La defensa del empresario Lázaro Báez pidió este martes la absolución para el dueño de «Austral Construcciones» y la nulidad parcial de las acusaciones en su contra, al finalizar su alegato de tres días en la causa Vialidad.

El abogado de Báez, Juan Villanueva, reclamó la absolución pasadas las 15.30 en el debate que se reanudará el viernes próximo con el inicio del alegato final de otro de los acusados, Raúl Pavesi, ex funcionario de Vialidad de la provincia de Santa Cruz.R.

En la última jornada de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, la defensa de Báez pidió que sea absuelto y que se investigue la conducta de los peritos Eloy Bonna y Roberto Panizza, firmantes de un estudio sobre cinco de las 51 obras llevadas a juicio y cuestionados por las defensas.

También reclamó la nulidad parcial de la acusación, luego de sostener que fue «ilegal» la incorporación como prueba al debate de mensajes de otro acusado, el ex secretario de Obras Públicas José López, y que Báez ya fue juzgado por los delitos que se ventilan en esta causa.

«Dejemos a alguien preso hasta que confiese», resumió Villanueva, lo que interpretó fue lo ocurrido al empresario en las causas penales que se le abrieron.

Durante la última jornada de su exposición, la defensa descartó la existencia del delito de «asociación ilícita» y sostuvo que la fiscalía «contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero que no se sustentó en prueba».

También sostuvo que durante el macrismo desde la AFIP se generó un informe «falso» para perjudicar a Báez en otra causa penal y que, pese a saber que era «mentira», los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola lo usaron en su alegato final en la causa Vialidad.

«Se contó un relato que ya estaba instalado mediática y políticamente pero no se sustentó en prueba. La fiscalía pidió que le creamos ese relato», advirtió el abogado Juan Villanueva, ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

El «relato» se basó «en que Lázaro fue ungido o elegido para ser transformado en millonario por obra y gracia de Néstor Kirchner. Nos quisieron vender los fiscales que Néstor Kirchner apreciaba tanto a su amigo Lázaro que echó por la borda su vida política y sus principios republicanos», dijo.

«Todo para que Lázaro gane plata», acotó, y consideró «un cuento» a ese relato ante la «imposibilidad clara de acreditar delitos» como la asociación ilícita y administración fraudulenta.

El defensor reafirmó que «no existió ninguna administración fraudulenta, no existió tampoco ningún perjuicio al Estado, la hipótesis del Ministerio Público Fiscal no solamente resultó falsa sino que es contraria a las leyes de la ciencia y la lógica y especialmente a la prueba de este debate».

«Se probó los kilómetros y kilómetros de rutas construidas; jamás se pagó algo que no se hubiese hecho», agregó.

Al no existir administración fraudulenta, «mucho menos puede existir una asociación ilícita dedicada a cometer delitos», indicó.

En ese marco, reiteró que la acusación que pesa sobre Báez en el juicio «es inexistente» y que se «violenta el debido proceso».

En relación a lo ocurrido con la AFIP, sostuvo que desde el organismo durante el macrismo se impulsó una acusación para vincular el cierre de la regional AFIP Bahía Blanca resuelta en la gestión de Ricardo Echegaray con un objetivo de encubrir a empresas de Báez en una causa por facturas apócrifas.

En ese aspecto recordó que el funcionario que impulsó ese informe, Jaime Mecicovsky, tiene pedido de declaración indagatoria por «inventar» por parte de otro fiscal de Comodoro Py, Guillermo Marijuan, quien «fue el que descubrió que le habían mentido».

«Cuando cambia el Gobierno y regresa Mecicovsky a la AFIP, dos personas por órdenes suyas hacen un informe que es falso, lo que dijo el doctor Mola es mentira, no estaban investigando a Báez en Bahía Blanca», sostuvo Villanueva.

«Mecicovsky está llamado a indagatoria por inventar eso», enfatizó, y analizó que el «subdirector general de la AFIP habría cometido conductas irregulares, al usar abusivamente sus facultades otorgadas como agente de la AFIP».

La defensa de Báez remarcó que ahora en el juicio por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015, los fiscales Luciani y Mola «quieren revivir» la misma hipótesis delictiva, ya sobreseída en cuatro ocasiones previas por inexistencia de delito.

«No pueden dos fiscales federales desconocer la Ley, tirarla a la basura para darle vuelo mediático a la acusación», agregó al recordar que también en el alegato acusador se hizo mención a las causas Los Sauces y Hotesur, cerradas por inexistencia de delito por otro Tribunal Oral, en una decisión en la actualidad apelada ante la Cámara Federal de Casación.

«Hubo causas sobreseídas en este mismo edificio donde trabajan ustedes, la fiscalía y todos lo saben» , continuó y en base a ello consideró que «la acusación viola el principio de congruencia» al mencionarlas en el alegato final vinculadas a lo que se investiga en el juicio.

También «violó el derecho de defensa» por usar en el alegato mensajes extraídos del teléfono José López en otra causa penal y sin antes dar intervención a las partes.

La fiscalía «intenta construir algo que termina siendo un castillo de naipes», agregó al recordar que la defensa de López pidió la nulidad del uso de sus mensajes como prueba.

La defensa de Báez concluyó que la acusación fiscal es un «cuento burdo y grosero» y antes de cerrar su alegato mostró una vez más imágenes de las obras realizadas por las empresas de Báez, que según la acusación nunca se hicieron o quedaron inconclusas.

El debate ante el Tribunal Oral Federal 2 se reanudó a las 9.30 con la tercera y última jornada de alegato para la defensa del detenido empresario, quien tiene un pedido de condena a prisión de 12 años en la causa por el supuesto direccionamiento a su favor de la obra pública nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.

En ese aspecto, Villanueva recordó también que Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otra causa por supuesto lavado de activos que en la actualidad es revisada por la sala IV de la Cámara Federal de Casación.

El abogado advirtió que se lo juzgó por los mismos delitos por los cuales llegó a juicio ahora y ante ello se violaron garantías constitucionales.

Las dos primeras jornadas del alegato se dedicaron a demostrar que, para la defensa Báez, «no participó en ninguno de los hechos descriptos» por los fiscales Luciani y Mola, que lo acusaron por administración fraudulenta al Estado mediante el presunto direccionamiento, sobreprecios e incumplimientos en las obras.

Báez tiene un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron «prevaricato».

Tras el alegato de la defensa de Báez, continuarán las declaraciones de los representantes legales de otros cuatro imputados en el proceso, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.

En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.