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Denuncia

Carmona denunció en la ONU la «flagrante» violación británica en Malvinas

«Estamos hoy aquí para clamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional que el Reino Unido comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», expresó Carmona.

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El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, reclamó hoy, en el plenario de la Cuarta Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), «justicia» frente a la «flagrante y permanente violación» del derecho internacional que el Reino Unido «comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», para sentarse a negociar con la Argentina la soberanía sobre las Islas Malvinas.

«Estamos hoy aquí para clamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional que el Reino Unido comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», expresó Carmona en la reunión de esa comisión del Comité de Descolonización, que tiene a su cargo la cuestión Malvinas, como se denomin en la diplomacia a la invasión a las Malvinas, por parte del Reino Unido, en 1833.

Simultáneamente, se quejó de que, «lamentablemente, el Reino Unido no sólo ignora este llamado de la comunidad internacional sino que además continúa llevando adelante acciones unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables y mantiene una desproporcionada presencia militar en el Atlántico Sur».

En ese sentido, enumeró que el «episodio más reciente en tal sentido ha sido el despliegue en las Islas de las denominadas Fuerzas de Seguridad de Kosovo, lo que supone la introducción de fuerzas extranjeras con capacidad militar en un territorio bajo disputa de soberanía».

Por eso, Carmona dijo que la Argentina «insta al Reino Unido a poner fin a estas acciones unilaterales y a cumplir con lo dispuesto en la resolución 31/49».

Aclaró que «hasta tanto esto no ocurra, la Argentina continuará llevando adelante todas las acciones a su alcance, en el marco del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes, para preservar sus legítimos derechos de soberanía sobre los recursos naturales».

El funcionario argentino mencionó que la «cuestión de las Islas Malvinas difiere de manera sustantiva de otras cuestiones coloniales ya que se trata de una situación especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre las dos únicas partes en la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas».

«Sin embargo -aclaró-, el Reino Unido alega que no entrará en negociaciones con la Argentina a menos que los habitantes del territorio así lo deseen, un razonamiento que no tiene sustento en el derecho internacional».

«De hecho -fundamentó Carmona-, ninguna de las resoluciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas ha hecho mención a los deseos de los habitantes del territorio ni al principio de libre determinación».

Incluso en 1985, recordó, la Asamblea General «rechazó el intentó británico de incluir referencias a dicho principio en la resolución», amplió el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende de la Cancillería.

El funcionario puso de relieve que la «inaplicabilidad del principio de libre determinación responde a que en la cuestión de las Islas Malvinas nos encontramos con un territorio colonizado, sin que haya un pueblo sujeto a la subyugación, dominación o explotación colonial».

«A partir 1833 -recordó-, el Reino Unido ocupó por la fuerza el territorio que estaba bajo control y jurisdicción del Gobierno argentino, expulsó a las autoridades allí radicadas y puso en marcha medidas para implantar súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica que le permitiera afianzar su control colonial.»

«De este modo, quebrantó la integridad territorial de la Argentina, una nación con la que desde 1825 mantenía relaciones diplomáticas amistosas. La ilegítima legislación colonial británica estuvo pensada desde un comienzo para preservar el «carácter británico» de la población de las islas y dificultar el asentamiento de argentinos provenientes del continente», enfatizó.

Carmona, al referirse al inicio de la cuestión Malvinas, puntualizó que, «en 1966, luego de que la Resolución 2065 (de Naciones Unidas) fuera aprobada por la Asamblea sin votos en contra, el Reino Unido acordó con la Argentina iniciar un proceso de negociaciones, lo que fue formalmente comunicado al Secretario General» de la ONU.

«Desde entonces y durante 16 años -explicó- la Argentina y el Reino Unido mantuvieron conversaciones en las que la cuestión de la soberanía fue abordada bilateralmente, en cuyo marco consideraron diferentes alternativas para la solución de la disputa».

Al respecto apuntó que «en la mesa de negociaciones hubo varias propuestas concretas para poner fin a la controversia, como la transferencia del ejercicio de soberanía a la Argentina, la administración conjunta o el retroarriendo de las Islas».

En ese plano, sostuvo que los «negociadores nunca perdieron de vista el interés de los habitantes de las islas, a cuyo fin, se examinaron salvaguardias especiales y se implementaron una serie de medidas prácticas que mejoraron las condiciones de vida de los isleños y estrecharon los lazos entre el continente y las islas».

«Para dar a conocer esta etapa no tan conocida de la controversia de soberanía desde la Cancillería hemos editado una publicación en la que se detallan las diversas propuestas y alternativas que reflejan el diálogo que existió entre la Argentina y el Reino Unido para cumplir con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General», agregó el funcionario.

En ese punto, Carmona advirtió que la «reticencia del Reino Unido ha llevado a que las negociaciones lleven más de 40 años interrumpidas», y añadió que, en ese período, la Argentina «se ha consolidado como un país democrático y ha dado sobradas muestras de que aspira a la recuperación del ejercicio pleno de su soberanía exclusivamente por medios pacíficos, respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas, lo que se encuentra consagrado en su constitución nacional».

Puso como ejemplo que el 2 de marzo se propuso al Reino Unido una «renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur con el objeto de dar cumplimiento al mandato de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General».

«A fin de lograr dicho objetivo, propusimos el establecimiento de un proceso formal de negociaciones, transparente y basado en la buena fe, de carácter periódico, donde se abordaran los temas de interés mutuo, entre ellos, la reanudación de las negociaciones de soberanía, la conectividad de las islas con el territorio continental argentino, medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas, la conservación de los recursos naturales y la desmilitarización de las áreas bajo disputa», puntualizó.

En paralelo, subrayó que «se transmitió la disposición de la Argentina a dar continuidad a las tareas humanitarias de identificación de los ex combatientes, en el marco de las obligaciones que surgen del Derecho Internacional Humanitario y en aras de brindar respuestas y consuelo a las familias».

Sin embargo, Carmona afirmó que «hasta el momento, el Gobierno argentino continúa aguardando una respuesta favorable del Reino Unido».

A ese tema, amplió que la Argentina hace «esfuerzos para cumplir con el mandato de las resoluciones de la Asamblea General» que «incluyen asimismo la permanente disposición para colaborar con los esfuerzos del secretario general para acercar a las partes en el marco de la misión de buenos oficios encomendada por esta Asamblea General».

Carmona, al destacar los apoyos de la causa argentina, citó que la Argentina «cuenta con el firme respaldo de los países de América Latina y el Caribe».

«Ustedes -señaló por último ante el plenario- pueden ser testigos de ese respaldo en las intervenciones del MERCOSUR y la CELAC que se escuchan en esta Comisión. Pero el llamado a la reanudación de negociaciones trasciende las fronteras de América Latina, como lo prueban los pronunciamientos del Grupo de los 77 y China, la Organización de Estados Americanos, la Cumbre Iberoamericana, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, la Cumbre Países Sudamericanos – Países Árabes y la Cumbre de países de América del Sur y de África».

Denuncia

Inversores excluidos de la causa $LIBRA piden volver a ser querellantes

Cinco inversores apartados de la investigación por la presunta estafa cripto presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes. Mientras tanto, el fiscal Eduardo Taiano aguarda los resultados de pericias sobre trazabilidad de fondos y comunicaciones, piezas claves para determinar si hubo fraude en el lanzamiento del memecoin que Javier Milei promocionó en febrero de 2025.

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El Argentino Diario-La influencia de Karina Milei sobre su hermano-Hayden Davis-Hablar Milei.
La causa podría avanzar hacia indagatorias de Javier y Karina Milei, aunque sin fecha definida.

Más de 27.000 dólares invertidos por particulares que se evaporaron en minutos: ese es el daño concreto que cinco afectados intentan probar desde adentro de la causa $LIBRA, la investigación por la presunta estafa cripto que involucra al presidente Javier Milei. Pero la justicia los dejó afuera. Y ahora pelean para volver.

Los abogados Juan Grabois y Nicolás Oszust, que representan a Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo, presentaron este miércoles un recurso ante la Cámara Federal de Casación para revertir la resolución que los excluyó como querellantes en el expediente que tramita ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

El fallo que los dejó afuera

El 4 de septiembre pasado, los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones confirmaron la decisión de Martínez De Giorgi de apartar a los cinco inversores de la causa, luego de un pedido formulado por el lobbista Mauricio Novelli. En su resolución, los magistrados sostuvieron que los afectados «asumieron voluntariamente los riesgos inherentes» a la compra del memecoin y que la pérdida de dinero «fue una consecuencia de ese riesgo asumido». Agregaron, además, que la hipótesis de una presunta estafa se encontraba «diluida».

Para las defensas de los damnificados, ese razonamiento equivale a un prejuzgamiento anticipado del fondo del asunto. En los escritos presentados ante Casación, los letrados también señalaron que no existieron nuevas pruebas ni elementos supervinientes que justificaran un cambio en la situación procesal de sus representados. La exclusión, argumentaron, los deja sin herramientas para impulsar medidas de prueba propias en una causa que avanza con lentitud.

Taiano y las pericias que no llegan

Con los querellantes afuera, el peso de la investigación recae por completo sobre el fiscal Eduardo Taiano, quien arrastra cuestionamientos por la demora en el avance de la causa. Según informaron fuentes judiciales, la instrucción se encuentra a la espera de los resultados de pericias técnicas que el propio Taiano solicitó: una sobre la trazabilidad de las inversiones y otra sobre las comunicaciones de los involucrados.

Una de las piezas más esperadas es la pericia sobre el recorrido de transferencias de Hayden Davis, el creador de la criptomoneda, que alcanzarían casi 5 millones de dólares. La tarea estaba a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), pero el organismo no contaba con las licencias necesarias para completarla. La otra pericia pendiente apunta al celular del lobbista Mauricio Novelli y busca reconstruir el posible acuerdo para la promoción de $LIBRA.

A esas esperas se suma la perspectiva de posibles indagatorias que aún no tienen fecha, entre ellas las de Javier Milei y su hermana Karina Milei.

El contexto: un lanzamiento con sello presidencial

La causa tiene su origen en febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei promocionó en sus redes sociales el lanzamiento del memecoin $LIBRA, cuyo valor se disparó en minutos para luego desplomarse de manera abrupta, dejando a miles de pequeños inversores con pérdidas cuantiosas. La difusión presidencial le dio al proyecto una legitimidad que derivó en una avalancha de compras que, según los denunciantes, fue aprovechada por los creadores del token para liquidar sus posiciones y salir del mercado antes del colapso, en lo que se conoce como un esquema de «pump and dump».

La causa ya acumula múltiples frentes: la participación del propio Milei en la difusión del activo, el rol de Hayden Davis como articulador del proyecto, el vínculo con el lobbista Novelli, y las conexiones con estructuras financieras off-shore que, según investigaciones publicadas en informes judiciales, podrían haber servido para canalizar los fondos obtenidos. En ese marco, la incorporación de querellantes no es un detalle procesal menor: es la diferencia entre una causa que avanza por impulso propio de los afectados y una que depende exclusivamente de la voluntad de un fiscal cuestionado.

Lo que tenés que saber

  • Cinco inversores apartados de la causa $LIBRA presentaron un recurso ante la Cámara Federal de Casación para recuperar el rol de querellantes.
  • La Cámara Federal de Apelaciones confirmó su exclusión el 4 de septiembre, al sostener que «asumieron voluntariamente los riesgos» del memecoin.
  • Las defensas calificaron ese argumento como un prejuzgamiento y señalaron que no hubo nuevas pruebas que justificaran el cambio procesal.
  • El fiscal Eduardo Taiano aguarda pericias técnicas sobre la trazabilidad de fondos de Hayden Davis y las comunicaciones del lobbista Mauricio Novelli.
  • La causa podría avanzar hacia indagatorias del presidente Javier Milei y de Karina Milei, aunque sin fecha definida.
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