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Política 📢

Adorni confirmó envío de proyectos clave: liberan compra de tierras para extranjeros y reforma laboral

El jefe de Gabinete confirmó que 8 de los 10 puntos del Pacto de Mayo fueron tratados en las reuniones del Consejo. Entre las propuestas destacan la eliminación de restricciones para la compra de tierras por extranjeros y modificaciones en la normativa laboral.

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★ El portavoz presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció este lunes que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional una serie de proyectos de ley elaborados en el marco del Consejo de Mayo, algunos de los cuales se incorporarán a las sesiones extraordinarias, mientras que otros serán presentados durante el período legislativo ordinario de 2026.

Durante una conferencia de prensa en Casa de Gobierno, Adorni detalló que «de los 10 puntos propuestos» en el Pacto de Mayo «se trataron 8». Según explicó, la coparticipación federal y la reforma previsional quedaron fuera del análisis: la primera «requiere la presencia de todos los gobernadores» y la segunda «requiere previamente modificaciones en el esquema laboral».

Seis reuniones con asistencia perfecta

El funcionario destacó que durante el semestre se realizaron «6 reuniones plenarias» que contaron con «asistencia perfecta» de sus miembros. La única ausencia registrada fue la del secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, quien este martes se encontraba regresando de Washington en un vuelo internacional, según precisó Adorni.

El ministro coordinador reiteró que el Consejo de Mayo tiene carácter «consultivo no vinculante», aunque subrayó que la mayoría de los proyectos serán efectivamente enviados al Congreso. «Llevarán a un futuro de libertad y prosperidad, que es, en algún punto, por lo único que estamos acá y por lo único que vinimos a gobernar la Argentina», expresó.

Liberalización de la compra de tierras rurales

Uno de los ejes centrales del anuncio fue la propuesta sobre «inviolabilidad de la propiedad privada». Adorni informó que se definió «liberar la compra por parte de privados extranjeros» en cuanto a tierras rurales. Además, señaló que «se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio», una normativa impulsada por el diputado Máximo Kirchner que, según el funcionario, «atenta directamente contra la producción».

Esta última modificación apunta a derogar restricciones vigentes que buscan proteger suelos afectados por incendios forestales, estableciendo períodos de recuperación antes de permitir cambios en el uso de la tierra.

Compromiso fiscal y endeudamiento provincial

En relación al equilibrio fiscal, el Consejo propone al Presidente y a los gobernadores «reforzar públicamente el compromiso de no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario», con excepciones para refinanciación de deuda o situaciones de riesgo crediticio superior al nacional.

Esta medida buscaría limitar la posibilidad de que las provincias accedan a nuevo endeudamiento sin haber equilibrado sus cuentas, aunque mantiene márgenes para operaciones de rollover.

Reforma educativa: autonomía institucional y rol de los padres

Adorni detalló que la propuesta de reforma educativa plantea «otorgar mayor autonomía a las provincias y, dentro de ellas, a cada institución». Según explicó, el Estado fijaría «contenidos mínimos comunes, pero cada escuela va a tener la posibilidad de diseñar su plan de estudios y los padres van a recuperar un rol activo sobre el proyecto educativo de sus hijos».

El proyecto busca, además, «no prohibir modalidades como la educación a distancia, híbridas, comunitarias, todas bajo la supervisión obligatoria basada en estándares nacionales y jurisdiccionales».

Ley de Glaciares y explotación minera

El vocero confirmó que la modificación de la Ley de Glaciares será enviada a sesiones extraordinarias, tal como adelantó el presidente Javier Milei. «La propuesta que había estado preparada por la Secretaría Legal y Técnica se nutrió de cada uno de los comentarios del Consejo», afirmó.

También anticipó una «revisión del régimen de zona fría», ya incluido en el proyecto de Presupuesto 2026, así como una actualización de la Ley de Bosques, modificación de la Ley de Acuicultura y «eliminación de leyes de compre provincial y de topes de mano de obra local».

En relación al desarrollo minero, Adorni advirtió que «es imperioso que el mercado de factores integre en todo el país como un único mercado y no poniendo topes que lo único que hace es complicar la actividad».

Reforma laboral: ultra actividad y trabajadores de plataformas

Sobre la denominada «modernización laboral» que impulsa el Gobierno, el portavoz anticipó que el «proyecto definitivo» —aún no difundido públicamente— incluirá modificaciones en «ultra actividad, prelación de convenios, carga fiscal laboral» y regulaciones para «trabajadores autónomos, trabajadores de plataformas», proyecto impulsado por el diputado del PRO Cristian Ritondo.

Adorni también confirmó la intención de eliminar la normativa de teletrabajo aprobada durante la pandemia, que según sostuvo «no tuvo el efecto deseado».

Composición del Consejo

El Consejo de Mayo estuvo integrado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora Carolina Losada (UCR) y el diputado Cristian Ritondo (PRO), por ambas cámaras del Congreso; Gerardo Martínez por la CGT; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.

Adorni también reconoció la participación de su antecesor, Guillermo Francos, quien estuvo presente «en gran parte del camino» del Consejo de Mayo.

Puntos clave:

• El Gobierno enviará al Congreso 8 de los 10 proyectos del Pacto de Mayo, algunos en extraordinarias y otros en 2026

• Se propone liberar la compra de tierras rurales por extranjeros y eliminar restricciones post-incendio

• La reforma educativa busca dar autonomía a cada escuela y mayor participación a los padres

• La modificación de la Ley de Glaciares será tratada en sesiones extraordinarias

• La reforma laboral incluirá regulación de trabajadores de plataformas y eliminación de la ley de teletrabajo

Salud 🩺

El Senado va por la ley de Discapacidad antes de que venza la emergencia

El oficialismo busca sancionar el jueves 19 el texto que convierte en permanente el régimen que vence el 31 de diciembre. Diputados lo aprobó por 237 votos y, según trascendió, la Casa Rosada pidió cambios para demorarlo.

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Patricia Bullrich durante una exposición con una pantalla de fondo

El 31 de diciembre vence la emergencia en discapacidad y el Senado buscará reemplazarla por una ley permanente. El oficialismo apunta a sancionar el proyecto en la sesión del jueves 19 de noviembre, una de las últimas del período ordinario.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsa el texto que obtuvo dictamen el 4 de noviembre en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, sin cambios respecto de la versión que aprobó Diputados. Lo respaldaron el oficialismo, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y los bloques provinciales; si el Senado lo vota igual, quedará sancionado de manera definitiva.

Qué dice el proyecto

Se llama Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad y replica casi todo el esquema de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó contra la voluntad del Gobierno, pero elimina su carácter de emergencia y transitoriedad.

Mantiene la pensión no contributiva equivalente al 70% del haber jubilatorio mínimo, con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso, y conserva la compatibilidad con un empleo formal o con la inscripción en el monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

También ratifica el nomenclador único con la actualización de los aranceles, garantiza la cobertura básica de Incluir Salud para los titulares de pensiones y fija que las partidas destinadas al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a las del año anterior.

Sobre la deuda con los prestadores, el texto da 30 días al Gobierno para presentar un cronograma de pagos y un máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes, que suman unos $278.323 millones. El Presupuesto 2027 incluye una partida específica y, si no alcanza, la diferencia se cubre con fondos del Tesoro.

El Gobierno quería cambios

Según trascendió, la Casa Rosada le pidió a Bullrich que modificara el dictamen, un pedido que la senadora rechazó para avanzar con el texto que aprobó Diputados por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. El episodio expuso diferencias con el ministro de Economía, Luis Caputo.

La tensión viene de septiembre, cuando Bullrich admitió que desconocía los cambios en discapacidad que el Gobierno había incluido en el Presupuesto 2027, pese a integrar la mesa política del oficialismo. Aquel proyecto establecía la incompatibilidad absoluta entre la pensión y el empleo formal; el ajuste se descartó en Diputados tras un acuerdo con los bloques aliados.

Bullrich defendió el texto con una frase que resume el cambio de tono: «Esto no es un plan social, esto es una pensión por discapacidad».

El Papa puso el tema en agenda

El debate llega después de la visita del papa León XIV, que el lunes 9 de noviembre recorrió el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde viven unos 410 adultos con distintas discapacidades, y afirmó que sus vidas «no son un peso para la sociedad, son una bendición». El Pontífice dejó el país el 11 de noviembre.

Lo que tenés que saber

  • El Senado busca sancionar el jueves 19 de noviembre la ley que reemplaza la emergencia que vence el 31 de diciembre.
  • El dictamen se firmó el 4 de noviembre sin cambios respecto del texto que Diputados aprobó por 237 votos.
  • Se mantiene la pensión del 70% del haber mínimo, compatible con un empleo formal hasta dos salarios mínimos.
  • Según trascendió, la Casa Rosada pidió modificar el dictamen y Bullrich se negó.
  • El texto fija 30 días para presentar el cronograma de pagos a los prestadores y 90 para cancelar lo adeudado.
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