Política 📢
Dirigentes del PRO respaldan a Milei en medio del escándalo por la cripto estafa de $LIBRA
Santilli, Ritondo y otros oficialistas salieron a apoyar la cripto estafa e Milei con más argumentos que el presidente.
El reciente escándalo financiero desatado por el presidente Javier Milei, al promocionar la criptomoneda $LIBRA que experimentó una abrupta subida y posterior desplome en su cotización, continúa generando repercusiones en el ámbito político argentino.
El partido oficialista, La Libertad Avanza, especialmente su filial en la Provincia de Buenos Aires, defendió al mandatario y acusó a la oposición de intentar politizar la situación. En un comunicado, señalaron: «Pretenden utilizar la opinión del Presidente para armar un circo político». Además, calificaron las críticas como «un despropósito jurídico que atenta contra nuestra Constitución y es propio de los payasos oportunistas».
El partido enfatizó la transparencia de Milei al eliminar el tuit promocional y aclarar su falta de vinculación con el proyecto $LIBRA: «Su eliminación y aclaración muestran que no hubo intención de defraudar. Estamos frente a una nueva era y somos garantes de ella. Cualquier debate es legítimo. La democracia se fortalece con más libertad, no con censura encubierta».
Desde el PRO, figuras destacadas también manifestaron su respaldo al presidente. Cristian Ritondo, jefe de la bancada de diputados nacionales del partido, cuestionó las críticas de la oposición: «Los que fundieron la Argentina piden juicio político. 20 años llevándose puesto todo y ahora se hacen los moralistas y los republicanos. No tienen vergüenza».
Por su parte, Diego Santilli, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, expresó: «Los ladrones piensan que todos son de su misma condición. Lamento decirles que NO».
Damián Arabia, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, coincidió con sus colegas y señaló: «Los que se chorearon todo y fundieron el país, ahora presentan un pedido de juicio político. 20 años robando los sueños y el futuro de los argentinos. Caraduras. No tienen vergüenza».
Mientras tanto, la oposición ha intensificado sus críticas hacia el presidente. Legisladores de diferentes bloques han solicitado explicaciones y, en algunos casos, han propuesto iniciar un juicio político contra Milei, argumentando una posible conducta ilegal e inapropiada al promocionar una criptomoneda que resultó perjudicial para numerosos inversores.
Ante la magnitud del escándalo, organismos reguladores y judiciales han iniciado investigaciones para determinar si existió alguna irregularidad o conflicto de intereses en la promoción de $LIBRA por parte del presidente. Estas pesquisas buscan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades en caso de confirmarse alguna transgresión legal.
Comunidad 👥
Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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