Judiciales ⚖️
Cristina irá a Comodoro Py: el TOF 2 pidió seguridad reforzada por las movilizaciones
El peronismo convocó a una marcha nacional bajo el lema “Argentina por Cristina”.
El Tribunal Oral Federal N°2 pidió al Ministerio de Seguridad de la Nación y al Ministerio de Seguridad porteño reforzar la seguridad en los Tribunales de Comodoro Py, ante la comparecencia de Cristina Fernández de Kirchner, prevista para este miércoles 19 de junio. La expresidenta deberá presentarse en el último día hábil de los cinco que estableció la Justicia tras la ratificación de la condena a seis años de prisión por la Corte Suprema, en el marco de la causa Vialidad.
La convocatoria a una movilización nacional, bajo el lema «Argentina por Cristina», fue lanzada por los principales sectores del Partido Justicialista (PJ), con el objetivo de acompañar a la exmandataria en su ingreso al edificio judicial ubicado en el barrio porteño de Retiro.
Seguridad y detenciones: el pedido formal del TOF 2
El Tribunal envió un oficio a la ministra Patricia Bullrich y a su par porteño Horacio Giménez, donde solicitó:
-“Arbitrar los medios necesarios a fin de brindar seguridad suficiente en los alrededores y en las inmediaciones del edificio de la Av. Comodoro Py 2002 de esta ciudad, y dentro del edificio, en especial en el piso sexto donde tiene asiento este tribunal, en función de las detenciones a producirse los próximos días martes y miércoles en el marco de la causa de referencia, y ante eventuales movilizaciones en la vía pública».
El comunicado deja entrever que podría haber detenciones vinculadas a la causa, aunque no se detalló quiénes podrían ser afectados.
Domiciliaria y notificación remota: decisiones pendientes
El Tribunal deberá resolver entre este martes y el miércoles si le concede a Cristina el arresto domiciliario, solicitado por su defensa tras la ratificación de la condena.
También se evaluará si se la exime de concurrir personalmente a notificarse, como indica el procedimiento judicial, y se le permite hacerlo por medios telemáticos.
Fuentes judiciales confiaron que la medida podría ser concedida, incluso si los fiscales se oponen, ya que el TOF no está obligado a seguir su dictamen.
La decisión podría desactivar parcialmente la movilización, aunque desde los sectores convocantes sostienen que la marcha tiene una dimensión simbólica “en defensa de Cristina y de la democracia”.
Vigilia y tensión política
Desde hace seis días, militantes y agrupaciones peronistas mantienen una vigilia frente a la casa de Cristina Kirchner en el barrio de Constitución. La líder del Frente de Todos salió varias veces al balcón para saludar a sus seguidores y lanzó la consigna: “¡Vamos a volver!”.
La causa Vialidad, por la que fue condenada, investiga supuestas irregularidades en la adjudicación de obras viales en Santa Cruz durante su mandato. La confirmación de la condena por parte de la Corte generó un fuerte repudio del kirchnerismo y del movimiento de derechos humanos.
Investigación 🔎
ANDIS: una auditoría detectó un desfasaje de $158.717 millones bajo la gestión Spagnuolo
Un informe interno elaborado tras la salida de Diego Spagnuolo reveló diferencias de $158.717 millones entre los registros de deuda de dos áreas clave del organismo. Los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y agosto de 2025 mientras parte de los compromisos se abonó sin pasar por los controles administrativos obligatorios.
Más de $158.000 millones en diferencias contables no justificadas, pagos millonarios sin respaldo documental y una causa judicial que investiga sobreprecios y posibles coimas de hasta el 20%: eso es lo que dejó al descubierto la auditoría realizada sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) después de la salida de su conductor.
La intervención del organismo elaboró el informe tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, quien estuvo al frente de la Andis hasta el 21 de agosto de 2025. El trabajo examinó la gestión hasta esa fecha y relevó pagos a droguerías, deudas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos, nómina de empleados y declaraciones juradas.
$158.717 millones que nadie puede explicar
El eje del informe es contundente: «se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible», según consigna el propio documento. La cifra surge de comparar la información entregada por dos áreas con responsabilidad directa sobre las finanzas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), que implementaba programas como Incluir Salud.
Fue precisamente la Dnass la que informó el monto de deuda más elevado. Y fue también la Dnass la que, según el informe, presentó posibles imprecisiones en los datos entregados: desde esa dirección advirtieron que tanto los importes como su clasificación podían haber registrado variaciones por errores involuntarios en la carga realizada por prestadores. Una explicación que los auditores no consideraron suficiente para cerrar el caso.
Pagos sin control previo y la figura del «legítimo abono»
La auditoría también puso el foco en la utilización del mecanismo conocido como legítimo abono, una figura que permite pagar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. En otras palabras: primero se entrega el servicio, después se busca la forma de pagarlo, saltando los controles que el Estado establece para garantizar transparencia y competencia en las compras.
El informe señaló que hasta la fecha de corte el organismo continuaba utilizando ese mecanismo y que solo se habían iniciado seis procedimientos de compras vinculados con esos servicios. Los auditores no identificaron en detalle cuáles fueron los pagos efectuados bajo esa figura, pero revelaron un dato que habla por sí solo: los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
Una causa judicial que avanza sobre posibles coimas
La Dnass no solo está en el centro del desfasaje contable. También es objeto de una investigación judicial que conduce el fiscal Franco Picardi, quien analiza un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra. Según la acusación fiscal, esos procesos habrían presentado sobreprecios y deficiencias graves en los procedimientos administrativos.
La causa judicial que involucra a Spagnuolo suma así una nueva dimensión: ya no se trata solo de irregularidades contables sino de una posible estructura de corrupción que habría operado durante su conducción del organismo. La justicia federal rechazó además el pedido de Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente, según trascendió de fuentes judiciales, lo que mantiene activa una de las líneas de investigación más sensibles del caso.
Lo que tenés que saber
- La auditoría detectó un desfasaje de $158.717.131.557,63 entre los registros de deuda de la DPYC y la Dnass en la ex Andis.
- Los prestadores de medicamentos e insumos cobraron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
- Parte de esos pagos se realizó bajo la figura de legítimo abono, sin los controles administrativos previos obligatorios.
- El fiscal Franco Picardi investiga un presunto fraude con posibles coimas de hasta el 20% en los procesos de compra de la Dnass.
- La justicia rechazó el pedido de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de los audios incorporados al expediente.
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