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Denuncia

Funcionario macrista podría ser enjuiciado

Piden elevar a juicio oral la causa contra el ex interventor de Puertos del gobierno de Macri.

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El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó la elevación a juicio oral y público de la causa contra el exinterventor de Administración General de Puertos (AGP) en el macrismo Gonzalo Mórtola, quien se encuentra procesado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, acusado de contratar a una consultora en forma directa por casi un millón de dólares, informaron hoy fuentes judiciales.

En un dictamen de 39 páginas que le presentó al juez Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Taiano afirmó que el imputado «contrató de modo indebido a la empresa Indra S.A. junto a la firma Advance Logistics Group S.A. (ALG S.A.) del grupo «Indra Sistemas SA.», por un total de U$S 940.508 (novecientos cuarenta mil quinientos ocho dólares)».

La contratación se produjo «con el objeto de que efectuara la estructuración, promoción y concurso para la concesión de las terminales de contenedores del Puerto de Buenos Aires» y se realizó «contrariando lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de Compras y Contrataciones de dicha sociedad del Estado (aprobado por Resolución AGPSE nro.38/2013)», según surge del dictamen al que accedió Télam.

El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó que la contratación se llevó a cabo «sin fundamentos legales o de conveniencia» y que la empresa accedió a la posibilidad de hacerse del contrato «de modo directo sin una licitación pública que permitiera la confrontación con otros oferentes».

«Así, mediante el conjunto de elementos de cargo reunidos en la instrucción se logró determinar, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, la participación del imputado en los hechos que resultan materia de análisis en el presente», sostuvo el fiscal en el dictamen que firmó a fin de abril y que trascendió hoy.

«Tales extremos ameritan que los sucesos descriptos sean ventilados en el juicio oral correspondiente, donde deberá apreciarse en su real dimensión la totalidad de la prueba aquí colectada, dado las características de inmediatez probatoria y confrontación de las partes que ofrece el juicio oral», enfatizó.

El expediente se inició en 2018, a través de una denuncia de Juan Carlos Lanatta, que advirtió sobre la contratación directa de la firma «Indra» para la confección de los pliegos y la planificación financiera para futuras licitaciones sobre las nuevas terminales del Puerto de Buenos Aires proyectadas cuando no tenía antecedentes de trabajos en el área.

Cuando dispuso el procesamiento de Mórtola, Martínez de Giorgi señaló en la resolución que como interventor de la Administración General de Puertos no podía desconocer que la contratación directa no está permitida por el Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado.

«Todo indica que (Mórtola) simuló circunstancias que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada, probablemente no habría sido cuestionado», mencionó el juez federal en aquella resolución que luego sería ratificada por la Cámara Federal porteña.

Junto al procesamiento sin prisión preventiva por «violación de los deberes de funcionario», el juez dispuso en su momento un embargo sobre los bienes de Mórtola por 400 mil pesos.

El magistrado también ponderó en aquel fallo que la Administración de Puerto contaba con personal idóneo, bien pago y capacitado para las tareas por las que contrató a la consultora, con un gasto de 940 mil dólares para el erario público.

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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