Denuncia
Funcionario macrista podría ser enjuiciado
Piden elevar a juicio oral la causa contra el ex interventor de Puertos del gobierno de Macri.
El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa contra el exinterventor de Administración General de Puertos (AGP) en el macrismo Gonzalo Mórtola, quien se encuentra procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusado de contratar a una consultora en forma directa por casi un millón de dólares, informaron hoy fuentes judiciales.
En un dictamen de 39 páginas que le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Taiano afirmó que el imputado «contrató de modo indebido a la empresa Indra S.A. junto a la firma Advance Logistics Group S.A. (ALG S.A.) del grupo «Indra Sistemas SA.», por un total de U$S 940.508 (novecientos cuarenta mil quinientos ocho dólares)».
La contratación se produjo «con el objeto de que efectuara la estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires» y se realizó «contrariando lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Compras y Contrataciones de dicha sociedad del Estado (aprobado por Resolución AGPSE nro.38/2013)», según surge del dictamen al que accedió Télam.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que la contratación se llevó a cabo «sin fundamentos legales o de conveniencia» y que la empresa accedió a la posibilidad de hacerse del contrato «de modo directo sin una licitación pública que permitiera la confrontación con otros oferentes».
«Así, mediante el conjunto de elementos de cargo reunidos en la instrucción se logró determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, la participación del imputado en los hechos que resultan materia de análisis en el presente», sostuvo el fiscal en el dictamen que firmó a fin de abril y que trascendió hoy.
«Tales extremos ameritan que los sucesos descriptos sean ventilados en el juicio oral correspondiente, donde deberá apreciarse en su real dimensión la totalidad de la prueba aquí colectada, dado las características de inmediatez probatoria y confrontación de las partes que ofrece el juicio oral», enfatizó.
El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma «Indra» para la confección de los pliegos y la planificación financiera para futuras licitaciones sobre las nuevas terminales del Puerto de Buenos Aires proyectadas cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área.

Cuando dispuso el procesamiento de Mórtola, Martínez de Giorgi señaló en la resolución que como interventor de la Administración General de Puertos no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado.
«Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado», mencionó el juez federal en aquella resolución que luego sería ratificada por la Cámara Federal porteña.

Junto al procesamiento sin prisión preventiva por «violación de los deberes de funcionario», el juez dispuso en su momento un embargo sobre los bienes de Mórtola por 400 mil pesos.
El magistrado también ponderó en aquel fallo que la Administración de Puerto contaba con personal idóneo, bien pago y capacitado para las tareas por las que contrató a la consultora, con un gasto de 940 mil dólares para el erario público.
Denuncia
Nadia Beller anunció nuevas pruebas contra Cerimedo y se ofreció a declarar en Argentina
La abogada boliviana afirmó que conserva grabaciones y otros elementos que comprometerían a su expareja, y aseguró que puede identificar al destinatario de una nota en la que se hablaba de «eliminarla». Sus dichos también apuntan al corazón de la causa ANDIS, donde señaló a Natalia Basil como la ejecutora de la filtración de los audios de Diego Spagnuolo.
Nadia Beller ya tiene el alta médica. Y, con ella, una determinación que incomoda a más de uno en Argentina: entregar nuevas pruebas contra Fernando Cerimedo y declarar ante la justicia argentina si es convocada. La abogada boliviana, que sobrevivió a un ataque a balazos el 17 de agosto en Santa Cruz de la Sierra, afirmó que conserva mensajes, grabaciones y otros elementos que, según sostuvo, podrían comprometer aún más a su expareja, hoy bajo prisión preventiva en Bolivia por ser señalado como presunto instigador del atentado.
La causa boliviana avanza sobre los autores materiales
La Policía boliviana identificó a dos hombres señalados como posibles autores materiales del atentado y mantiene operativos activos para localizarlos. En paralelo, una pareja de sospechosos fue enviada al penal de Palmasola por 120 días preventivos: el hombre está acusado de haber vendido o proporcionado el arma presuntamente utilizada en el ataque; su pareja quedó imputada como cómplice.
Cerimedo, consultor político que trabajó para el entorno de La Libertad Avanza, permanece detenido en Bolivia mientras la Fiscalía de ese país avanza en la investigación. Según trascendió, el expediente boliviano y la causa ANDIS que tramita en Argentina ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi están comenzando a retroalimentarse a través de las declaraciones de Beller.
El hilo que lleva a ANDIS: grabaciones, audios y Natalia Basil
El aspecto más sensible de las nuevas declaraciones de Beller no es el relato del atentado, ya ampliamente documentado, sino lo que apunta directamente a la causa ANDIS en Argentina. La abogada afirmó que posee grabaciones de conversaciones con Cerimedo en las que el consultor habría hablado sobre el origen de los audios atribuidos al extitular del organismo, Diego Spagnuolo; audios que desencadenaron el escándalo de las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Beller fue más lejos y señaló que Cerimedo y su exesposa, Natalia Basil, habrían sido los artífices de la filtración de esos audios. Según su versión, fue Basil quien «ejecutó» esa maniobra. El dato no es menor: Basil se desempeñó como directora nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas en ANDIS entre abril y diciembre de 2024, período que coincide con las irregularidades investigadas, y renunció semanas antes de que la causa judicial adquiriera estado público.
Si las grabaciones que Beller dice conservar son incorporadas como prueba al expediente, la investigación podría abrir una nueva línea sobre el origen y el propósito político de esa filtración: quién decidió que esos audios salieran a la luz, cuándo y con qué objetivo.
Pagano pide videoconferencia y protección de testigos
La diputada Marcela Pagano solicitó al juez Lijo y al fiscal Picardi que convoquen a Beller a declarar mediante videoconferencia desde Bolivia y que sea incorporada al Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados. El pedido fue presentado con el argumento de que el testimonio de Beller podría resultar determinante para establecer el contexto en que se produjeron sus conversaciones con Cerimedo, si las grabaciones son auténticas y pueden incorporarse legalmente al expediente, y cuál es la cadena de decisiones detrás de la filtración de los audios de Spagnuolo.
Cabe recordar que Cerimedo ya había declarado en Argentina en septiembre de 2025 sobre sus conversaciones con el entonces titular de ANDIS. En aquella oportunidad afirmó que Spagnuolo le habló de presuntas coimas y de supuestos retornos vinculados con funcionarios nacionales. La versión que ahora aporta Beller no contradice necesariamente ese relato, pero agrega una capa sobre quién controló el flujo de esa información y hacia dónde fue dirigida.
Mientras la investigación avanza simultáneamente en dos países, Beller reiteró su disposición a colaborar con la justicia argentina. La pregunta que orbita en los pasillos de Comodoro Py es cuánto de lo que dice conservar puede transformarse en prueba jurídicamente válida, y cuánto de esa verdad el expediente estará en condiciones de sostener.
Puntos clave
- Nadia Beller recibió el alta médica tras el ataque del 17 de agosto y anunció que entregará grabaciones a la justicia.
- Afirmó que puede identificar al destinatario de una nota en la que se planeaba «eliminarla».
- Señaló a Natalia Basil, exdirectora de ANDIS y exesposa de Cerimedo, como la ejecutora de la filtración de los audios de Spagnuolo.
- La diputada Marcela Pagano pidió al juez Lijo que cite a Beller por videoconferencia e ingresarla al Programa de Protección de Testigos.
- Cerimedo permanece en prisión preventiva en Bolivia; la causa ANDIS en Argentina suma potencial nueva evidencia.
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