El presidente Javier Milei confirmó que remitirá al Senado un proyecto para modificar la ley que regula el Banco Central, con el objetivo declarado de prohibir que la entidad financie el déficit. La iniciativa, elaborada en conjunto por el Ministerio de Economía, el de Desregulación y el propio BCRA, incluye sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del organismo y un mecanismo de «shutdown» estatal. El blanco explícito es la reforma sancionada en 2012 durante el kirchnerismo.

El presidente Javier Milei confirmó que enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la norma que desde 1992 establece las funciones, los límites y los objetivos de la autoridad monetaria. Según fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto presentar los lineamientos centrales de la iniciativa a través de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, para luego remitir el proyecto al Senado e iniciar el tratamiento legislativo durante el segundo semestre.

La propuesta es elaborada de manera conjunta por el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Para el Gobierno, se trata de una reforma estructural destinada a impedir que futuras administraciones vuelvan a utilizar el Banco Central como fuente de financiamiento del gasto público.

Qué propone la reforma y qué quiere eliminar

El texto definitivo del proyecto todavía no fue presentado, pero desde el oficialismo adelantaron los principales ejes que contendrá. El primero y más enfático es la prohibición expresa de que el BCRA financie el déficit fiscal mediante emisión monetaria, uno de los pilares del programa económico de la gestión libertaria. En esa dirección, la iniciativa propone eliminar las denominadas «letras intransferibles», el mecanismo históricamente utilizado para asistir al Tesoro nacional sin registro contable directo en las reservas.

El proyecto también prevé endurecer las condiciones para remover a las autoridades del directorio del BCRA, reforzar la independencia institucional del organismo frente al Poder Ejecutivo y terminar con el esquema de «utilidades contables» o «ficticias», salvo en escenarios excepcionales de deflación. Entre las novedades más llamativas aparece la incorporación del concepto de «shutdown», un mecanismo que limitaría el funcionamiento del Estado si se agotaran las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso, al estilo del modelo estadounidense. Asimismo, se contemplan sanciones penales para funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o autoricen emisiones prohibidas por la nueva ley.

La reforma de 2012, en el centro del blanco

El objetivo político de la iniciativa tiene un destinatario histórico preciso. La última gran modificación de la Carta Orgánica ocurrió en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, mediante la Ley 26.739 impulsada por la entonces titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. Aquella norma amplió significativamente el mandato del organismo al incorporar, junto a la estabilidad monetaria, objetivos vinculados con el desarrollo económico con equidad social, el empleo y la estabilidad financiera. Además, flexibilizó los mecanismos de asistencia al Tesoro, habilitando una mayor utilización de la emisión monetaria para financiar necesidades fiscales.

Milei apuntó específicamente contra ese cambio durante una exposición reciente en la Fundación Faro, donde sostuvo que «la bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos» y que, con esa reforma, quedó habilitado emitir dinero «por cualquier motivo». «Así estábamos, nos dejaron plantada una hiper», afirmó. La frase condensa el argumento central del libertarismo: que la inflación argentina tiene su origen en la permisividad legal con la que distintos gobiernos utilizaron el Banco Central para cubrir déficits, y que la solución es blindar institucionalmente la prohibición de emisión.

Una reforma en sintonía con el FMI

Lo que el discurso oficial no suele mencionar con igual énfasis es que la reforma de la Carta Orgánica es también una exigencia implícita del Fondo Monetario Internacional en el marco del programa de Servicio Ampliado suscripto en abril de 2025 por 20.000 millones de dólares. El organismo viene señalando en distintas revisiones la necesidad de avanzar en una mayor independencia del BCRA y en un esquema monetario que consolide la prohibición de financiamiento al Tesoro, objetivos que coinciden punto por punto con la propuesta gubernamental. En abril de 2026, la segunda revisión del acuerdo habilitó un desembolso adicional de 1.000 millones de dólares, mientras la deuda total con el FMI rondaba los 57.100 millones de dólares al cierre de 2025.