La cúpula del Partido Justicialista sostuvo este martes una serie de reuniones urgentes para articular una respuesta política a la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El encuentro fue encabezado por el senador José Mayans, actual presidente en ejercicio del partido, quien afirmó: “La Corte pone en marcha la proscripción de Cristina”.

Desde la sede partidaria de la calle Matheu 130, dirigentes sindicales, mandatarios provinciales y legisladores oficialistas analizaron el escenario que se abre tras el fallo de la Corte Suprema, que avaló el proceso judicial llevado adelante por el Tribunal Oral Federal N° 2. La expresidenta deberá presentarse este miércoles en Comodoro Py para ser notificada formalmente.

“Buscan impedir que Cristina vuelva a competir porque saben que aún conserva un respaldo masivo”, denunció Mayans en declaraciones a AM 590. “Fallaron sin pruebas, alterando el debido proceso y avasallando sus derechos constitucionales”, agregó.

Acusaciones cruzadas y movilización

Las reuniones en la sede del PJ comenzaron a las 15 con la Confederación General del Trabajo (CGT), continuaron a las 18 con gobernadores peronistas y finalizaron cerca de las 20 con una ronda con diputados y senadores nacionales. La convocatoria tuvo como objetivo definir una línea común de acción frente a lo que desde el justicialismo califican como un “fallo político” destinado a dejar fuera de competencia a la principal referente opositora.

Como respuesta, el espacio convocó a una marcha bajo el lema “Argentina con Cristina”, que partirá este miércoles a las 10 desde la esquina de San Juan y San José. “Caminaremos con Cristina hasta Comodoro Py y volveremos con ella hasta su casa”, señalaron desde el partido.

El oficialismo busca con este gesto recuperar la iniciativa política, en un contexto de fragmentación interna y descontento social ante las medidas del gobierno de Javier Milei. En el peronismo existe la percepción de que el fallo judicial no sólo impacta sobre Cristina Kirchner, sino que constituye una advertencia para toda la dirigencia política que enfrente al poder concentrado.

Una condena con peso político

El fallo de la Corte dejó firme la condena de seis años de prisión por “administración fraudulenta” en la causa que investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz. Sin embargo, la parte del fallo que declaraba su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos todavía no está firme, ya que será revisada por la Cámara Federal de Casación Penal.

El proceso fue cuestionado por diversos juristas y organismos internacionales. El Grupo de Puebla advirtió en su momento que se trató de un caso de “lawfare”, mientras que el abogado Eugenio Zaffaroni calificó el fallo como “una sentencia con finalidad política”.

Cristina Kirchner, por su parte, insistió en que no se trató de un juicio penal, sino de una “operación para disciplinar al movimiento nacional y popular”.

Contexto político y escenario futuro

La decisión de la Corte llega en un momento sensible para el peronismo, que intenta reorganizarse luego de la derrota electoral de 2023. Aunque Cristina Kirchner no expresó su intención de volver a ser candidata, en el PJ creen que aún representa una figura central capaz de aglutinar sectores sociales y disputar el sentido de la oposición.

El fallo podría generar un efecto bumerán, revitalizando la figura de la expresidenta en sectores que perciben una embestida judicial coordinada con los poderes fácticos. La movilización convocada para este miércoles será un termómetro del clima político en torno a su figura.

Mientras tanto, el Gobierno nacional evitó pronunciarse sobre la ratificación de la condena. La Casa Rosada mantiene una estrategia de silenciamiento frente a causas judiciales contra dirigentes opositores, en un intento por sostener su discurso de no intervención institucional, aunque distintos voceros oficialistas en redes sociales celebraron el fallo.