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Grave denuncia: el oscuro trasfondo de la DEA en Argentina

«La DEA en la Argentina. Una historia criminal» es un libro que describe un aceitado sistema de cooptación de policías, fiscales, jueces y funcionarios.

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El periodista y escritor Julián Maradeo se propuso desmenuzar la compleja trama de relaciones que la agencia estadounidense de la DEA (Drug Enforcement Administration) forjó en la Argentina durante casi 50 años mediante el tejido de una red de relaciones que incluyen cajas de dólares en negro, vínculos opacos y actividades que burlan la legalidad.

«La DEA en la Argentina. Una historia criminal» es un libro, publicado por editorial Planeta, que describe un aceitado sistema de cooptación de policías, fiscales, jueces y funcionarios que Maradeo propone «transparentar» y poner en discusión.

«No estoy en contra de la DEA y no busco demonizarla. Creo que en una época en la cual el crimen está transnacionalizado su estructura global de inteligencia es imprescindible. Pero que tenemos que proponernos un debate sin hipocresías sobre si vamos a permitir que haga lo que se le antoje o se atenga a los acuerdos bilaterales que establecen cómo debe funcionar en Argentina», sostuvo en autor en diálogo con Télam.

Télam: ¿Cómo se desarrolla la actividad de la DEA en Argentina?

Maradeo: Desde 1973, poco después de su creación, la DEA llega a Argentina y comienza a cooptar capas del área de drogas peligrosas de la Policía Federal, luego de las fuerzas de seguridad como Gendarmería, las policías provinciales, los fiscales, los jueces y los ministros. Pero a lo largo de los años modificó esas formas de cooptación. Por acuerdos bilaterales, la DEA puede capacitar a los efectivos de las fuerzas y a los funcionarios locales o compartir información. No puede poner a disposición de las fuerzas de seguridad y los grupos operativos conjuntos cajas de dólares en negro, algo que incluso figura en documentos oficiales. Tenemos que discutir cómo transparentamos los vínculos que tiene la DEA en Argentina.

La DEA surgió por impulso del gobierno del presidente de los Estados Unidos Richard Nixon en el contexto de una declarada «Guerra a las drogas» lanzada por esa administración republicana a principios de la década de los ’70.

En en Argentina, esta agencia trabaja con enlaces que se desempeñan como empleados de la embajada de Estados Unidos e informantes, explicó Maradeo.

René Abraham Tenenbaum, luchador de la troupe que lideraba Martí Karadagian en el programa «Titanes en el Ring», fue el primer contacto que la DEA tuvo en Argentina, y desde 1997, Guillermo González, ex comisario de la Policía bonaerense, es el nexo local de la agencia en el país.

En la actualidad, John Wallace, un policía formado en el Departamento de Policía de San Luis (Missouri) es el jefe de la DEA en la Argentina.

-T: ¿Por qué es tan importante esa diferencia entre el empleado local y el agente de la DEA?

-M: Los agentes de la DEA son estadounidenses que llegan a Argentina y deben contactarse con funcionarios locales que no conocen. González se encarga de ponerlos en contacto con policías, jueces y fiscales de turno y armar un GPS para que conozcan el terreno. Los argentinos que trabajan en la DEA son empleados de la Embajada de Estados Unidos y sus agentes poseen el país inmunidad diplomática. Si hay alguna acusación contra ellos, debe intervenir directamente la Corte Suprema.

-T: En el inicio del libro se cuanta cómo la DEA, con anuencia de la dictadura, secuestró en Argentina al traficante Francoise Chiappe y desarrolló otras operaciones ilegales, pero con los años los métodos fueron cambiando.

-M: Se sofisticaron. En los años ’70, los agentes de la DEA participaban de secuestros, pero el término «extradición de facto» era algo que les molestaba mucho. Cuando no conseguían que un juez diera una extradición armaban operativos y terminaban secuestrando personas. Es algo que pasó en México, Colombia y en Argentina. Tras el asesinato en México del agente Kiki Camarena, la DEA raptó en ese país a Humberto Álvarez Machain -un médico que lo mantuvo vivo mientras lo torturaban- y la justicia de Estados Unidos determinó que esa detención había sido ilegal y debieron repatriar al sospechoso.

Eso motivó un cambio. La DEA se enfocó entonces en la cooptación. Un abogado me lo describió de manera muy precisa: «La DEA crea eventos formales con fines informales». Así es cómo organizan cursos de capacitación, pagan viajes y ponen recursos a disposición de los funcionarios. Así es cómo se trabajan los vínculos y nada queda librado al azar. De esa manera es cómo llegan a producir prueba en Argentina, algo que es ilegal. En el libro se cuenta el caso de detenidos que fueron llevados a declarar primero a la Embajada antes que a un juzgado, en una causa en la que intervino la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Nadie advirtió que eso era ilegal.

-T: ¿Qué pasa con el funcionario que queda por fuera de esa red de relaciones?

-M: Pueden quedar al margen de todo y no acceden a buena información. Muchos de los entrevistados me dijeron que la relación con la DEA es «una cuestión de tono». Cada funcionario es el encargado de poner el límite y de eso depende la opacidad del vínculo. Si un juez o fiscal se niega a convalidar un procedimiento con irregularidades, aparece otro que sí está dispuesto. Hay un caso que muestra todo esto a la perfección. Un policía de Jujuy que fue invitado a un curso a Buenos Aires con todos los gastos pagos, alojamiento en un hotel de cinco estrellas y mil dólares para viáticos. Cuando volvió a su provincia y contó la experiencia que vivió, todos sus compañeros hacían cola para que los invitaran al próximo curso. La DEA trabaja con el tiempo hasta que tiene a quien le interesa en su red.

-T: ¿La DEA veta funcionarios?

-M: No tengo ese dato. La DEA trabaja con quien le sea útil. Tenemos el caso del juez de Orán Raúl Reynoso, que está preso por negociar con narcos. Fue premiado y trabajó diez años con la DEA. Eso demuestra que esta agencia no tiene problemas con las ilegalidades de su contraparte. Cuando cae, cae. Lo grave es que las contrapartes argentinas siempre están al tanto.

-T: ¿La DEA estable un mecanismo de control del negocio del narcotráfico?

-M: Lo que le interesa es mantener vínculos de excepción en función de sus intereses y de la agenda norteamericana. No le interesa lo que pasa en Rosario, siempre y cuando no salga un cargamento desde ahí para los Estados Unidos. De todos modos, la DEA no puede demostrar que con su injerencia se haya mejorado la situación con respecto al narcotráfico en algún lugar. Está por cumplir 50 años y no lo puede hacer.

-T: ¿La DEA sigue viendo a Argentina como un país de tránsito?

-M: Sigue pensando eso, pero sostiene que Argentina crece en sus capacidades de producir precursores químicos para fabricar drogas. Lo ve como un productor en ascenso, pero que no todavía no tiene la importancia de otros países. En los informes anuales de la DEA, Argentina ocupa una página y media, como mucho Y siempre en relación a lo que pasa en Bolivia y Paraguay. Argentina no tiene un cártel, no hay ningún analista serio que lo diga.

-T: ¿Qué pasa actualmente con el concepto de «Guerra contra las drogas» que motivó hace 50 años la creación de la DEA?

-M: Nadie en la DEA cree en la Guerra contra las drogas. La DEA y los Estados Unidos usan ese concepto como una escusa para otras cosas como plantar relaciones de excepción con policías y jueces. Es lo que hable con los exagentes que me dieron sus testimonios para el libro.

-T: Cuenta que el macrismo tuvo buenos vínculos con la DEA.

-M: Sí, y creo que si el macrismo vuelve al gobierno puede cumplir un viejo anhelo de la DEA que es la militarización de la lucha contra las drogas. Hubo un decreto de Mauricio Macri que iba en ese sentido y que Alberto Fernández derogó.

-T: En el subtitulo del libro se habla de «una historia criminal». ¿Quién está cometiendo el crimen?

-M: Las dos partes. La historia de la DEA en Argentina es una es una historia alrededor de delitos y con una contraparte local que es consciente de lo que pasa y no hace nada.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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