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La cultura del odio de Revolución Federal: Morel y Sosa fueron citados a ampliar su declaración

De Giorgi citó a ambos por incidentes ocurridos frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó al procesado referente de la agrupación Revolución Federal Jonathan Morel a una ampliación de su declaración indagatoria el 5 de junio próximo en virtud de nuevos episodios por los cuales fue imputado.

Morel está procesado sin prisión preventiva por «incitación a la violencia colectiva» y será indagado nuevamente para que ejerza su derecho a defensa por «otras conductas» que podrían encuadrar en este delito, como proferir frases amenazantes el 4 de julio del año pasado a dos legisladoras del Frente de Todos y al ex ministro y actual intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, en inmediaciones de la Casa Rosada, el día de la jura como ministra de Economía de Silvina Batakis, informaron fuentes judiciales.

También ampliará su declaración indagatoria otro de los procesados en la causa, Leonardo Sosa.

Entre los nuevos episodios vinculados a este delito, el fiscal federal Gerardo Pollicita imputó a Morel «haber proferido frases amenazantes contra Maia Daer y Claudia Neira, ambas legisladoras de la ciudad de Buenos Aires por la coalición Frente de Todos, como así también contra Jorge Ferraresi, , ex ministro de la Nación y actual intendente de Avellaneda».

A Ferraresi, Morel le gritó «traidor a la Patria, te vamos a prender fuego», en las inmediaciones de la Casa Rosada el 4 de julio de 2022

El juez dispuso también informar a Ferraresi de la existencia de esta causa.

Entre los hechos por los cuales se ampliarán las indagatorias está en el caso de Sosa, incidentes frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 22 de agosto de 2022 cuando según la acusación habría forcejeado con un efectivo policial que le ordenó dejar de romper unas vallas apostadas en el lugar.

A Morel se lo imputó además por haber incitado a la violencia colectiva el 19 de agosto de 2022 durante una trasmisiòn en vivo difundida a travès de la plataforma «Twitter Space» en la cual profirió «insultos y amenazas» al periodista Víctor Hugo Morales y personal del canal de noticias C5N.

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Cuadernos: Casación frenó el atajo de la reparación integral y sigue el juicio

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de las defensas de Cristóbal López, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio y otros imputados que buscaban extinguir la acción penal con ofrecimientos de dinero. El debate oral ante el TOF N° 7 sigue, y el único matiz lo puso el juez Slokar, que consideró que correspondía oír a las partes.

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Fachada del edificio de los tribunales federales de Comodoro Py, en Retiro

Cincuenta imputados de la causa Cuadernos ofrecieron dinero para que la Justicia extinguiera la acción penal en su contra, y la Cámara Federal de Casación Penal les cerró ese camino: la continuidad del debate oral quedó firme y el juicio sigue en pie.

La Sala I, integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, declaró inadmisibles los recursos de las defensas contra resoluciones del Tribunal Oral Federal N° 7 que habían rechazado planteos de nulidad y pedidos de reparación integral del perjuicio. La decisión se conoció este jueves.

Quiénes recurrieron

Los recursos fueron presentados y acompañados por defensas de imputados entre los que figuran Cristóbal López, Carlos De Sousa, Ángel Calcaterra, Aldo Roggio, Armando Loson, Juan Carlos de Goycoechea, Mario Rovella, Héctor Sánchez Caballero, Juan Manuel Abal Medina, Roberto Orazi, Miguel Marconi y Juan José Luciano, entre otros empresarios y exfuncionarios.

Los pedidos de reparación integral

En la etapa de juicio, el TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que pretendían extinguir la acción penal mediante ofrecimientos de reparación integral del perjuicio, una figura prevista en el artículo 59, inciso 6°, del Código Penal. Esos ofrecimientos se basaban en la actualización de embargos cautelares por sumas que iban de $300.000 a más de $1.800 millones. Los pedidos fueron rechazados con la oposición de la fiscal general Fabiana León y de la Unidad de Información Financiera (UIF).

La causa Cuadernos se inició en 2018 a partir de los registros del chofer Oscar Centeno, quien documentó supuestos traslados de dinero desde empresas contratistas del Estado hacia funcionarios del Ministerio de Planificación Federal. Se trata de una megacausa con más de un centenar de acusados, entre ellos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El voto de Petrone

En su voto, Petrone sostuvo que las decisiones impugnadas no constituyen sentencia definitiva ni resultan equiparables a ella por sus efectos, y que tampoco encuadran entre los autos previstos por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación para habilitar la instancia de casación.

El magistrado recordó además la doctrina de la Corte Suprema según la cual los pronunciamientos que obligan al imputado a seguir sometido a proceso no ponen fin al pleito ni generan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior.

Sobre el rechazo de la reparación integral, Petrone remarcó que la complejidad de la causa, con multiplicidad de hechos e imputados, requiere que el debate oral avance para precisar los extremos fácticos de la imputación y las responsabilidades de cada interviniente.

La adhesión de Barroetaveña y el matiz de Slokar

Barroetaveña adhirió en lo sustancial al voto de su colega. Slokar, en cambio, consideró que correspondía oír a las partes, aunque aclaró que esa postura no implicaba adelantar opinión sobre el fondo de la cuestión.

Lo que tenés que saber:

  • La Sala I de Casación declaró inadmisibles los recursos de las defensas y dejó firme la continuidad del debate oral ante el TOF N° 7.
  • La Sala está integrada por Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.
  • El TOF N° 7 había rechazado los planteos de cincuenta imputados que buscaban extinguir la acción penal por reparación integral (artículo 59, inciso 6°, del Código Penal).
  • Los embargos actualizados iban de $300.000 a más de $1.800 millones, y la fiscal general Fabiana León y la UIF se opusieron.
  • Petrone consideró que las resoluciones no son sentencia definitiva; Barroetaveña adhirió y Slokar opinó que correspondía oír a las partes.
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