Judiciales ⚖️
Adorni admitió haber ocultado medio millón de dólares: “Ahorramos en negro”
El jefe de Gabinete presentó su declaración jurada rectificada y reconoció públicamente que no declaró 500.000 dólares provenientes de inversiones en bitcoin. Dijo que pensó en renunciar y que el presidente Milei lo respaldó. La causa por enriquecimiento ilícito sigue abierta en el juzgado del juez Ariel Lijo.
Adorni admitió haber ocultado medio millón de dólares: “Lo pusimos en negro como la mayoría de los argentinos”
El jefe de Gabinete Manuel Adorni rompió el silencio este miércoles y confirmó la presentación de su declaración jurada patrimonial rectificada, junto a las correspondientes a los años 2023 y 2024, tras meses de cuestionamientos judiciales, políticos y medianos. En declaraciones al canal LN+, el funcionario admitió haber ocultado 500.000 dólares en sus presentaciones anteriores y lo justificó con una frase que ya da vuelta en los medios: «Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar».
«Tenía que demostrar que no era chorro»
Según relató el propio Adorni, la decisión de presentar la declaración fue impulsada por su abogado defensor. «Tenía que demostrar que no era chorro, así me lo dijo el abogado, y la única forma era presentando la Declaración Jurada», reconoció el titular de ministros. El funcionario explicó que en 2013 comenzó a invertir en bitcoin, que aportó alrededor de 200.000 dólares y que obtuvo una ganancia de 300.000 dólares adicionales. «En 2018 empecé a liquidar», precisó, sin aportar documentación que respalde la trazabilidad de esas operaciones.
Adorni aclaro que el plazo legal de presentación «vence el 31 de julio próximo» y que optó por presentarla este miércoles en forma anticipada. «Voy a pagar hasta el último peso de impuestos», aseguró, aunque no explicitó si esa regularización se realiza en el marco del régimen de inocencia fiscal al que tanto él como su esposa Bettina Angeletti se adhirieron en los últimos días, según informaron legisladores opositores.
El respaldo de Milei y el primer impulso de renunciar
En uno de los pasajes más llamativos de la entrevista, Adorni admitió que, al inicio de la polémica, pensó en presentar su renuncia. «Al principio pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)«, relató. La revelación cobra relevancia política: la idea de que el jefe de Gabinete evaluó abandonar el cargo en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contradice el tono desafiante que el funcionario mantuvo en público durante semanas.
También intentó politizar el caso al afirmar que «el objetivo no soy yo, el objetivo es el Presidente», y se quejó de haber sido «condenado mediáticamente» durante los últimos tres meses. Sobre la investigación judicial, alegó que no brindó explicaciones públicas antes porque debía «seguir los pasos judiciales», aunque esa lógica choca con la adhesión al régimen de inocencia fiscal, una vía extrajudicial que permite blanquear activos sin que el fisco indague su origen.
La declaración anterior: cifras que no cuadran
La comparación entre lo que Adorni declaró antes y lo que admitió ahora es reveladora. En la presentación de marzo de 2025, el funcionario expuso un patrimonio integrado por dos departamentos (valuados en pesos, con guarismos que no superaban los cuatro millones de pesos combinados según la escritura), 42.500 dólares en efectivo, una cuenta bancaria en Estados Unidos con 6.220 dólares e ingresos netos anuales por trabajo en relación de dependencia de 40,3 millones de pesos. Esa declaración correspondía al período previo a su asunción como jefe de Gabinete en noviembre de 2025, cuando aún se desempeñaba como secretario de Comunicación y Medios, y también como vocero presidencial.
Esas cifras resultaban llamativamente modestas frente al nivel de vida documentado en la causa judicial que instruye el juez federal Ariel Lijo: refacciones de lujo en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz valuadas en 245.000 dólares abonados en efectivo y sin factura, gastos en moneda extranjera superiores a 27.000 dólares en viajes a Nueva York, Punta del Este y Punta Cana, y la compra de un departamento en Caballito por 230.000 dólares con una modalidad de pago que incluyó deuda informal con las vendedoras. Ahora, la admisión de los 500.000 dólares no declarados agrega una capa más a ese expediente.
El country, la tarjeta y las conferencias pendientes
Sobre la propiedad en el country Indio Cuá, Adorni insistió en que la adquirió mediante un préstamo de un amigo y que la operación fue «lícita y normal». Respecto de sus gastos con tarjeta de crédito, que también forman parte de la investigación, se limitó a indicar que «están protegidos por ley y son datos privados». La respuesta contrasta con el nivel de transparencia que el propio Gobierno libertario predicó como sello de identidad desde el inicio de su gestión.
El funcionario también confirmó que planea retomar sus tradicionales ruedas de prensa en la Casa Rosada en cuanto «se resuelva este tema». Desde hace meses, Adorni suspendió las conferencias periódicas desde que estalló la polémica por el patrimonio, lo que suscitó críticas transversales sobre la opacidad informativa de la Jefatura de Gabinete.
La causa sigue abierta
La presentación de la declaración jurada no cierra la investigación penal. El juez Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita continúan reconstruyendo el esquema de gastos que el funcionario no logra justificar con sus ingresos, y el expediente incorpora testimonios de contratistas, peritajes de dispositivos y el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de Bettina Angeletti. La admisión pública de dinero no declarado, lejos de desactivar la causa, suma elementos que los investigadores deberán evaluar en el marco del delito de enriquecimiento ilícito que se le imputa.
Un viaje de Angeletti a Estados Unidos en el avión presidencial fue el detonante inicial del escándalo. Desde entonces, cada nueva revelación amplificó el caso: los 840.000 dólares bajo sospecha, los pagos en efectivo sin factura, los viajes de placer y ahora la confesión de medio millón de dólares «en negro». El funcionario que más tiempo ocupó una pantalla para defender las políticas del Gobierno fue, por artículo 24, el que terminó convirtiendo su propia vida financiera en el tema del día.
Puntos clave
- Adorni admitió no haber declarado 500.000 dólares producto de inversiones en bitcoin que datan de 2013.
- Presentó la declaración jurada rectificada este miércoles junto con las rectificadas de 2023 y 2024.
- Confesó que pensó en renunciar al inicio de la polémica y que el respaldo de Javier Milei y Karina Milei lo retuvo en el cargo.
- La causa judicial por enriquecimiento ilícito continúa abierta en el juzgado del juez Ariel Lijo; la declaración no extingue la acción penal.
- En su declaración de marzo de 2025, Adorni había consignado apenas 42.500 dólares en efectivo y patrimonios inmobiliarios valuados en pesos, muy por debajo del nivel de vida documentado en el expediente judicial.
Buenos Aires
LLA bonaerense va por el juicio político de la jueza que frenó la ley penal juvenil
La conducción de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará la destitución de la magistrada Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La ofensiva política apunta a la jueza, pero también al gobernador Kicillof, a quien los legisladores libertarios acusan de ser el verdadero articulador de la medida judicial.
Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y desató una reacción en cadena dentro de La Libertad Avanza bonaerense que va mucho más allá del debate jurídico: el partido ya anunció que pedirá el juicio político de la magistrada y abrió una mesa de trabajo para definir el mecanismo concreto de destitución.
La jueza Marta Elba Pascual dictó la medida cautelar que pone en suspenso la norma aprobada por el Congreso de la Nación, al entender que su aplicación inmediata generaría un daño irreparable. La decisión fue inmediatamente rechazada por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, quien convocó a sus equipos técnicos y políticos para diseñar los pasos legales que permitan destituirla.
La respuesta política: juicio político como herramienta de presión
Pareja no escatimó en calificaciones hacia la magistrada. «Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama», sostuvo. El titular de LLA bonaerense también afirmó que «siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes» y acusó al peronismo de haber actuado del mismo modo durante la pandemia.
La embestida contra la jueza incluyó además una acusación directa contra el gobernador Axel Kicillof. Según Pareja, Pascual «actúa como un peón» del mandatario provincial y «no cumple con las características básicas» que debe reunir un magistrado, porque «no puede anteponer una mirada política» a una ley «demandada por la gente». La operación política de LLA convierte así una decisión judicial técnica en un frente de batalla contra el gobierno de Kicillof.
La voz de los bloques legislativos
El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, fue en la misma dirección y afirmó que la decisión judicial «deja más que en claro de qué lado están», acusando a la jueza de defender a «delincuentes». «La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien», añadió.
El jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, fue quien cerró la postura de manera más contundente: «Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión».
El trasfondo: una ley con resistencias judiciales y sociales
El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso en febrero de 2026, establece la imputabilidad de menores a partir de los 13 años en casos de delitos graves, en una reforma que el oficialismo nacional presentó como una respuesta a la inseguridad. Desde su sanción, la norma enfrentó cuestionamientos de organismos de derechos humanos, colegios de abogados, defensorías y sectores académicos, que advirtieron sobre su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos de la niñez.
La propia jueza Pascual, al fundamentar la suspensión, expresó que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad», señalando que la problemática de la delincuencia juvenil requiere abordajes integrales que la ley no contempla. El argumento judicial choca de frente con la narrativa de LLA, que reduce el debate a una dicotomía entre víctimas y delincuentes, ignorando la complejidad social del fenómeno.
El anuncio del juicio político a una magistrada por dictar una medida cautelar en el marco de sus atribuciones constitucionales abre un interrogante sobre los límites entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la presión institucional sobre el Poder Judicial. En Argentina, la independencia judicial frente a las presiones del poder político es una discusión histórica; que un partido de gobierno la protagonice en nombre de la «voluntad popular» añade una capa de ironía a un espacio que construyó parte de su identidad en la denuncia del lawfare.
Puntos clave
- La Libertad Avanza bonaerense anunció el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual por suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil durante 60 días.
- Sebastián Pareja, titular de LLA bonaerense, convocó una mesa técnico-política para definir el mecanismo de destitución de la magistrada.
- Pareja acusó a la jueza de actuar como «un peón» del gobernador Axel Kicillof y de anteponer intereses políticos a una ley votada en el Congreso.
- Los bloques de senadores y diputados bonaerenses de LLA respaldaron la iniciativa con declaraciones que calificaron la decisión judicial de «garantista de la impunidad».
- La jueza Pascual justificó la suspensión al señalar que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad».
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