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Bullrich y Villarruel se reúnen en el Senado con agenda legislativa y tensiones internas de fondo

La ministra de Seguridad y senadora electa se verá con la vicepresidenta en un encuentro que despierta expectativa por las diferencias públicas entre ambas figuras del gobierno libertario.

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Bullrich y Villarruel se reunirán el viernes en medio de las tensiones internas.

★ La ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich se reunirá este viernes a las 12 con la vicepresidenta Victoria Villarruel, según confirmaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas. El encuentro se produce en un contexto de crecientes roces al interior del oficialismo y expectativa por la agenda legislativa de fin de año.

Avance de la reforma laboral por el Senado

El miércoles pasado, Bullrich mantuvo un encuentro con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en el que adelantó que la reforma laboral ingresará por el Senado durante diciembre. La decisión busca sortear las dificultades que el gobierno enfrenta en la Cámara de Diputados, donde no cuenta con mayoría propia.

La estrategia legislativa del oficialismo incluye también el tratamiento del Presupuesto 2025 en el Senado. Fuentes parlamentarias indicaron que se buscará aprobar el proyecto el 22 de diciembre si hay acuerdo, o después de Navidad pero antes de fin de año en caso de no alcanzar consensos.

Tensiones entre Villarruel y el núcleo del gobierno

La reunión entre Bullrich y Villarruel cobra relevancia en el marco de las diferencias que la vicepresidenta mantiene con sectores del gobierno libertario. Villarruel ha protagonizado cruces públicos con varios funcionarios del gabinete de Javier Milei, lo que generó especulaciones sobre un progresivo distanciamiento con el presidente.

Las tensiones se evidenciaron en diversas ocasiones durante 2024, cuando la vicepresidenta tomó posiciones divergentes respecto a figuras clave del oficialismo. Los roces abarcaron desde cuestiones de agenda política hasta diferencias en el manejo de temas sensibles en materia de derechos humanos y política exterior.

El rol de Bullrich en la transición al Senado

Patricia Bullrich asumirá su banca en el Senado en marzo de 2025, pero ya comenzó a tejer vínculos con los legisladores oficialistas. Su desembarco en la Cámara alta representa un desafío para el gobierno, que necesita ampliar su base de apoyo para aprobar iniciativas clave como la reforma laboral y el presupuesto.

La ministra de Seguridad mantiene además una agenda de reuniones con distintos bloques parlamentarios, buscando construir consensos para las iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar en los meses venideros.

Relación compleja entre dos figuras fuertes

El vínculo entre Bullrich y Villarruel no ha estado exento de rispideces. Ambas representan sectores con miradas diferenciadas dentro del amplio espectro que conforma La Libertad Avanza, y han evidenciado estilos políticos contrastantes en su gestión pública.

Mientras Bullrich encarna el ala más confrontativa del gobierno en materia de seguridad y orden público, Villarruel ha intentado construir un perfil propio desde la vicepresidencia, con posicionamientos que en ocasiones la diferenciaron del discurso presidencial.

La reunión del viernes será observada con atención por la dirigencia política, que interpreta estos encuentros como termómetros de la interna oficialista de cara al año electoral 2025.

Puntos clave:

• Patricia Bullrich se reunirá el viernes a las 12 con Victoria Villarruel en el Senado
• La ministra adelantó que la reforma laboral ingresará por el Senado en diciembre
• El Presupuesto 2025 se buscará aprobar entre el 22 de diciembre y antes de fin de año
• El encuentro se da en medio de tensiones internas entre Villarruel y sectores del gobierno de Milei
• Bullrich asumirá como senadora en marzo de 2025 y ya articula con los bloques parlamentarios

CABA

Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri

El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.

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El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.

Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.

La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.

Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.

El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.

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