Denuncia
Carmona denunció en la ONU la «flagrante» violación británica en Malvinas
«Estamos hoy aquí para clamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional que el Reino Unido comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», expresó Carmona.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, reclamó hoy, en el plenario de la Cuarta Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), «justicia» frente a la «flagrante y permanente violación» del derecho internacional que el Reino Unido «comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», para sentarse a negociar con la Argentina la soberanía sobre las Islas Malvinas.
«Estamos hoy aquí para clamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional que el Reino Unido comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», expresó Carmona en la reunión de esa comisión del Comité de Descolonización, que tiene a su cargo la cuestión Malvinas, como se denomin en la diplomacia a la invasión a las Malvinas, por parte del Reino Unido, en 1833.
Simultáneamente, se quejó de que, «lamentablemente, el Reino Unido no sólo ignora este llamado de la comunidad internacional sino que además continúa llevando adelante acciones unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables y mantiene una desproporcionada presencia militar en el Atlántico Sur».
En ese sentido, enumeró que el «episodio más reciente en tal sentido ha sido el despliegue en las Islas de las denominadas Fuerzas de Seguridad de Kosovo, lo que supone la introducción de fuerzas extranjeras con capacidad militar en un territorio bajo disputa de soberanía».
Por eso, Carmona dijo que la Argentina «insta al Reino Unido a poner fin a estas acciones unilaterales y a cumplir con lo dispuesto en la resolución 31/49».
Aclaró que «hasta tanto esto no ocurra, la Argentina continuará llevando adelante todas las acciones a su alcance, en el marco del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes, para preservar sus legítimos derechos de soberanía sobre los recursos naturales».
El funcionario argentino mencionó que la «cuestión de las Islas Malvinas difiere de manera sustantiva de otras cuestiones coloniales ya que se trata de una situación especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre las dos únicas partes en la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas».
«Sin embargo -aclaró-, el Reino Unido alega que no entrará en negociaciones con la Argentina a menos que los habitantes del territorio así lo deseen, un razonamiento que no tiene sustento en el derecho internacional».
«De hecho -fundamentó Carmona-, ninguna de las resoluciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas ha hecho mención a los deseos de los habitantes del territorio ni al principio de libre determinación».
Incluso en 1985, recordó, la Asamblea General «rechazó el intentó británico de incluir referencias a dicho principio en la resolución», amplió el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende de la Cancillería.
El funcionario puso de relieve que la «inaplicabilidad del principio de libre determinación responde a que en la cuestión de las Islas Malvinas nos encontramos con un territorio colonizado, sin que haya un pueblo sujeto a la subyugación, dominación o explotación colonial».
«A partir 1833 -recordó-, el Reino Unido ocupó por la fuerza el territorio que estaba bajo control y jurisdicción del Gobierno argentino, expulsó a las autoridades allí radicadas y puso en marcha medidas para implantar súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica que le permitiera afianzar su control colonial.»
«De este modo, quebrantó la integridad territorial de la Argentina, una nación con la que desde 1825 mantenía relaciones diplomáticas amistosas. La ilegítima legislación colonial británica estuvo pensada desde un comienzo para preservar el «carácter británico» de la población de las islas y dificultar el asentamiento de argentinos provenientes del continente», enfatizó.
Carmona, al referirse al inicio de la cuestión Malvinas, puntualizó que, «en 1966, luego de que la Resolución 2065 (de Naciones Unidas) fuera aprobada por la Asamblea sin votos en contra, el Reino Unido acordó con la Argentina iniciar un proceso de negociaciones, lo que fue formalmente comunicado al Secretario General» de la ONU.
«Desde entonces y durante 16 años -explicó- la Argentina y el Reino Unido mantuvieron conversaciones en las que la cuestión de la soberanía fue abordada bilateralmente, en cuyo marco consideraron diferentes alternativas para la solución de la disputa».
Al respecto apuntó que «en la mesa de negociaciones hubo varias propuestas concretas para poner fin a la controversia, como la transferencia del ejercicio de soberanía a la Argentina, la administración conjunta o el retroarriendo de las Islas».
En ese plano, sostuvo que los «negociadores nunca perdieron de vista el interés de los habitantes de las islas, a cuyo fin, se examinaron salvaguardias especiales y se implementaron una serie de medidas prácticas que mejoraron las condiciones de vida de los isleños y estrecharon los lazos entre el continente y las islas».
«Para dar a conocer esta etapa no tan conocida de la controversia de soberanía desde la Cancillería hemos editado una publicación en la que se detallan las diversas propuestas y alternativas que reflejan el diálogo que existió entre la Argentina y el Reino Unido para cumplir con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General», agregó el funcionario.
En ese punto, Carmona advirtió que la «reticencia del Reino Unido ha llevado a que las negociaciones lleven más de 40 años interrumpidas», y añadió que, en ese período, la Argentina «se ha consolidado como un país democrático y ha dado sobradas muestras de que aspira a la recuperación del ejercicio pleno de su soberanía exclusivamente por medios pacíficos, respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas, lo que se encuentra consagrado en su constitución nacional».
Puso como ejemplo que el 2 de marzo se propuso al Reino Unido una «renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur con el objeto de dar cumplimiento al mandato de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General».
«A fin de lograr dicho objetivo, propusimos el establecimiento de un proceso formal de negociaciones, transparente y basado en la buena fe, de carácter periódico, donde se abordaran los temas de interés mutuo, entre ellos, la reanudación de las negociaciones de soberanía, la conectividad de las islas con el territorio continental argentino, medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas, la conservación de los recursos naturales y la desmilitarización de las áreas bajo disputa», puntualizó.
En paralelo, subrayó que «se transmitió la disposición de la Argentina a dar continuidad a las tareas humanitarias de identificación de los ex combatientes, en el marco de las obligaciones que surgen del Derecho Internacional Humanitario y en aras de brindar respuestas y consuelo a las familias».
Sin embargo, Carmona afirmó que «hasta el momento, el Gobierno argentino continúa aguardando una respuesta favorable del Reino Unido».
A ese tema, amplió que la Argentina hace «esfuerzos para cumplir con el mandato de las resoluciones de la Asamblea General» que «incluyen asimismo la permanente disposición para colaborar con los esfuerzos del secretario general para acercar a las partes en el marco de la misión de buenos oficios encomendada por esta Asamblea General».
Carmona, al destacar los apoyos de la causa argentina, citó que la Argentina «cuenta con el firme respaldo de los países de América Latina y el Caribe».
«Ustedes -señaló por último ante el plenario- pueden ser testigos de ese respaldo en las intervenciones del MERCOSUR y la CELAC que se escuchan en esta Comisión. Pero el llamado a la reanudación de negociaciones trasciende las fronteras de América Latina, como lo prueban los pronunciamientos del Grupo de los 77 y China, la Organización de Estados Americanos, la Cumbre Iberoamericana, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, la Cumbre Países Sudamericanos – Países Árabes y la Cumbre de países de América del Sur y de África».
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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