Trescientos millones de pesos frescos para la SIDE en dos meses, una Base Naval en Tierra del Fuego frenada durante casi dos años por el propio Gobierno y un Consejo de Seguridad Nacional que la oposición compara con el que creó la dictadura de Onganía: así luce el paquete legislativo con el que Javier Milei intenta apropiarse de la causa Malvinas.

El presidente, que en su momento definió su admiración por Margaret Thatcher y sostuvo la doctrina de respetar la voluntad de los kelpers sobre el reclamo de soberanía, anunció en cadena nacional el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre Malvinas. Milei presidirá este lunes 14 una reunión con legisladores de La Libertad Avanza (LLA) para terminar de definir si se trata de uno o dos proyectos separados, algo que tampoco es habitual en la dinámica de gestión del líder libertario.

La ley Solanas y la Base Naval que LLA tenía congelada

El núcleo del proyecto es una reforma a la ley impulsada en 2011 por el entonces diputado Fernando «Pino» Solanas, que estableció sanciones económicas para las empresas que exploran hidrocarburos en la plataforma continental en disputa con el Reino Unido. El Gobierno ya anunció sanciones y denuncias contra varias de esas compañías, y ahora busca endurecer el marco legal.

En paralelo, los ministros Carlos Presti (Defensa) y Pablo Quirno (Cancillería) viajaron a Tierra del Fuego para reencauzar la obra de la Base Naval Integrada, un proyecto que la propia gestión libertaria había paralizado completamente desde que asumió. El diputado Jorge Taiana, exministro de Defensa, describió el estado real de la situación ante la prensa: la obra se inició en 2021 y avanzó apenas un 9%, aunque aclaró que en Tierra del Fuego solo se puede construir entre octubre y mayo, unos siete meses al año. «Luego vino este gobierno y no hizo absolutamente nada, la frenó por completo», sostuvo Taiana.

El Consejo de Seguridad Nacional y la sospecha de los fondos de inteligencia

El otro eje del paquete es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que involucraría a la Cancillería, los ministerios de Defensa y Economía y la SIDE, con el objetivo declarado de detectar amenazas a la seguridad del país. La propuesta encendió las alarmas en el bloque peronista: legisladores del PJ deslizaron que el verdadero objetivo podría ser abrir una nueva vía para disponer de los fondos reservados de inteligencia, y evocaron un antecedente de hace 60 años: el Consejo Nacional de Seguridad que creó la dictadura de Juan Carlos Onganía en 1966, concebido no para una amenaza externa sino para articular la represión interna.

La sospecha no surge del vacío. La SIDE recibió la semana pasada un refuerzo de 30.000 millones de pesos sin partidas específicas, justificado en la supuesta necesidad de mayor protección por el aumento de la tensión con el Reino Unido. Ese monto se suma a otro incremento de casi 50.000 millones de pesos que el organismo había recibido en julio, con 8.000 millones destinados a fondos reservados que así treparon a 26.000 millones, en esa oportunidad justificado por la visita del papa León XIV. La oposición ya prepara un pedido de informes.

El clima interno del oficialismo también aportó combustible a las sospechas: Santiago Caputo y varios colaboradores cercanos a Milei salieron en las redes sociales a tildar de «cipayos» y de «trabajar para la corona británica» a quienes cuestionaron la cadena nacional presidencial, una retórica de confrontación que la oposición interpretó como un intento de cerrar el debate antes de que comience.

Un organismo que nació muerto: el Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas

Mientras el Gobierno anuncia nuevas instituciones, el diputado socialista Esteban Paulón intimó formalmente a Milei, al canciller Quirno y a la secretaria de Malvinas, Paola Iris Di Chiaro, para que reactiven el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por la Ley 27.558 en 2020 para sostener políticas de Estado sobre la causa. El organismo debía reunirse cada 120 días, pero solo sesionó una vez, en agosto de 2024, durante la gestión de Diana Mondino, y nunca más. Paulón le dio al Gobierno diez días hábiles para informar un cronograma de reactivación, bajo apercibimiento de avanzar con acciones administrativas, legislativas y judiciales.

Un Congreso cada vez más hostil para LLA

El paquete Malvinas llega en un momento de creciente debilidad legislativa del oficialismo. La semana pasada, La Libertad Avanza sufrió una derrota en Diputados con la agenda de discapacidad y endeudamiento, y Patricia Bullrich no logró garantizar los votos para sesionar en el Senado. El próximo martes 15, la atención se desplaza hacia la presentación del Presupuesto 2027, con gobernadores que ya no dan por sentada su adhesión y que esperan ver cuántos recursos habrá para obras, en medio de la desconfianza generada por el recorte a los subsidios de las Zonas Frías.

En ese contexto, la oposición coincide en una lectura transversal del paquete Malvinas: más que endurecer sanciones, lo que corresponde es cumplir la ley vigente, que desde hace tres años no se cumple. La pregunta que queda flotando es si el gesto soberano de Milei apunta a Malvinas o a la caja de la SIDE.

Lo que tenés que saber

• El Gobierno enviará al Congreso un proyecto que reforma la ley Solanas, endureciendo sanciones a empresas que exploran hidrocarburos en la plataforma en disputa con el Reino Unido.
• La Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, paralizada por el propio Gobierno durante casi dos años con un avance del 9%, será reencauzada según el anuncio del Ejecutivo.
• La creación de un Consejo de Seguridad Nacional que involucra a la SIDE generó sospechas en la oposición sobre el uso de fondos reservados de inteligencia, que ya recibieron refuerzos por más de 80.000 millones de pesos en dos meses.
• El Consejo de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, creado por ley en 2020, solo sesionó una vez en toda su historia y fue intimado a reactivarse en diez días hábiles.
• LLA atraviesa un momento de creciente fragilidad legislativa, con derrotas recientes en Diputados y el Presupuesto 2027 sin respaldo garantizado de los gobernadores.