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Gremiales

Presunta triangulación de fondos y amenazas a empleados: denuncia contra Lácteos Vidal

La denuncia se sustenta en documentación de la Justicia de EE.UU. que vincula a Fred Machado con Alejandra Bada Vázquez y aportes a la campaña de Patricia Bullrich.

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El gremio de trabajadores de la industria láctea (ATILRA) presentó este miércoles ante la Justicia federal una denuncia contra la empresa Lácteos Vidal, señalando posibles maniobras de narcotráfico internacional, triangulación de fondos ilícitos y graves violaciones laborales, en el marco de la causa Nº 31095/2025.

Según el sindicato, las pruebas incluyen documentación proveniente de la Justicia de Estados Unidos, que revelaría transferencias millonarias desde cuentas asociadas al narcotraficante Fred Machado hacia Alejandra Bada Vázquez, titular de la firma, así como aportes por $215 millones a la campaña presidencial de Patricia Bullrich en 2023.

_“Estamos frente a un caso que trasciende lo laboral: hay un entramado que conecta narcotráfico, poder económico y financiamiento político”, señalaron los representantes gremiales.

Solicitudes judiciales y medidas cautelares

El abogado de los trabajadores, Dr. Julián Martín Coronel, pidió a la Justicia que se frene la escisión societaria que impulsa la empresa y se suspenda el levantamiento de medidas cautelares, con el objetivo de evitar el vaciamiento patrimonial y garantizar el crédito laboral.

Además, solicitaron que se investigue el origen de los fondos y las posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a Machado, detenido en Texas junto a Debra Mercer-Erwin por tráfico de cocaína.

Antecedentes laborales y denuncias de violencia

ATILRA recordó que Lácteos Vidal habría despedido trabajadores por actividad gremial, violado fallos judiciales y expuesto al personal a condiciones sanitarias peligrosas durante la pandemia, lo que derivó en la muerte de un obrero por COVID-19.

Asimismo, denunciaron episodios de violencia directa por parte de la titular de la firma:

_“Amenazó a empleados con un arma de fuego y se presentó como víctima de bloqueos sindicales, con apoyo del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos”, ligado al espacio de Bullrich.

El sindicato subrayó que la Cámara tiene una responsabilidad institucional y moral y concluyó:

_“No puede permitir que el narcotráfico financie empresas ni campañas políticas mientras se pisotean derechos laborales”.

Espectáculos 🎭

BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales

El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.

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La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.

El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.

Qué reclama el gremio

Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.

El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.

La respuesta de la UPSRA

La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.

El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.

La provincia intervino con una conciliación obligatoria

El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.

Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.

Un conflicto que no es nuevo

Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.

El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.

Lo que tenés que saber:

  • SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
  • El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
  • La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
  • El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
  • SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.

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