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Política 📢

Multitudinario acto contra expresiones de Bolsonaro en Brasil

En un evento masivo, el arco sindical, empresarial, social, académico y artístico del país vecino presentó un manifiesto multisectorial firmado por casi un millón de personas en el que repudian las amenazas golpistas, las denuncias de fraude y las sospechas contra el sistema expresadas por el presidente Jair Bolsonaro.

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Las principales entidades empresariales, sindicales, sociales, académicas y artísticas de Brasil presentaron este jueves en un acto un manifiesto multisectorial firmado por casi un millón de personas en el que repudian las amenazas golpistas, las denuncias de fraude y las sospechas contra el sistema y los jueces electorales expresadas por el presidente Jair Bolsonaro de cara a los comicios del 2 de octubre.

El manifiesto no cita directamente a Bolsonaro, pero sí apunta al discurso que ha elaborado en los últimos meses de que existen sospechas sobre la justicia electoral.

El texto recibió el calificativo despreciativo de «cartinha» por parte del mandatario, que esta semana negó una supuesta intención de cometer una intentona golpista en caso de derrota.

La Carta en Defensa del Estado Democrático de Derecho es una iniciativa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Paulo (USP) y fue firmada por los candidatos opositores Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT); Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT) y Simone Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), entre otros.

Miles de personas asistieron al acto realizado en el Largo San Francisco, centro histórico de San Pablo, convocado en la puerta de la facultad en defensa del sistema electoral, en el que cuatro profesores de derecho leyeron el texto, mientras entre la multitud se escuchaban los gritos «Fuera Bolsonaro».

«Esta demostración inhibe cualquier ataque a nuestro sistema electoral», dijo Carlos Carlotti Junior, rector de la Universidad de Sao Paulo.

El acto fue organizado en conmemoración del 11 de agosto de 1977, cuando en homenaje al inicio de los cursos de abogacía en Brasil en 1827 se leyó en la Facultad de Derecho una carta contra la dictadura militar denunciando los crímenes de lesa humanidad y reclamando la apertura que se dio a partir de entonces.

El manifiesto sirvió también para que el establishment se distanciara de una posible intentona golpista por parte de Bolsonaro al estilo de Donald Trump en Estados, al punto que parte de la iniciativa fue comandada por la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp) y la Federación de Bancos (Febraban).

No fue apoyada sin embargo por la Confederación Nacional de la Industria (CNI), que la consideró una expresión partidaria contra Bolsonaro.

A la vez, fue firmada por 8.000 militares de las Fuerzas Armadas, así como más de 2.000 policías, según el diario Folha de Sao Paulo.

Analistas compararon el momento histórico del evento con la campaña Directas Ya de 1984, cuando la movilización popular reclamó el regreso de las elecciones directa en el ocaso de la dictadura que duró 21 años y que es reivindicada por Bolsonaro.

La lectura de la carta fue realizada también en más de 150 universidades de todo Brasil, mientras que partidos opositores realizaron manifestaciones en 24 ciudades en defensa del sistema electoral.

El director de la facultad de San Pablo, Celso Campilongo, dijo que el «Estado de derecho controla al estado de la fuerza y la fuerza la tiene el elector brasileño».

El manifiesto también se viralizó con un video de artistas famosos leyendo su contenido: participaron los músicos Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Djavan, Gilberto Gil, Anitta y actores como Fernanda Montenegro y Antonio Fagundes.

En uno de los trechos, se denuncia: «En lugar de una celebración cívica, estamos atravesando un momento de inmenso peligro para la normalidad democrática, riesgo para las instituciones de la República e insinuaciones de desprecio por los resultados de las elecciones».

«Los ataques sin fundamento que no van acompañados de pruebas cuestionan la imparcialidad del proceso electoral y el estado de derecho democrático que la sociedad brasileña ha conquistado con tanto esfuerzo», añade.

«Son intolerables las amenazas a otros poderes y sectores de la sociedad civil y la incitación a la violencia y a la ruptura del orden constitucional. Recientemente hemos sido testigos de diatribas autoritarias que han puesto en peligro la democracia estadounidense secular. Allí, los intentos de desestabilizar la democracia y la confianza de la gente en la limpieza de las elecciones no tuvieron éxito, ni lo tendrán aquí», apunta.

Bolsonaro reitera habitualmente que el sistema de urnas electrónicas que se utiliza en Brasil desde 1996 puede ser alterado, aunque sin presentar pruebas, apoyándose en «fake news», por lo cual tiene una causa abierta en el Supremo Tribunal Federal.

El mandatario acusa además a miembros del Tribunal Superior Electoral (TSE) de actuar en su contra.

El presidente del tribunal electoral, Edson Fachin, afirmó que «no se pueden aceptar amenazas a la democracia ni aventuras autoritarias», durante un mensaje enviado a la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto Alegre.

Fachin aseguró que «no se puede jugar con el retroceso» y cargó contra la campaña de «fake news» lanzadas por el bolsonarismo sobre las urnas electrónicas.

«Hay que rechazar sin condiciones las prácticas desinformativas que pretenden, con perfumería retórica y pretextos inventados, justificar el injustificable rechazo del juicio de la población», sostuvo el titular la justicia electoral.

En el acto central de San Pablo participaron dirigentes sindicales, empresariales, juveniles, de los movimientos sociales, del movimiento negro y hasta abogados que participaron hace 45 años de la lectura de la carta pidiendo el regreso de las elecciones a Brasil, en el llamado movimiento 11 de agosto.

«El capital y el trabajo se unen por la democracia», dijo el exministro de Justicia Carlos Días, de la gestión de Fernando Henrique Cardoso y titular de la comisión de derechos humanos Paulo Evaristo Arns.

El acto se da mientras las encuestas muestran una recuperación de Bolsonaro para los comicios del 2 octubre, para los que parte en segundo lugar detrás de Lula. El oficialismo espera poder descontar la ventaja para llevar la elección a una segunda vuelta el 30 de octubre.

Anoche, en el Palacio del Planalto, el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien investiga a Bolsonaro por fake news y supuestos actos antidemocráticos por ataques al sistema electoral, lo visitó para llevarle la invitación para la ceremonia de asunción como jefe rotativo de la justicia electoral a partir de este mes.

Bolsonaro lo recibió, le regaló una camiseta de Corinthians -equipo de De Moraes, juez que llegó a la corte impulsado por la presidencia de Michel Temer- y en un diálogo corto con muchos testigos le pidió «elecciones transparentes».

El 7 de setiembre – Día de la Independencia- del año pasado, Bolsonaro dijo que no iba a acatar las órdenes de la corte por considerarla un órgano contra la libertad de expresión, una amenaza que duró menos de 48 horas, cuando escribió una carta pidiendo disculpas, a instancias de Temer como mediador.

Economía 💲

Negocio redondo: Milei confisca el salario, las fintechs de sus amigos cobran la deuda

Un informe de ATE Capital revela que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 el salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5%. La mora crediticia se multiplicó 3,4 veces y ya alcanza al 18,63% de los trabajadores estatales, que debieron recurrir a fintechs y financieras con tasas usurarias para pagar alimentos, alquiler y servicios.

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Casi uno de cada cinco empleados del Estado argentino está en mora con alguna entidad financiera. No por especulación ni por mal manejo del dinero, sino porque el salario que percibe no alcanza para cubrir los gastos básicos del mes.

Ese es el dato central del informe «Endeudados por Milei», elaborado por la Asociación de Trabajadores del Estado de Capital Federal (ATE Capital) y difundido en septiembre de 2026, que cruza datos salariales del sector público con la evolución de la mora crediticia registrada por el Banco Central entre 2023 y 2026.

El documento, coordinado por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, establece una correlación directa entre la política salarial del gobierno de Javier Milei y el colapso financiero personal de cientos de miles de trabajadores. El propio Presidente lo reconoció públicamente: «El salario del sector público cae, es una consecuencia buscada de este modelo».

40,5% de caída real del salario en dos años y medio

El informe construye una línea de tiempo precisa. En noviembre de 2024, con una inflación acumulada del 166% desde el inicio de la gestión y aumentos salariales otorgados del 87%, el poder adquisitivo de los estatales ya había caído un 29,7% y la mora se ubicaba en el 5,7%. En diciembre de 2025, la brecha se amplió: inflación acumulada del 259,2% contra un incremento salarial del 121,2%, lo que implicó una pérdida del 38,4% del salario real y una mora del 14,4%. En junio de 2026, el cuadro llegó a su punto más crítico: inflación acumulada del 319,8%, aumentos del 149,8% y un salario real que se redujo al 59,5% del valor que tenía al inicio de la gestión. La mora trepó al 18,63%.

La quita acumulada en dos años y medio, señala el informe, supera a la que sufrieron los trabajadores estatales durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri, período que ya había sido considerado uno de los más duros para el empleo público en la historia reciente.

Del banco a la fintech: el circuito de la usura

La caída del salario real empujó a los trabajadores estatales fuera del sistema bancario tradicional y hacia alternativas financieras de mayor costo. El Banco Nación concentra 24.407 estatales en mora (8,56% de sus clientes del sector), pero las cifras más alarmantes se registran en las plataformas no bancarias: Tarjeta Naranja tiene 16.766 casos con una tasa de mora del 23,75%; MercadoLibre, 16.349 (13,19%); Naranja Digital, 9.653 (31,86%); y Moni Online presenta el caso más extremo, con 3.531 estatales en mora sobre un total de 5.832 clientes de ese segmento, lo que equivale al 60,53% de incobrabilidad.

Catalano fue contundente al señalar el mecanismo: «El ajuste brutal del gobierno sobre el salario de los estatales no sólo nos endeuda, sino que nos empuja fuera del sistema bancario. Terminamos cayendo en las plataformas que, oh causalidad, pertenecen a amigos del gobierno que hacen un negocio usurario amparado en la desregulación que el propio Milei impulsa. De un lado nos roban confiscando el salario, del otro nos esperan con tasas usurarias. Negocio redondo».

El informe también destaca que el 80,7% de quienes están en situación irregular ya no registra simples atrasos, sino que se encuentra en las categorías de riesgo alto o irrecuperable (Situaciones 4 y 5 del BCRA), lo que hace imposible la regularización o refinanciación de esas deudas con los ingresos actuales.

Fuerzas de seguridad y provincias del norte, los más golpeados

El informe revela una concentración del problema en los sectores de Seguridad y Defensa: el Ejército encabeza el ranking con una mora del 30,1%; el Servicio Penitenciario Federal registra el 28,5%; la Policía Federal, el 24,2%; Gendarmería, el 24,1%; Prefectura, el 21,9%; la Fuerza Aérea, el 21,8%; el Estado Mayor Conjunto, el 21,4%; y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el 20,7%. Los organismos civiles se ubican, en general, por debajo del 20%.

La distribución territorial también expone una brecha brutal entre el interior del país y la Ciudad de Buenos Aires. En el norte y la Patagonia la mora supera el 25%: La Rioja lidera con el 29,38%, seguida por Formosa (28,69%), Santa Cruz (28,55%), Corrientes (26,50%), Salta (26,33%), Misiones (26,26%), Neuquén (25,88%), Santiago del Estero (25,51%) y Catamarca (25,12%). En el centro del país, Buenos Aires tiene el 19,35%; Córdoba, el 19,19%; Santa Fe, el 16%; y CABA, el 9,56%. En la Capital la tasa de mora es menos de un tercio que en La Rioja.

El mayor volumen de mora en términos absolutos se concentra en los trabajadores con cargas familiares de entre 36 y 55 años: 5.088 agentes civiles de la franja etaria de 36 a 45 años y 4.730 de 46 a 55 años están en situación irregular.

Las exigencias del gremio

Frente al cuadro documentado, ATE Capital formuló un conjunto de demandas: reapertura libre de las paritarias para recomponer el 40,5% de poder adquisitivo arrebatado, actualización de la canasta de referencia del IPC, condonación de las deudas generadas en condiciones de emergencia salarial, y establecimiento de topes legales a las tasas que las entidades no bancarias aplican sobre los haberes estatales. El reclamo apunta directamente a la política de ingresos del Gobierno, a la que el propio Catalano calificó como «confiscatoria».

  • El salario real de los empleados públicos nacionales cayó un 40,5% entre noviembre de 2023 y junio de 2026.
  • La mora crediticia en el sector se multiplicó 3,4 veces, pasando del 5,43% en julio de 2024 al 18,63% en junio de 2026.
  • El 80,7% de los estatales en mora está en riesgo alto o irrecuperable según las categorías del BCRA.
  • Moni Online registra el 60,53% de incobrabilidad entre sus clientes estatales; Naranja Digital, el 31,86%.
  • Las fuerzas de Seguridad y Defensa concentran las tasas más altas de mora, con el Ejército encabezando la lista en el 30,1%.

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