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Denuncia

Carmona denunció en la ONU la «flagrante» violación británica en Malvinas

«Estamos hoy aquí para clamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional que el Reino Unido comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», expresó Carmona.

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El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, reclamó hoy, en el plenario de la Cuarta Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU), «justicia» frente a la «flagrante y permanente violación» del derecho internacional que el Reino Unido «comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», para sentarse a negociar con la Argentina la soberanía sobre las Islas Malvinas.

«Estamos hoy aquí para clamar justicia ante la comunidad internacional frente a la flagrante y permanente violación del derecho internacional que el Reino Unido comete desoyendo los mandatos de la comunidad internacional», expresó Carmona en la reunión de esa comisión del Comité de Descolonización, que tiene a su cargo la cuestión Malvinas, como se denomin en la diplomacia a la invasión a las Malvinas, por parte del Reino Unido, en 1833.

Simultáneamente, se quejó de que, «lamentablemente, el Reino Unido no sólo ignora este llamado de la comunidad internacional sino que además continúa llevando adelante acciones unilaterales relacionadas con la exploración y explotación de los recursos naturales renovables y no renovables y mantiene una desproporcionada presencia militar en el Atlántico Sur».

En ese sentido, enumeró que el «episodio más reciente en tal sentido ha sido el despliegue en las Islas de las denominadas Fuerzas de Seguridad de Kosovo, lo que supone la introducción de fuerzas extranjeras con capacidad militar en un territorio bajo disputa de soberanía».

Por eso, Carmona dijo que la Argentina «insta al Reino Unido a poner fin a estas acciones unilaterales y a cumplir con lo dispuesto en la resolución 31/49».

Aclaró que «hasta tanto esto no ocurra, la Argentina continuará llevando adelante todas las acciones a su alcance, en el marco del derecho internacional y de las resoluciones pertinentes, para preservar sus legítimos derechos de soberanía sobre los recursos naturales».

El funcionario argentino mencionó que la «cuestión de las Islas Malvinas difiere de manera sustantiva de otras cuestiones coloniales ya que se trata de una situación especial y particular que involucra una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido, que debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre las dos únicas partes en la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las Islas Malvinas».

«Sin embargo -aclaró-, el Reino Unido alega que no entrará en negociaciones con la Argentina a menos que los habitantes del territorio así lo deseen, un razonamiento que no tiene sustento en el derecho internacional».

«De hecho -fundamentó Carmona-, ninguna de las resoluciones sobre la cuestión de las Islas Malvinas ha hecho mención a los deseos de los habitantes del territorio ni al principio de libre determinación».

Incluso en 1985, recordó, la Asamblea General «rechazó el intentó británico de incluir referencias a dicho principio en la resolución», amplió el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende de la Cancillería.

El funcionario puso de relieve que la «inaplicabilidad del principio de libre determinación responde a que en la cuestión de las Islas Malvinas nos encontramos con un territorio colonizado, sin que haya un pueblo sujeto a la subyugación, dominación o explotación colonial».

«A partir 1833 -recordó-, el Reino Unido ocupó por la fuerza el territorio que estaba bajo control y jurisdicción del Gobierno argentino, expulsó a las autoridades allí radicadas y puso en marcha medidas para implantar súbditos británicos, con el propósito de definir una composición demográfica que le permitiera afianzar su control colonial.»

«De este modo, quebrantó la integridad territorial de la Argentina, una nación con la que desde 1825 mantenía relaciones diplomáticas amistosas. La ilegítima legislación colonial británica estuvo pensada desde un comienzo para preservar el «carácter británico» de la población de las islas y dificultar el asentamiento de argentinos provenientes del continente», enfatizó.

Carmona, al referirse al inicio de la cuestión Malvinas, puntualizó que, «en 1966, luego de que la Resolución 2065 (de Naciones Unidas) fuera aprobada por la Asamblea sin votos en contra, el Reino Unido acordó con la Argentina iniciar un proceso de negociaciones, lo que fue formalmente comunicado al Secretario General» de la ONU.

«Desde entonces y durante 16 años -explicó- la Argentina y el Reino Unido mantuvieron conversaciones en las que la cuestión de la soberanía fue abordada bilateralmente, en cuyo marco consideraron diferentes alternativas para la solución de la disputa».

Al respecto apuntó que «en la mesa de negociaciones hubo varias propuestas concretas para poner fin a la controversia, como la transferencia del ejercicio de soberanía a la Argentina, la administración conjunta o el retroarriendo de las Islas».

En ese plano, sostuvo que los «negociadores nunca perdieron de vista el interés de los habitantes de las islas, a cuyo fin, se examinaron salvaguardias especiales y se implementaron una serie de medidas prácticas que mejoraron las condiciones de vida de los isleños y estrecharon los lazos entre el continente y las islas».

«Para dar a conocer esta etapa no tan conocida de la controversia de soberanía desde la Cancillería hemos editado una publicación en la que se detallan las diversas propuestas y alternativas que reflejan el diálogo que existió entre la Argentina y el Reino Unido para cumplir con las resoluciones pertinentes de la Asamblea General», agregó el funcionario.

En ese punto, Carmona advirtió que la «reticencia del Reino Unido ha llevado a que las negociaciones lleven más de 40 años interrumpidas», y añadió que, en ese período, la Argentina «se ha consolidado como un país democrático y ha dado sobradas muestras de que aspira a la recuperación del ejercicio pleno de su soberanía exclusivamente por medios pacíficos, respetando el modo de vida de los habitantes de las Islas, lo que se encuentra consagrado en su constitución nacional».

Puso como ejemplo que el 2 de marzo se propuso al Reino Unido una «renovada agenda bilateral sobre el Atlántico Sur con el objeto de dar cumplimiento al mandato de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General».

«A fin de lograr dicho objetivo, propusimos el establecimiento de un proceso formal de negociaciones, transparente y basado en la buena fe, de carácter periódico, donde se abordaran los temas de interés mutuo, entre ellos, la reanudación de las negociaciones de soberanía, la conectividad de las islas con el territorio continental argentino, medidas prácticas tendientes a garantizar los intereses y el modo de vida de los habitantes de las Islas, la conservación de los recursos naturales y la desmilitarización de las áreas bajo disputa», puntualizó.

En paralelo, subrayó que «se transmitió la disposición de la Argentina a dar continuidad a las tareas humanitarias de identificación de los ex combatientes, en el marco de las obligaciones que surgen del Derecho Internacional Humanitario y en aras de brindar respuestas y consuelo a las familias».

Sin embargo, Carmona afirmó que «hasta el momento, el Gobierno argentino continúa aguardando una respuesta favorable del Reino Unido».

A ese tema, amplió que la Argentina hace «esfuerzos para cumplir con el mandato de las resoluciones de la Asamblea General» que «incluyen asimismo la permanente disposición para colaborar con los esfuerzos del secretario general para acercar a las partes en el marco de la misión de buenos oficios encomendada por esta Asamblea General».

Carmona, al destacar los apoyos de la causa argentina, citó que la Argentina «cuenta con el firme respaldo de los países de América Latina y el Caribe».

«Ustedes -señaló por último ante el plenario- pueden ser testigos de ese respaldo en las intervenciones del MERCOSUR y la CELAC que se escuchan en esta Comisión. Pero el llamado a la reanudación de negociaciones trasciende las fronteras de América Latina, como lo prueban los pronunciamientos del Grupo de los 77 y China, la Organización de Estados Americanos, la Cumbre Iberoamericana, la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur, la Cumbre Países Sudamericanos – Países Árabes y la Cumbre de países de América del Sur y de África».

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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