Denuncia
Hay cuatro detenidos por las amenazas a Massa y su familia
Tras realizar varios allanamientos se logró establecer los domicilios de los imputados.
Cuatro personas resultaron detenidas por efectivos de la Policía Federal, presuntamente vinculadas a las amenazas de muerte por redes sociales de las que fueron víctimas el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y su familia, en el marco de procedimientos ordenados por la jueza federal María Servini.
Las aprensiones se ordenaron tras una investigación que la Policía Federal, a través del Área de Cibercrimen y el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista, llevó a cabo en las redes sociales de Instagram y TikTok por las amenazas que recibió la familia Massa, y tras realizar varios allanamientos se logró establecer los domicilios de los imputados, según indicaron fuentes de esa fuerza.
Dos de ellas fueron detenidas en Córdoba, uno en Chaco y el restante en el Barrio de Villa Devoto, en la ciudad de Buenos Aires, y todos ellos quedaron inmediatamente puestos a disposición de la Justicia a fin de ser indagados en lo inmediato.
Colaboraron en el Operativo las Dependencias Federales de las Provincias de Córdoba y Chaco (DUOF); y se logró en todos los domicilios el secuestro de todos los dispositivos utilizados en la maniobra, teléfonos y computadoras.
Voceros policiales aclararon que la investigación continúa con el fin de establecer y analizar más de 20 perfiles que también habrían publicado información sensible relacionada a Massa y su entorno familiar.
El primer operativo se realizó en una oficina comercial de la zona céntrica de la capital cordobesa, y un hermano del detenido, quien no se identificó, habló con el canal 12 de esa provincia y se manifestó con “bronca y un poco de miedo”, al sostener que su hermano sólo dijo “palabras desafortunadas, comentarios democráticos sobre ideología que se hacen por redes sociales”, aunque afirmó que desconoce el contenido de esas manifestaciones.
En tanto, el hombre detalló que esta mañana el personal policial se hizo presente en la oficina donde trabajan y se llevaron detenido a su hermano: «Al parecer al Gobierno no le gustó lo que dijo por redes sociales».
Ayer, la jueza Servini ordenó investigar amenazas de muerte lanzadas contra la esposa de Massa y titular de la empresa estatal de aguas AySA, Malena Galmarini, y los hijos del matrimonio, Milagros y Tomás, que fueron emitidas a través de redes sociales.
La magistrada también ordenó una custodia para Galmarini y sus hijos, a la vez que pidió la intervención de la División de Delitos Informáticos de la Policía Federal Argentina, que se encuentra investigando el caso.
Galmarini realizó la denuncia el 3 de noviembre pasado luego de que dos cuentas de TikTok difundieran datos personales de su familia, entre ellos los teléfonos celulares de la funcionaria y de sus hijos, por lo que comenzaron a recibir amenazas por redes sociales y también en WhatsApp, indicaron fuentes judiciales a Télam.
«A mí me tocó hace tres semanas…por orden de la jueza Servini mi familia está con seguridad, por un tema de amenazas reiteradas», reveló Massa ayer al mediodía durante un encuentro que mantuvo con empresarios en el Alvear Palace Hotel.
Luego exhortó a «dejar atrás la venganza, el amigo-enemigo, la grieta y construir una Argentina donde el diálogo, el acuerdo y los consensos de Estado sean la regla».
El miércoles también la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, presentó una denuncia penal por amenazas que recibió en redes sociales y en su cuenta de mail.
El correo que recibió en su cuenta oficial de diputada provenía de personas que reivindicaban al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei.
Ese mensaje fue recibido por otros legisladores, entre ellos Romina del Plá y Juan Carlos Alderete, quienes hicieron público que también recibieron la amenaza.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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