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Esequibo: Maduro presentó una Ley Orgánica a la Asamblea Nacional

Venezuela aprobó el domingo mediante un plebiscito la anexión del Esequibo, una zona rica en petróleo de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados que Caracas reclama desde 1844, sin haber tenido nunca posesión de ella.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó a última hora del viernes los seis decretos que representan un plan de incorporación del Esequibo al mapa político de Venezuela, en un anuncio formulado menos de una semana después de un referendo sobre el territorio en disputa con Guyana y poco antes de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que terminó sin pronunciamientos públicos sobre esta crisis.

Venezuela aprobó el domingo mediante un plebiscito la anexión del Esequibo, una zona rica en petróleo de cerca de 160.000 kilómetros cuadrados que Caracas reclama desde 1844, sin haber tenido nunca posesión de ella.

Unos días más tarde, el presidente de Venezuela presentó ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una Ley Orgánica para la creación del estado de Guayana Esequiba tras los resultados del referendo, no reconocido por Guyana, pero que para Caracas tuvo carácter vinculante.

En ese marco, el presidente de Guyana, Irfaan Ali, instó por su parte Maduro a respetar el derecho internacional y a evitar cualquier posible «paso en falso», al advertir además de que las Fuerzas Armadas guyanesas están ya en «máxima alerta» y, a nivel político, hay contactos tanto con la ONU como con Estados Unidos.

Los decretos

El primero de los decretos firmado por Maduro designa oficialmente al mayor general Alexis Rodríguez Cabello, un militar de 58 años, como la «autoridad única» del Esequibo.

El general, actualmente diputado, ya había sido designado en ese puesto de manera provisional durante esta semana.

El segundo decreto crea «una Alta Comisión Nacional para la defensa y recuperación» del territorio, encabezada por la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, según el comunicado recogido por la cadena oficial de televisión VTV.

La sede político-administrativa de esta «autoridad única» se encontrará en Tumeremo, en el este del país y junto a la frontera con Guyana, avanzó el Gobierno venezolano el pasado miércoles.

El tercer decreto presenta un nuevo mapa de Venezuela que incorpora efectivamente el territorio: «Hay que llevarlo a escuelas, liceos, en un lugar especial del hogar», advirtió Maduro durante su presentación.

El cuarto anuncia la creación inmediata de la división para el Esequibo de la petrolera estatal venezolana, PVDSA, y el quinto se refiere a la creación de una «zona de defensa» para el territorio, la llamada Zona de Defensa Integral la Guayana Esequiba (ZODI).

«Un tema clave, han destruido el ambiente, toda la biodiversidad, la belleza y tenemos que recuperarla», aseveró Maduro.

El sexto decreto, relacionado con el anterior, da por iniciada «la declaración de los nuevos parques nacionales, Zona Protectora de Defensa y monumentos naturales de la Guayana Esequiba», consignó la agencia de noticias Europa Press.

Esta presentación del Gobierno de Venezuela se realizó poco antes que el Consejo de Seguridad de la ONU finalice sin declaraciones públicas su reunión con carácter «urgente» por la controversia entre Venezuela y Guyana.

La sesión se realizó a pedido de Guyana, al argumentar que las últimas medidas adoptadas por Caracas «amenazan la paz y la seguridad internacionales», que son competencia de esta instancia de Naciones Unidas.

Presidente de Venezuela Nicols Maduro Foto Archivo
Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Telam.

El conflicto

La disputa entre los países vecinos no causó problemas entre ambos países ni para el resto de la región hasta 2015, cuando se descubrió un gigantesco yacimiento de petróleo -considerado la segunda mayor reserva mundial- en una zona del océano Atlántico correspondiente al área en cuestión.

Tras el fracaso de varias iniciativas para resolverlo, Guyana llevó en 2020 el caso a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU, que en un fallo reciente pidió «abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente en el territorio en disputa», pero Venezuela reiteró que no reconoce la competencia de ese tribunal.

En ese contexto, las autoridades venezolanas convocaron un referendo el domingo pasado para la anexión de Esequibo, y el Parlamento venezolano aprobó un proyecto de ley destinado a crear allí una provincia.

En medio de las tensiones, el Gobierno de Venezuela acusó a Guyana de haber dado «luz verde» para la instalación de bases militares estadounidenses en la región en disputa, el mismo día en que un helicóptero militar de Guyana con siete personas a bordo desapareció cerca de la frontera con Venezuela, aunque las autoridades guyanesas lo atribuyeron a «las condiciones climáticas adversas».

El conflicto territorial se remonta al siglo XIX, cuando un fallo de 1899, defendido desde Guyana, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello.

Caracas, por su parte, se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre el Reino Unido -antigua potencia colonial de Guyana- y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa.

Islas Malvinas

Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar el petróleo en Malvinas: no se puede restituir

Argentina pidió al Tribunal del Mar, en Hamburgo, medidas provisionales para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas. No hay fallo: el Tribunal aún no se pronunció. Oyarzábal dijo que lo que está en juego no puede restituirse. El Reino Unido niega urgencia y apunta a 2027 y 2028.

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El Argentino Diario-Islas Malvinas.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar celebró este martes en Hamburgo la primera audiencia sobre el pedido argentino de medidas provisionales contra el Reino Unido para frenar la explotación de petróleo en las Islas Malvinas. Este miércoles se realiza la segunda y última ronda de exposiciones. El Tribunal no dictó un fallo sobre el fondo ni se pronunció todavía sobre las medidas: solo escucha a las partes.

El consejero legal de Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, que actúa como agente ante el Tribunal, centró el planteo en el proyecto Sea Lion, que desarrollan las licenciatarias Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte. En la audiencia de la mañana del martes, según la versión taquigráfica oficial del propio Tribunal, afirmó: “Señor Presidente, lo que está en juego no puede ser restituido”.

Qué se discute, y qué no se decide aún

El caso, caratulado como el Asunto 37, se limita en esta etapa a las medidas provisionales previstas en el artículo 290, párrafo 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina notificó el 28 de septiembre un arbitraje bajo el Anexo VII de esa Convención y, el 13 de octubre, pidió al Tribunal de Hamburgo que ordene medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral. Una orden del 20 de octubre fijó las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre. No hay, al cierre de esta edición, una decisión sobre ese pedido.

Oyarzábal pidió detener el proyecto mientras tramita el arbitraje. El Reino Unido sostiene que la perforación no comenzará antes del 21 de marzo de 2027 y que no habrá extracción de hidrocarburos antes de marzo de 2028. El agente argentino replicó que, aun en esa fecha, “los trabajos preparatorios ya estarían en marcha y el tribunal arbitral no estaría en condiciones de brindar a la Argentina una protección efectiva”.

Recursos que no vuelven y una disputa de soberanía

El Gobierno argentino cuestionó que el Reino Unido autorizó de manera unilateral la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental que rodea a las islas. Oyarzábal advirtió que se trata de un territorio sujeto a una disputa de soberanía cuya descolonización sigue pendiente, un diferendo que las Naciones Unidas reconocen como tal. Desde el restablecimiento de la democracia, sostuvo, cada gobierno argentino buscó un arreglo pacífico, y el Reino Unido se niega a negociar una solución.

Según el proyecto, Sea Lion contempla 35 años de explotación, con la posibilidad de perforar 23 pozos de producción desde una unidad móvil anclada al lecho, y nuevas etapas de desarrollo. “Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, dijo Oyarzábal. Completó el argumento, siempre según el acta oficial: “La perforación altera de manera permanente el lecho y el subsuelo marinos: los pozos pueden ser tapados, pero no pueden deshacerse. Una vez extraído, el petróleo no puede devolverse. Ninguna compensación podría restaurar el statu quo ante”.

La Argentina invoca, además, el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales: esos recursos, afirmó su agente, no pueden disponerse de manera unilateral mientras la disputa permanece pendiente. El Tribunal, en esta instancia, no resuelve la soberanía de las islas: solo evalúa si caben medidas provisionales para preservar derechos que la Argentina reclama en el arbitraje.

La posición del Reino Unido

En la sesión de la tarde del martes, el Reino Unido, con su fiscal general Ellie Reeves y su agente Sally Langrish entre los expositores, rechazó el pedido. Sostuvo que la controversia que plantea la Argentina es, en los hechos, un reclamo de soberanía sobre el territorio, y que el Tribunal no debe expedirse sobre esa materia. Afirmó que no hay urgencia, porque, según su versión, nada está a punto de ocurrir antes de las fechas de 2027 y 2028, y que las medidas pedidas tendrían, en sus términos, consecuencias gravísimas para los habitantes de las islas, a quienes atribuye el derecho a la autodeterminación. La Argentina no comparte esa lectura: mantiene el reclamo soberano sobre las Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.

Además de Oyarzábal, integran la comisión argentina María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; la embajadora en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como coagente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver, con el asesor jurídico Agustín Giustiniani.

Lo que tenés que saber:

  • Argentina pidió en Hamburgo medidas provisionales para frenar el proyecto petrolero Sea Lion en Malvinas. No hay fallo: el Tribunal todavía no se pronunció.
  • Oyarzábal sostuvo, en el acta oficial, que lo que está en juego no puede ser restituido y que ninguna compensación restaura el estado anterior.
  • El Reino Unido autorizó el proyecto de forma unilateral, en un territorio en disputa de soberanía cuya descolonización, según la Argentina y las Naciones Unidas, sigue pendiente.
  • Londres sostiene que no hay urgencia porque la perforación no comenzaría antes del 21 de marzo de 2027 ni la extracción antes de marzo de 2028, y rechaza que el Tribunal se expida sobre la soberanía.
  • Este miércoles se celebra la segunda y última ronda de exposiciones.
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