Coparticipación
Duro cruce de Sáenz a Milei por el maltrato a los gobernadores
El gobernador salteño le reclamó al jefe de Estado que «salga de Buenos Aires» y criticó la «generalización injusta» sobre los mandatarios provinciales. Aunque defendió el apoyo brindado al oficialismo, diferenció entre reclamos legítimos y «ventajas electorales».
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó un duro reclamo al Gobierno nacional al exigir que los funcionarios de la Casa Rosada «salgan de Buenos Aires y vengan a recorrer» las provincias para «conocer la realidad». En declaraciones a Radio Mitre, el mandatario dialoguista rechazó las críticas del presidente Javier Milei hacia los gobernadores y consideró «absolutamente injusta» la generalización que hace el Ejecutivo sobre el comportamiento de los mandatarios provinciales.
Un gobernador que pagó costos por acompañar
Sáenz recordó el apoyo brindado por su gestión al oficialismo nacional y los costos políticos que eso le generó a nivel provincial. «Estamos en meses electorales y también tenemos problemas y serios. Hubo elecciones provinciales y nosotros acompañamos. Nos costó la intervención de un partido que era parte de mi frente provincial, por haber acompañado leyes», declaró el gobernador.
El mandatario salteño también se refirió a las críticas recibidas desde el espacio libertario local: «Nos quedamos sin herramienta electoral, del otro lado dirigentes libertarios, que no son muchos aquí en Salta, se la pasaron calumniándome, injuriándome, diciendo barbaridades mías, cuando, en definitiva, nosotros en Buenos Aires le dimos al Presidente todo lo que necesitaba».
«Tienen que venir a recorrer cada provincia»
El gobernador planteó la necesidad de que el Gobierno nacional tome contacto directo con las realidades provinciales para resolver problemas como «la caída del consumo y el mantenimiento de las rutas». «Yo creo que tienen que salir de Buenos Aires y venir a recorrer. Los vamos a acompañar con mucho gusto, para que vean que lo que hablamos», afirmó Sáenz.
«Yo creo que para que conozcan la realidad, los funcionarios de Buenos Aires tienen que venir y recorrer cada una de las provincias y ver que son realidades distintas», insistió el mandatario, quien añadió que de esa manera se podrán «tomar decisiones a nivel central que van a determinar cuáles son las provincias que realmente reclaman con legitimidad las cosas y cuáles son las provincias que lo único que quieren es sacar alguna ventaja político-electoral en momentos difíciles».
Rechazo a las acusaciones presidenciales
Sáenz cuestionó duramente las declaraciones recientes de Milei sobre el rol de los gobernadores. «Yo lo escuchaba y me pareció absolutamente injusto el otro día cuando manifestaba que con el 15% de diputados, siete senadores y, bueno, su equipo ministerial habían logrado muchísimo. Creo que obvió injustamente una parte importante de acompañamiento y apoyo de muchos legisladores y muchos gobernadores que hicimos posible con responsabilidad institucional y sobre todo democrática que esas leyes tan importantes para llevar adelante el plan de gobierno hayan sido posibles».
El gobernador consideró que la generalización presidencial es «algo injusta» y se extendió más allá del aspecto legislativo. «Me parece que no solamente en el aspecto legislativo, sino también muchas veces en cuestiones que tienen que ver con la discapacidad, que tienen que ver con temas muy sensibles. Yo creo que generalizar no está bueno y me parece que reconocer y agradecer muestra grandeza y humildad y creo que eso es lo que está faltando», señaló.
«Hemos soportado estoicamente insultos»
En un pasaje de particular dureza, Sáenz hizo referencia al trato recibido por parte del oficialismo nacional: «Nosotros, muchos gobernadores y todos en general, hemos soportado estoicamente insultos, agravios y, sin embargo, hemos acompañado porque entendemos que es lo que había elegido el pueblo en su momento».
Las declaraciones de Sáenz reflejan el malestar creciente de sectores del peronismo dialoguista y gobernadores que han respaldado iniciativas del Gobierno nacional, pero que consideran insuficiente el reconocimiento recibido desde la Casa Rosada.
Puntos clave:
- Gustavo Sáenz reclamó que funcionarios nacionales «salgan de Buenos Aires» para conocer realidades provinciales
- El gobernador salteño defendió el apoyo legislativo brindado al oficialismo y criticó la «generalización injusta» de Milei
- Sáenz diferenció entre provincias que reclaman «con legitimidad» y otras que buscan «ventajas electorales»
- El mandatario reveló costos políticos locales por acompañar al Gobierno nacional
- Criticó que muchos gobernadores «han soportado estoicamente insultos y agravios» del oficialismo
Coparticipación
Presupuesto 2027: discapacidad, universidades y transporte frenan el acuerdo
El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y sentar el proyecto en el recinto el miércoles 25, cinco días antes de que termine el período ordinario. Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban la negociación.
Tres partidas tienen frenado el Presupuesto 2027. Los recursos para las prestaciones por discapacidad, el aumento de los fondos para las universidades nacionales y los subsidios al transporte del interior son los puntos que los bloques aliados pusieron sobre la mesa para acompañar el proyecto que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 15 de septiembre, la fecha límite que fija la ley de administración financiera.
La negociación la conducen el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch. Del lado del Ejecutivo participa el jefe de Gabinete, Diego Santilli, que mantiene conversaciones con los gobernadores de los bloques dialoguistas. El oficialismo descartó el 18 de noviembre y ahora apunta a firmar dictamen el martes 17 para llevar el proyecto al recinto el miércoles 25, cinco días antes de que concluya el período de sesiones ordinarias.
Los tres reclamos que traban el dictamen
El primero es la discapacidad. Las prestaciones quedaron en el centro de la discusión después de que Amnistía Internacional advirtiera que el proyecto asigna a ese rubro 24% menos de fondos que en 2023. El segundo son las universidades: el texto contempla $7,3 billones para el sector, mientras los rectores reclaman $11 billones. El tercero es el transporte del interior, con los subsidios y el Fondo Compensador como eje. A esos puntos se suma un pedido transversal: la rebaja del Impuesto a los Combustibles, con el argumento de que la recaudación no se destina al mantenimiento de las rutas nacionales ni al 2,55% que corresponde al fondo del transporte del interior.
La Jurisdicción 91: $14,8 billones sin destino fijo
Los bloques aliados sostienen que hay margen para atender los reclamos sin romper el equilibrio fiscal y apuntan a la Jurisdicción 91, Obligaciones a cargo del Tesoro. El proyecto le asigna $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y la partida funciona como una reserva que administra la Secretaría de Hacienda: no tiene edificio ni empleados propios y puede reasignarse durante la ejecución. Cerca de la mitad de esos recursos está prevista para cubrir déficits y transferencias a empresas estatales, entre ellas Ferrocarriles, ENARSA, EducAr y el Correo. El mecanismo existe desde la década del 90 y ahora los dialoguistas quieren que parte de ese fondo se destine a discapacidad y universidades.
Las demandas de cada bloque
Cada espacio sumó reclamos propios. El PRO exige garantizar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, bajar del 21% al 10,5% la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados y fijar un mecanismo que asegure plazos y tarifas en las obras de rutas nacionales.
La UCR, con el mendocino Lisandro Nieri como negociador, pide eliminar cuatro artículos del texto. Los bloques provinciales reclaman que se avance con las obras ya acordadas y que se amplíen los $503.000 millones previstos para compensar los déficits de las cajas jubilatorias de las 13 provincias que no fueron transferidas a la Nación. Los gobernadores de Tucumán, Salta, Jujuy, Santa Fe y Córdoba, Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Carlos Sadir, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora, sumaron el pedido de tratar la Ley de Biocombustibles, que quedó frenada por un reclamo de legisladores bonaerenses.
Las cuentas del proyecto
El texto prevé gastos totales consolidados por $216 billones y recursos por $219,3 billones, con subas de 25,3% y 26,2% respecto de la base de comparación que usa el Gobierno. Las partidas de servicios sociales ascienden a $150,9 billones y los servicios de la deuda pública a $18,6 billones. La discusión de fondo es qué se recorta para sostener el superávit primario y el equilibrio fiscal que el Ejecutivo puso como condición de cualquier cambio.
El reloj de las ordinarias
Si el proyecto no se aprueba antes del 30 de noviembre, el tratamiento pasa a sesiones extraordinarias, que el Gobierno puede convocar desde el 1 de diciembre. Y si el Presupuesto no se sanciona, la ley 24.156 obliga a prorrogar el del año anterior, con lo que el Ejecutivo recupera discrecionalidad sobre las partidas. La apuesta oficialista es que el dictamen llegue el 17 y que el recinto vote el 25, con el margen justo para evitar ese escenario.
Lo que tenés que saber
- El oficialismo apunta a firmar dictamen el martes 17 y a tratar el Presupuesto 2027 en el recinto el miércoles 25.
- Discapacidad, universidades y transporte del interior son los tres reclamos que traban el acuerdo con los bloques aliados.
- La Jurisdicción 91 concentra $14,8 billones, un 163% más que en 2026, y los dialoguistas quieren reasignar parte de esos fondos.
- El proyecto prevé $7,3 billones para universidades frente a los $11 billones que piden los rectores, y $503.000 millones para las cajas jubilatorias provinciales.
- Si no hay ley antes del 30 de noviembre, rige la prórroga del Presupuesto anterior.
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