno la supuesta intención de obtener un retorno para promover la llegada a la Argentina de la vacuna Pfizer contra el coronavirus.
En el marco de la audiencia conciliatoria de ayer, paso previo obligado para el inicio de un juicio, el presidente y la dirigente opositora en ningún momento estuvieron cara a cara sino que participaron del trámite desde despachos separados dado que la titular del PRO en ningún momento estuvo dispuesta a retractarse.



«No había conciliación posible con Bullrich. Alberto Fernández no tenía problema de acercarse y dialogar, pero ella no quiso. Si no había conciliación, no era necesario que el Presidente estuviera presente porque Bullrich se quería ir, pero terminó volviendo», relató Dalbón.
Sobre el punto del inicio del conflicto, Dalbón recordó que Bullrich «le dijo coimero a Alberto Fernández en un momento muy dramático de la sociedad, en plena pandemia, con respecto a las vacunas», y sostuvo que eso «es un acto muy grave». «Nosotros llevamos diferentes pruebas que desmienten todo lo que dijo Patricia Bullrich respecto al Presidente», añadió el letrado.
Las declaraciones por las que Bullrich fue demandada no se circunscribieron a una crítica política por la demora que hubiera podido tener la llegada de la vacuna Pfizer a la Argentina, sino que incluyó la denuncia pública de que el Gobierno habría pedido supuestas coimas a cambio de facilitar el ingreso al país de esas vacunas, algo que fue desmentido por el propio laboratorio.
«No había conciliación posible con Bullrich. Alberto Fernández no tenía problema de acercarse y dialogar, pero ella no quiso. Si no había conciliación, no era necesario que el Presidente estuviera presente porque Bullrich se quería ir, pero terminó volviendo»
Gregorio Dalbón
La referente del PRO había asegurado en declaraciones televisivas que el entonces ministro de Salud «Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía. Que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna».
«La actitud de González García fue intentar tener un retorno. Eso el presidente no lo ignoraba», le había dicho la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri al periodista Luis Majul en declaraciones televisivas que luego repetiría, palabras más, palabras menos, en otros reportajes.
«Eso no es un error, sino que es el intento de un negociado que no se cerró. No tengo dudas de que Ginés González García quiso un retorno por esa vacuna. Eso es criminal y lo tienen que investigar los fiscales de la Nación. Si llaman a las personas de Pfizer, ellos van a decir la verdad y no van a mentir», había asegurado Bullrich.
Fueron precisamente personas ligadas a Pfizer y el propio laboratorio a través de un comunicado de prensa los que desmintieron los dichos Bullrich: «En ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencia de intermediarios», aseveró el gerente de Pfizer, Nicolás Vaquer, al exponer en una reunión informativa realizada en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. Allí, además, aseguró que el laboratorio estaba haciendo «el máximo esfuerzo para traer la vacuna a la Argentina».
La audiencia de ayer concluyó con la «apertura de prueba», según detalló el abogado Dalbón, que señaló que la parte demandante ya presentó como elementos probatorios los dichos de Bullrich en televisión y radio y las desmentidas oficiales de Pfizer a través de un comunicado escrito y luego en el Congreso de la Nación.
Policiales 🚨
Le negaron la entrada a una fiesta, golpeó a un vecino con un matafuego y baleó a su madre
El episodio ocurrió en un edificio del barrio porteño Rodrigo Bueno. El agresor recibió tres años y tres meses de prisión efectiva, aunque también se dispuso su expulsión del país tras cumplir la mitad de la condena.
Un hombre fue condenado a tres años y tres meses de prisión efectiva por protagonizar dos ataques violentos en el barrio Rodrigo Bueno, en la Ciudad de Buenos Aires. Primero golpeó en la cabeza a un vecino con un matafuego después de que le impidieran ingresar a una fiesta privada. Días más tarde, disparó tres veces contra la madre del joven agredido, quien resultó ilesa.
La sentencia se resolvió mediante un juicio abreviado impulsado por la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 del Ministerio Público Fiscal porteño. La resolución fue homologada por el juez subrogante del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 23, Ricardo Baldomar.
Le prohibieron ingresar a una fiesta y atacó a un vecino con un matafuego
El primer episodio ocurrió durante una celebración privada que se desarrollaba en el salón de usos múltiples de un edificio del barrio Rodrigo Bueno.
Según la investigación, el hombre intentó ingresar al evento, pero el organizador le negó el acceso. Frente a esa situación, tomó un matafuego que se encontraba en el hall del inmueble y golpeó en la cabeza a uno de los vecinos.
La agresión provocó lesiones leves en la víctima y dio inicio a una investigación judicial para identificar al responsable.
Días después, disparó tres veces contra la madre del joven agredido
La violencia continuó días más tarde, cuando la madre del vecino atacado se cruzó con el agresor en la calle y le reclamó por las lesiones que había sufrido su hijo.
De acuerdo con la reconstrucción del caso, el hombre fue a buscar un arma de fuego y efectuó tres disparos contra la mujer. Pese a la gravedad del episodio, la víctima no resultó herida.
El segundo ataque quedó incorporado a la investigación como un hecho de abuso de armas.
La Justicia lo condenó a tres años y tres meses de prisión efectiva
La condena fue establecida mediante un juicio abreviado y contempló los delitos de lesiones leves, abuso de armas y portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, conducida por Paulo Gaspani. Para identificar al responsable, los investigadores utilizaron registros audiovisuales y testimonios aportados por habitantes del barrio.
Las tareas se desarrollaron en el marco del programa Integración Barrial con la Justicia, una iniciativa del Ministerio Público Fiscal porteño que busca fortalecer el vínculo con los vecinos y abordar conflictos en el territorio.
También dispusieron su expulsión de Argentina
Otro aspecto relevante de la resolución está relacionado con la situación migratoria del condenado, de nacionalidad peruana.
El hombre tenía una orden de expulsión y una prohibición de reingreso a la Argentina por ocho años, medidas dispuestas por la Dirección Nacional de Migraciones.
Por ese motivo, también se hizo lugar al extrañamiento, una figura legal que permite expulsar del país a una persona extranjera condenada una vez que cumple la mitad de la pena de prisión impuesta.
De esta manera, además de la condena de tres años y tres meses de prisión efectiva, la resolución contempla su posterior expulsión del territorio argentino.
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