Legislativo
Investigan a Milei y Villarruel por presunta compra de votos para aprobar la Ley Bases
El exsenador Héctor Maya solicita una investigación sobre los altos funcionarios tras un escándalo vinculado a un hallazgo de dinero en Paraguay
Lo que tenés que saber
- El exsenador Héctor Maya pidió una investigación sobre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel.
- Se les vincula a un supuesto esquema de sobornos para la aprobación de la Ley Bases.
- Maya asegura que existe una “relación directa” entre el dinero hallado en Paraguay y el Poder Ejecutivo.
- La acusación involucra al senador Edgardo Kueider, quien fue detenido con más de 200 mil dólares.
- Se señala que Villarruel habría sido cómplice en la compra de votos durante la votación de la ley.
- Maya comparó este caso con el escándalo de la ley Banelco en la era de De la Rúa.
Héctor Maya pide investigar a Milei y Villarruel por presuntos sobornos
El exsenador peronista de Entre Ríos, Héctor Maya, solicitó que se investigue al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, debido a la sospecha de que ambos podrían estar involucrados en un esquema de compra de votos para aprobar la Ley Bases en el Senado. La solicitud de Maya se enmarca en un escándalo que involucra a Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay mientras intentaba cruzar la frontera con más de 200 mil dólares sin declararlos.
La relación con el hallazgo de dinero en Paraguay
Maya sostiene que el dinero encontrado en Paraguay tiene una “relación directa” con el Poder Ejecutivo, insinuando que podría ser un pago por sobornos relacionados con la votación de la Ley Bases. El exsenador denunció que la compra de votos y el soborno de senadores para la aprobación de esta ley es un hecho claro que debe ser investigado a fondo. Según Maya, el dinero encontrado en Paraguay, además de los 300 mil dólares pagados por la fianza de Kueider, levanta serias dudas sobre las intenciones del Ejecutivo.
“Esto evidentemente constituye una vinculación grave”
Maya, quien fue miembro informante en contra de la Ley Banelco, comparó el escándalo actual con los hechos ocurridos en el pasado. “Esto evidentemente constituye una vinculación grave, precisa y concordante que conduce a un ilícito. El ilícito es que compraron la voluntad y un voto de senadores para aprobar una ley”. Además, subrayó que la vicepresidenta Villarruel fue cómplice de esta maniobra, ya que permitió desempatar la votación en el Senado mediante el voto de un senador presuntamente sobornado.
Dudas sobre la legitimidad de los acuerdos
En su denuncia, Maya también destacó que antes de la votación, hubo una circulación inusual de opositores que se dirigían regularmente a la Casa de Gobierno. Esto, según el exsenador, revela que hubo un proceso de compra de votos, que inicialmente pudo haber parecido una negociación legislativa, pero que con la aparición de grandes sumas de dinero se convierte en un claro acto de corrupción.
Comparación con el caso Banelco
Maya no dejó de criticar el tratamiento del caso, comparando la situación actual con la investigación que se llevó a cabo contra el expresidente Fernando de la Rúa en el caso Banelco. En ese contexto, cuestionó por qué el presidente Milei no está siendo investigado con la misma seriedad y urgencia que De la Rúa. “Uno inicialmente pensó que era una negociación como se hace habitualmente cuando un legislador defiende un interés de una provincia y negocia en una ley. Pero cuando aparece semejante cantidad de dinero como el que se verificó en Paraguay y otro que seguramente está oculto, demuestra que hay un grado de corrupción donde no se puede dejar de investigar la participación del presidente”, afirmó.
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Milei cede en discapacidad: una nueva derrota política del ajuste
El oficialismo presentó un proyecto que adopta casi todas las demandas de la oposición sobre el sistema de protección social de la discapacidad, abandonando el esquema de desmantelamiento que insinuó en el Presupuesto 2027. La maniobra evita una nueva derrota legislativa, pero la oposición advierte que no hay garantías reales de financiamiento.
Más de 840.000 personas con discapacidad en Argentina estuvieron al borde de perder las garantías básicas de sus prestaciones. El Gobierno de Javier Milei había insinuado en el envío del Presupuesto 2027 el desmantelamiento del sistema de protección social del sector; ahora, ante la inminencia de una nueva derrota parlamentaria, retrocede de manera categórica y ofrece un proyecto propio que toma en cuenta la mayoría de las pautas que la oposición buscaba prorrogar.
El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente el texto a los jefes de los bloques aliados y dialoguistas en una reunión realizada en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. El dictamen, de una veintena de artículos, estará disponible para su firma este miércoles desde las 12 horas en el plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda.
Qué garantiza el proyecto oficialista
El texto presentado por el oficialismo mantiene el principio de nomenclador único y ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones. También asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles, y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para los beneficiarios.
En materia presupuestaria, el proyecto establece que los gastos «deberán garantizar un crédito presupuestario suficiente que asegure la sostenibilidad real y permanente del sistema, no pudiendo ser inferiores en términos reales al del ejercicio inmediato anterior». Además, el Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, deberá realizar las asignaciones y readecuaciones presupuestarias necesarias «para garantizar la continuidad inmediata de todas las prestaciones y beneficios». El texto también crea un sistema de auditorías periódicas con cruce de bases de datos de ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER bajo el principio del debido proceso inclusivo, e incorpora una cláusula transitoria para el cumplimiento del cronograma de pagos de compensaciones a prestadores.
La diferencia de fondo: el nombre cambia, el debate continúa
El punto central de la disputa no es solo el contenido sino la forma jurídica. El oficialismo sostiene que su dictamen es «superador» porque elimina el carácter de «emergencia», convirtiendo el régimen en una política permanente sin fecha de caducidad. La oposición, sin embargo, desconfía. Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insistirán con la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el 31 de diciembre próximo.
«Tienen una crisis interna y de credibilidad. La Libertad Avanza propone sostener la Ley de Emergencia en Discapacidad, pero le cambia el nombre para no perder la batalla cultural. ¿Por qué creerles después del Presupuesto 2027 que enviaron? La emergencia debe ser prorrogada», advirtió el diputado nacional Pablo Juliano, de Provincias Unidas.
Un diputado de Unión por la Patria fue todavía más directo: confiar en el Gobierno sobre el financiamiento real es «un acto de fe», sostuvo, y señaló que las partidas no están garantizadas en el Presupuesto. «Hacen esto para que no haya posibilidad de más judicializaciones después del 31 de diciembre, porque ya no habrá emergencia», conjeturó el legislador.
Una derrota política disfrazada de iniciativa
La maniobra del oficialismo es, antes que nada, un ejercicio de control de daños. Durante 2024, el Gobierno acumuló seis derrotas legislativas consecutivas en materia de discapacidad. La presentación de este proyecto propio permite a La Libertad Avanza recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar una nueva derogación o prórroga impuesta por la oposición, pero al precio de asumir como propio el núcleo de aquello que resistió durante meses.
Lo que quedaría fuera del dictamen oficialista es el análisis de costos de las prestaciones y la definición de discapacidad atada a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, dos puntos que la oposición y las organizaciones del sector consideran fundamentales.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, llegó a la reunión cuando ya estaba avanzada y avaló el curso de las negociaciones. Firmará el dictamen oficialista una amplia coalición de bloques: La Libertad Avanza, Adelante Buenos Aires, MID, PRO, UCR, Elijo Catamarca, Producción y Trabajo, Argentina Federal, La Neuquinidad, Independencia y Por Santa Cruz, lo que alcanzaría holgadamente para constituirlo en dictamen de mayoría.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo presentó un proyecto propio sobre discapacidad que adopta los ejes centrales reclamados por la oposición, retrocediendo del esquema de ajuste anunciado en el Presupuesto 2027.
- El texto mantiene el nomenclador único, la indexación automática de aranceles, la compatibilidad entre pensión y empleo, y la cobertura del Plan Federal Incluir Salud.
- La diferencia clave: el oficialismo elimina el carácter de «emergencia» para convertir el sistema en política permanente; la oposición desconfía de las garantías reales de financiamiento.
- Unión por la Patria, un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda insisten en prorrogar la ley 27.793, que vence el 31 de diciembre.
- El Gobierno llega a esta negociación tras acumular seis derrotas legislativas en discapacidad durante 2024.
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