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Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso

El presidente tendrá su presentación este domingo a las 21 en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados.

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En un hecho inédito desde la restauración democrática, el presidente Javier Milei concurrirá al Congreso Nacional este domingo para presentar el Presupuesto 2025, a fin de exponer cuáles serán los principales parámetros de esa ley de gastos y recursos con la mirada puesta en alcanzar el déficit cero.

Milei tendrá su presentación este domingo a las 21 en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados y lo hará parado desde un atril que se ubicará al costado del estrado central, como lo hizo en la apertura de sesiones ordinarias del pasado 1 de marzo.

Su discurso será transmitido por cadena nacional, así quedó establecido en una comunicación oficial enviada por el Gobierno a todos los servicios de comunicación audiovisual del país.

De esta manera, el Gobierno cumplirá con la disposición establecida en la ley de Administración que debe presentar como fecha tope el 15 de septiembre el presupuesto para el próximo año, donde se establecen los gastos y recursos.

Si bien la presentación de la «ley de leyes» se efectúa ante la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, en este caso se efectuará en el recinto de sesiones, pero con el mismo formato, es decir que pronunciará un discurso y luego se retirará, sin posibilidad que los legisladores formulen preguntas.

La tradición señala que el Presupuesto es presentado por el ministro de Economía, y posteriormente los funcionarios del equipo económico, concurren a exponer en la comisión y a responder las consultas de los legisladores.

Milei se presentará ante un pleno del cuerpo que, ésta vez, tendrá una presencia menor que cuando inaugura todos los primeros de marzo las sesiones ordinarias, ya que los bloques opositores concurrirán con una delegación, algunos más reducida y otras más nutrida.

Unión por la Patria solo enviará una delegación de los legisladores que conforman la comisión de Presupuesto.

Encuentro Federal también asistirá este domingo, pero solo lo harán cuatro de sus 16 legisladores, ya que participarán el presidente de EF, Miguel Ángel Pichetto, acompañado por Margarita Stolbizer, Esteban Paulon y Florencio Randazzo.

En cambio, la izquierda decidió que no concurrirá a la presentación del Presupuesto y argumentó: «No vamos a ir a un acto de este gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo».

Solo garantizan una presencia masiva la bancada oficialista la Libertad Avanza, el PRO, bloques provinciales más cercanos al oficialismo como Independencia, CREO y Producción y Trabajo.

El radicalismo también concurrirá con una delegación «nutrida» según informaron voceros de la bancada, que preside Rodrigo de Loredo.

Milei llegará al recinto de sesiones luego de haber obtenido la victoria de poder ratificar el veto a la ley jubilatoria, ya que la oposición no logró reunir los dos tercios, y tras haber anunciado ayer que vetará en forma total el aumento del presupuesto universitario y que el Congreso derogue el decreto que asignaba 100 mil millones de pesos reservados a la SIDE.

En este contexto, el oficialismo no tendrá una misión fácil para lograr aprobar el presupuesto 2025, ya que tiene minoría en las dos cámaras, lo cual lo obligará a intensas negociaciones con los bloques dialoguistas, ya que se descarta que Unión por la Patria y la izquierda lo rechazarán de plano.

El Gobierno ya anticipó en julio cuáles serán los ejes del presupuesto para el 2025 y en ese sentido estableció que buscará mantener el equilibrio fiscal, eliminar la intermediación para la asistencia social y fortalecer las áreas de Defensa y Seguridad Interior.

En un informe enviado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno se plantea mantener «las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo 
y los ingresos».

«Es prioridad de esta gestión continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficacia y eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad», agrega el oficialismo en su informe de avance del Presupuesto 2025. 

Sobre las previsiones impositivas para el 2025, el Gobierno proyecta que la recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones aumentará un 54,4% respecto a la recaudación proyectada para el año 2024, reduciéndose 0,45 p.p. del PIB respecto al año anterior. 

«La presión tributaria pasaría de 21,61% del PIB en el año 2024 a 21,16% en el año 2025. Este cambio en la presión impositiva total responde al efecto neto de modificaciones en el contexto macroeconómico y de medidas de política y administración tributaria, destacándose la menor recaudación como consecuencia de la finalización de la vigencia del impuesto PAIS», destaca.

Plantea como otra meta central la eliminación de las organizaciones sociales para la asistencia social y en ese sentido señala que habrá «acompañamiento social sin intermediaciones, realizando esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones».

Otro eje central será la reforma del estado y en ese sentido señala que «el objetivo de esta gestión es hacer un Estado moderno, eficaz, eficiente, simple y útil para los ciudadanos, ocupado en sus funciones esenciales para no entorpecer las condiciones para el desarrollo del sector privado, favoreciendo la libre empresa».

«La simplificación y racionalización de la estructura estatal planteada con el objetivo de lograr un uso eficaz y eficiente de los recursos aportados por los ciudadanos», subraya en el informe enviado a la Cámara de Diputados.

El Gobierno también se propone fortalecer las áreas de seguridad y defensa con la compra de nuevo equipamiento ya que «esta gestión considera que para que un país sea próspero debe sostener firmemente su soberanía territorial y para ello debe contar con Fuerzas Armadas capaces de defender sus fronteras y erradicar o desalentar posibles amenazas externas».

Destaca que «el fortalecimiento y revalorización de las fuerzas de la Defensa continuará siendo una prioridad como así también será prioridad seguir dotando a las fuerzas federales del equipamiento necesario y de la capacitación continua para garantizar la seguridad interior como un derecho de todos los argentinos, con énfasis en la prevención del delito y la investigación del crimen organizado».

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La oposición logró el quórum en Diputados y tratarán endeudamiento y emergencia en discapacidad

Con 135 diputados presentes, más que los 129 necesarios, la oposición abrió este miércoles la sesión especial para emplazar a las comisiones a dictaminar sobre deuda familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad. Afuera, jubilados, personas con discapacidad y ciudadanos endeudados marcharon a la Plaza de los Dos Congresos. La Libertad Avanza, que intentó hasta último momento evitar la sesión, finalmente aportó su propio quórum para no quedar afuera del debate.

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El Argentino Diario-Congreso de la Nación.

Esste mediodía la Cámara de Diputados alcanzó el quórum con 135 legisladores presentes y habilitó la sesión especial convocada por la oposición para tratar dos temas de impacto directo en millones de familias argentinas: el emplazamiento a las comisiones para que dictaminen sobre más de 50 proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad, y la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia vence a fin de 2026. El número superó holgadamente el mínimo reglamentario y ratificó la presión acumulada por bloques opositores que, desde agosto, venían midiendo fuerzas con el Gobierno.

El pedido de sesión especial fue suscripto por los diputados Pablo Juliano, Germán Martínez (Unión por la Patria), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Encuentro Federal), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal). A ellos se sumaron Provincias Unidas, con casi la totalidad de sus 18 integrantes, y legisladores vinculados a gobernadores peronistas y no peronistas, desde Misiones y Catamarca hasta Santa Fe y Córdoba. El resultado fue una amplia coalición que desbordó los límites del kirchnerismo.

El Gobierno intentó bajar la sesión y no pudo

La estrategia del oficialismo consistió en intentar torcer voluntades ofreciendo un cronograma propio de tratamiento en comisiones. Los presidentes oficialistas de las comisiones de Finanzas y Discapacidad, Santiago Pauli y Gerardo Huesen, propusieron dictaminar los proyectos de discapacidad el 23 de septiembre y los vinculados con morosidad familiar el 30 de septiembre. La oposición rechazó el cronograma y lo calificó de maniobra para dilatar el debate: el compromiso no estaba firmado ni era vinculante, y el antecedente de demoras previas pesaba en la memoria parlamentaria.

La víspera de la sesión, emisarios del Gobierno se reunieron con bloques dialoguistas para intentar sumar adhesión a su cronograma y desarmar el quórum. El resultado fue revelador: el misionero Oscar Herrera Ahuad enumeró cinco reclamos concretos del sector de discapacidad y los funcionarios enviados por el Ejecutivo no pudieron responderlos. La diputada Yolanda Vega (Argentina Federal) se retiró de la reunión molesta por la falta de respuestas. Sin margen para impedir la sesión, el Gobierno optó por una segunda línea: dar quórum y participar del debate antes que quedar afuera del control del proceso. La decisión desnudó la paradoja: el oficialismo que semanas atrás boicoteó la sesión terminó siendo parte del número que la habilitó.

20 millones de endeudados, 6 millones en mora

Los impulsores de la sesión describieron la magnitud del problema que motivó la convocatoria: más de 20 millones de personas endeudadas en el país y alrededor de seis millones en situación de mora, con dificultades concretas para cancelar sus obligaciones. Los proyectos en discusión incluyen desde la protección reforzada de las cuentas sueldo frente a embargos hasta la declaración de una emergencia crediticia para los hogares con deudas, pasando por mecanismos de regularización y reestructuración de pasivos. El objetivo de la sesión no fue votar esas iniciativas, sino obligar a las comisiones a emitir dictamen en plazos concretos.

Herrera Ahuad, cuyo proyecto toma como referencia la legislación de la provincia de Misiones, señaló que el debate reúne cerca de 40 iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y advirtió que existe un «doble discurso» en el Gobierno: mientras el ajuste aplasta los ingresos de los hogares, los mismos funcionarios que lo instrumentan exhiben gastos que no condicen con el discurso de austeridad. «Ese doble discurso hoy quedó expuesto porque vamos a tener quórum, y discutiremos el desendeudamiento de las familias argentinas», sostuvo el legislador. Antes del debate en el recinto, la Comisión de Finanzas ya había escuchado a representantes del sistema financiero: Francisco Gismondi, de ADEBA, sostuvo que los bancos resuelven refinanciaciones caso por caso sin necesidad de una ley, una posición que la oposición rechazó como insuficiente frente a la escala del problema.

La calle también habló: jubilados y familias con discapacidad en el Congreso

Mientras el debate se desarrollaba en el recinto, la Plaza de los Dos Congresos concentró desde las 11 a personas endeudadas, organizaciones del sector de discapacidad y jubilados que reclamaron avances legislativos concretos. La movilización fue el correlato callejero de una disputa parlamentaria que se arrastra desde meses y que el Gobierno buscó gestionar con promesas de cronogramas que la oposición y las propias organizaciones afectadas consideraron insuficientes.

El sector de discapacidad, en particular, lleva más de un año acumulando agravios: la emergencia vigente hasta diciembre de 2026 fue resultado de una dura pulseada parlamentaria que incluyó, en septiembre de 2025, la reversión por el Senado del veto presidencial a la ley, con 63 votos a favor y solo siete en contra. La prórroga que hoy se debate en comisiones no es un trámite menor; es la garantía de que las coberturas, los prestadores y los derechos de las personas con discapacidad no queden otra vez a la intemperie legal mientras el Gobierno diseña sus propios proyectos.

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