El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), órgano decisor de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), resolvió condicionar la adquisición de Telefónica Móviles Argentina por parte de Telecom, del Grupo Clarín, a una serie de medidas de desinversión sin precedentes en la historia regulatoria del sector. La resolución, adoptada sobre la base de un informe técnico del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), establece que la fusión solo podrá concretarse si la empresa acepta condiciones que reducirán drásticamente su participación en el mercado de la telefonía móvil y la banda ancha. La operación había sido anunciada en febrero de 2025, cuando Telefónica S.A. informó la venta de su filial argentina a Telecom por 1.245 millones de dólares.

La desinversión móvil: 6 millones de usuarios en juego

La principal exigencia del regulador es la cesión de 6 millones de clientes móviles en un plazo máximo de dos años, junto con la infraestructura asociada. La distribución geográfica es precisa: 4 millones deben transferirse en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 1 millón en la región norte y 1 millón en la región sur del país. Esos usuarios deberán ser traspasados a un nuevo competidor del sector, lo que abre la puerta al ingreso de un tercer operador de alcance nacional en un mercado que, hasta ahora, funcionó con tres jugadores principales: Telecom (Personal), Claro y la propia Movistar.

Durante los primeros dos años de la transición, Telecom deberá garantizar al nuevo competidor acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión, para asegurar la continuidad del servicio mientras ese operador desarrolla su propia red. La condición es determinante: sin ese soporte, ningún nuevo actor podría absorber tal volumen de clientes sin interrumpir el servicio.

El espectro radioeléctrico: el activo más sensible

La resolución también obliga a la devolución de 130 MHz de espectro radioeléctrico, el recurso escaso sin el cual ningún operador móvil puede funcionar. La medida contempla una restitución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales de 10 MHz en la región norte y 10 MHz en la región sur, y la asignación del remanente al mercado secundario para otras empresas. La fusión sin condiciones acumularía 270 MHz en manos de Telecom, cuando el límite regulatorio permitido es de 140 MHz. Especialistas del sector advirtieron que una devolución apresurada de espectro podría deteriorar temporalmente la calidad del servicio para los usuarios actuales, durante el período de transición hasta que el nuevo operador ponga a punto su red.

Internet fija: desinversión en 185 localidades

En el segmento de internet fija, Telecom deberá ceder clientes en aquellas localidades donde la participación de mercado de la empresa resultante supere el 50%. Según la evaluación oficial, eso implicaría desinvertir en 185 localidades donde la empresa quedaría próxima a una posición monopólica en telefonía fija e internet residencial. La concentración en ese segmento también preocupó al regulador: en telefonía fija, un servicio en repliegue frente al celular y la banda ancha móvil, la fusión sin condiciones podría acercar a Telecom al 54% del mercado.

Un año de traba regulatoria y un fallo judicial intermedio

El proceso regulatorio fue largo y conflictivo. En junio de 2025, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora del actual organismo, ya había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En noviembre de 2025, por Decreto N° 810/2025, el gobierno de Javier Milei disolvió la CNDC y creó en su reemplazo la ANC, cuyo titular es el abogado cortóbés Eduardo Montamat. En junio de 2026, Telecom obtuvo un fallo favorable de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que dejó sin efecto las medidas preventivas que había dispuesto el Gobierno. La semana del 17 de junio se vencían los plazos administrativos y no habría nueva prórroga, por lo que la resolución final se expectó en los próximos días.

El poder del Grupo Clarín y el mapa posoperación

El trasfondo de esta disputa regulatoria excede la mera lógica comercial. De concretarse la operación sin condiciones, el Grupo Clarín habría concentrado cerca del 70% de los servicios de telecomunicaciones del país en un único conglomerado, sumando la red de cable e internet fija de Cablevión a la telefonía móvil de Personal y la red de Movistar. Con la aplicación de los condicionamientos, esa participación se reduciría a aproximadamente el 50%, una cifra que de todas formas situó al grupo en una posición de dominio estructural sobre las comunicaciones argentinas. Cabe recordar que el Grupo Clarín es, además, propietario del diario Clarín, La Nación no participa de la sociedad accionaria pero opera en el mismo ecosistema, el canal de televisión El Trece, la señal de noticias TN y decenas de radios AM y FM en todo el país. La acumulación de poder sobre la infraestructura de telecomunicaciones a esa escala no registra antecedentes en la historia argentina.

La ANC sostuvo que la adquisición solo será viable si se implementan todas las condiciones impuestas. Desde Telecom, en tanto, se indicó que la compañía ejercerá todos los recursos legales disponibles para revisar o impugnar cualquier decisión que considere incompatible con la normativa argentina o con las condiciones reales de competencia en cada mercado y jurisdicción relevante, según surgió de documentos presentados ante la SEC (Securities and Exchange Commission) de los Estados Unidos.

Puntos clave

• El TDC condiciona la fusión Telecom-Telefónica a la cesión de 6 millones de clientes móviles distribuidos entre el AMBA, norte y sur del país.
• Telecom deberá devolver 130 MHz de espectro radioeléctrico, incluyendo 60 MHz en forma inmediata a nivel nacional.
• En internet fija, deberá desprenderse de clientes en 185 localidades donde supere el 50% de participación de mercado.
• Sin condiciones, la operación concentraría el 70% de las telecomunicaciones del país en el Grupo Clarín.
• La operación fue pactada por 1.245 millones de dólares y lleva más de un año en análisis regulatorio.