Denuncia
Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes
Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.
Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.
Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
El fallo que los dejó afuera
El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».
Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.
Taiano y las pericias que no llegan
Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.
Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.
A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.
El contexto: un lanzamiento con sello presidencial
La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».
La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.
Lo que tenés que saber
- Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
- La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
- Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
- El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
- La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
Denuncia
Fuga de Bolsonaro por Puerto Iguazú: denuncian a Milei por encubrimiento agravado
Comodoro Py investiga si el Gobierno de Javier Milei facilitó la salida de Flávio Bolsonaro, quien tenía prohibido abandonar Brasil, cruzó por Puerto Iguazú y viajó a Estados Unidos en un jet privado. Ya hay al menos tres denuncias penales, un pedido de interpelación al canciller y sospechas sobre la presencia en Misiones del asesor Santiago Caputo.
Flávio Bolsonaro, con prohibición judicial de salir de Brasil, cruzó la frontera argentina, abordó un jet privado en Puerto Iguazú y horas después estaba en Estados Unidos, con el aval de una Migraciones que informó que no existía ningún impedimento legal. Ahora la Justicia federal investiga si el Gobierno de Javier Milei hizo algo más que mirar.
El senador y excandidato presidencial del Partido Liberal, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ingresó por el Puente Internacional Tancredo Neves el martes 27 de octubre a las 22:50, junto a su esposa, Fernanda Antunes Figueira, y sus dos hijas, según confirmó la Dirección Nacional de Migraciones. La primera denuncia penal contra Milei y funcionarios de su gobierno la presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano y recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.
La denuncia: encubrimiento, abuso de autoridad y malversación
Solano denunció la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. En su escrito sostuvo que era imposible que Milei desconociera la prohibición de salida del país que le impuso el juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes. Para el denunciante, el Presidente “es cómplice de este accionar ilícito” y utilizó los recursos del Estado para ejecutar una maniobra clandestina.
El dirigente también apuntó contra Migraciones, a la que acusó de omitir dolosamente la colaboración internacional y las alertas sobre la restricción dictada en Brasil. Pidió medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes urgente a las fuerzas federales de Misiones para que detallen la presencia de Bolsonaro en la zona.
El expediente quedó sorteado en el juzgado de Capuchetti, que este año está de turno con la Fiscalía Federal N°10, a cargo de Paloma Ochoa. Según pudo saberse, la magistrada todavía no había girado la presentación a la fiscal para que dictamine. Capuchetti es una jueza cuestionada por su actuación en la causa por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.
Migraciones: de la falta de registro a la confirmación
Según trascendió, Migraciones había informado primero que no tenía notificada ninguna entrada de Bolsonaro. En la madrugada del miércoles, el organismo confirmó que el excandidato cruzó la frontera y que lo hizo con documentación hábil de viaje, sin ningún impedimento legal para ingresar al país. Las autoridades argentinas aclararon que no existía pedido de captura que activara una alerta en sus sistemas.
De acuerdo con los datos oficiales difundidos, el avión privado despegó del aeropuerto de Puerto Iguazú a las 00:21 del miércoles. La denuncia de Solano señala que se trató de un vuelo de la empresa Baires Fly. Horas más tarde, según trascendió, Bolsonaro ya estaba en Miami.
Caputo en Misiones y una lluvia de denuncias
Según trascendió, el asesor presidencial Santiago Caputo se encontraba en Misiones cuando partió la aeronave. La diputada nacional Marcela Pagano incorporó ese dato a su denuncia penal y pidió que se esclarezca su presencia. La legisladora presentó su escrito ante la Justicia Federal de Puerto Iguazú, donde el fiscal Fabián Martínez solicitó informes a organismos oficiales para determinar cómo ingresó Bolsonaro y si existía algún impedimento legal. Pagano pidió además preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional y del aeropuerto.
El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) también radicó una denuncia por presunto encubrimiento agravado contra Milei, el canciller Pablo Quirno y Caputo. Su presentación quedó sorteada en el Juzgado Federal 3, a cargo de Sebastián Ramos, aunque como la de Solano entró primero es probable que las causas se acumulen en el juzgado de Capuchetti. En la Cámara baja, el diputado Pablo Juliano pidió la interpelación de Quirno.
Un aliado que prometió no irse
Tras perder el domingo la segunda vuelta frente a Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro grabó un video en el que contó que la Policía Federal lo interceptó para pedirle que entregue sus pasaportes y notificarlo de la prohibición de salida del país. En ese mismo mensaje afirmó: “Nunca pensé en abandonar el país”. La frase quedó desmentida por los hechos.
El episodio llega después de meses de alineamiento político. En julio, durante su visita a San Pablo, Milei respaldó la candidatura de Flávio y llamó “ladrón” a Lula sin nombrarlo. Tras la primera vuelta del 4 de octubre, celebró en su cuenta de X la derrota de un “zurdo comunista”.
La Justicia deberá determinar si el Gobierno cumplió con sus deberes de cooperación internacional y control fronterizo, o si puso la estructura del Estado al servicio de un aliado político. La Casa Rosada sostiene que no hubo impedimento legal; los denunciantes sostienen que hubo una maniobra.
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