El Poder Ejecutivo presentó hoy un proyecto de ley que propone la implementación del divorcio simplificado, tanto en sede administrativa como civil, cuando la disolución matrimonial es de mutuo acuerdo entre ambas partes. Esta iniciativa busca evitar la judicialización de los divorcios, un proceso que consume más tiempo y recursos económicos debido a las costas judiciales y los honorarios de abogados.

En los fundamentos del proyecto, el Ministerio de Justicia señaló: “El tiempo que insume el referido proceso implica para las partes que durante ese período de tiempo no podrán disponer de algunos de sus bienes con entera libertad”.

Menos causas judiciales y costos para el Estado

El Ministerio de Justicia, encabezado por Mariano Cúneo Libarona, también destacó que los divorcios judiciales aumentan la carga del sistema judicial, con procesos que podrían resolverse por vía administrativa: “Procesos que podrían tramitarse por medio de una vía administrativa inundan los tribunales, generando lentitud en el sistema y costos que recaen indirectamente sobre los contribuyentes”.

En este sentido, se propone un modelo de divorcio más accesible y económico: “Se propone implementar un divorcio simplificado con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo a los cónyuges disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más. económico”.

Divorcio ante un oficial público

El proyecto contempla que los cónyuges puedan concluir su matrimonio ante un oficial público del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas mediante un trámite administrativo. Según el Ministerio de Justicia, este procedimiento refleja la naturaleza consensual del vínculo: “El divorcio en sede administrativa permite a los cónyuges terminar su vínculo matrimonial de la misma manera que lo iniciaron: de mutuo acuerdo”.

Ejemplos internacionales y la experiencia en otros países

La iniciativa está basada en experiencias de varios países que ya aplican sistemas similares, como Brasil, Portugal, Colombia, México, Ecuador, Bolivia, Noruega, Italia, Rumania, Estonia, Letonia y Japón. Estos sistemas permiten que los procesos de divorcio sean más ágiles y menos costosos.

Defensa de la institución del divorcio vincular

El Gobierno también defendió la institución del divorcio vincular matrimonial en el texto del proyecto, argumentando que facilitar el divorcio no destruye la familia ni la sociedad. “Si bien las restricciones, prohibiciones y obstáculos al divorcio se basaron en el argumento de que facilitar el divorcio traería aparejada la destrucción de la familia y la sociedad, esto no sucedió”, afirmaron.

El texto también abordó las preocupaciones sobre el impacto en los hijos: “En las familias disfuncionales no es el divorcio pero se lo que tiene un efecto negativo en los hijos, sino que la situación de deterioro matrimonial, haya divorcio o no, es lo que genera estos efectos negativos”.