PUNTOS CLAVE

• Mónica Frade y Maximiliano Ferraro impulsaron una denuncia penal contra Manuel Adorni
• Se lo señala por presunta «omisión maliciosa» en declaraciones juradas 2024 y 2025
• El escrito incluye pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos
• Se mencionan inmuebles y movimientos patrimoniales bajo análisis
• También se incorporan viajes y gastos difundidos en medios
• El expediente cita declaraciones públicas del funcionario en entrevistas
• La causa quedó en evaluación judicial

Denuncian a Adorni por presuntas inconsistencias en su patrimonio

Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en sus declaraciones juradas patrimoniales correspondientes a los años 2024 y 2025.

En la presentación judicial, los legisladores de la Coalición Cívica atribuyen al funcionario la supuesta figura de «omisión maliciosa» en la información patrimonial presentada ante los organismos de control.

«Venimos a denunciar como autor penalmente responsable por la comisión de los delitos de omisión maliciosa en las declaraciones juradas patrimoniales de los años 2024 y 2025, conforme art. 293 con el agravante del párrafo segundo del Código Penal (falsedad en el informe escrito de gestión), al señor Manuel Adorni, actual Jefe de Gabinete», señalaron.

Antecedentes incluidos en la denuncia

El escrito incorpora referencias a publicaciones periodísticas sobre un viaje del funcionario a Uruguay durante el fin de semana largo de Carnaval.

«Viajó el día 12 de febrero, regresando el 17 de ese mes, del año en curso. Indicó que lo había hecho en una aeronave Honda Jet de la empresa Alpha Centauri, con un costo estimado de 10 mil dólares. A la par se conoció un viaje oficial al exterior con su esposa, en avión presidencial», sostuvieron.

También se mencionan investigaciones periodísticas vinculadas a bienes, viajes y gastos atribuidos al funcionario, utilizadas como contexto dentro de la presentación judicial.

Observaciones sobre las declaraciones patrimoniales

Frade y Ferraro señalaron que el funcionario realizó declaraciones públicas luego de presentar rectificaciones ante la Oficina Anticorrupción.

«Adorni, luego de varias solicitudes públicas, incluso de la propia senadora de LLA, Patricia Bullrich, cumple formalmente con la presentación de su Declaración Jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción y varias ‘rectificatorias’ de sus anteriores. Con esto, el día 9 de junio próximo pasado se somete a un reportaje que le hizo el periodista José Del Río, en el programa Mesa Chica del canal LN +, ensayando, sin sustento técnico, algunas ‘explicaciones’ sobre el ocultamiento de bienes, atribuyéndolo a descuido sin importancia. Admitió, no obstante, que mantuvo activos fuera del circuito formal y que no los había incluido en sus DD. JJ. patrimoniales de los periodos 2023 y 2024».

Bienes y propiedades mencionadas

El escrito detalla inmuebles que, según los denunciantes, no figuraban en determinadas declaraciones patrimoniales.

«En relación con bienes inmuebles que omitió denunciar, encontramos los siguientes, a saber: propiedad en country Indio Cua en Exaltación de la Cruz, el departamento del barrio porteño de Caballito y un departamento heredado ubicado en la ciudad de La Plata. Todas esas omisiones las relativizó afirmando que hacía ‘mea culpa por haber arrastrado error involuntario’. Argumentó el ocultamiento de medio millón de dólares y las operaciones inmobiliarias, en ignorancia, admitiendo que ‘no tomó dimensión’ de la obligación legal de declarar la totalidad de los bienes (en blanco y en negro) al asumir el cargo público».

Además, los legisladores remarcaron:

«El jefe de gabinete ignora que la ley se presume conocida por todos los habitantes de la Nación, incluso por lo que dan en llamar ciudadanos comunes y aun por quienes carecen de instrucción», agregaron.

Qué solicita la presentación judicial

La denuncia solicita que se avance en la investigación de los hechos expuestos y contempla el pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El expediente quedó radicado para su análisis en sede judicial, donde se definirán los próximos pasos procesales.