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«La Justicia de Morales intimida públicamente con sentencia exprés»
Desde el espacio que nuclea a gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, quienes se oponen a la reforma constitucional provincial, aseguran que el gobierno local difunde listados de quienes participaron de las protestas con multas contravencionales «sin derecho a defensa ni a la privacidad».
La Multisectorial Contra la Reforma de la Constitución, integrada por gremios, pueblos originarios, organizaciones sociales y gauchas de Jujuy, reclamó este sábado contra el avance de una «campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas» del gobierno de Gerardo Morales, por la difusión de listas de manifestantes con multas contravencionales que busca aplicar bajo sentencias que calificaron como «exprés».
«La Justicia de Morales intimida públicamente con sentencias exprés, sin derecho a defensa ni a la privacidad», denunciaron desde el espacio en alusión a unas primeras ocho sentencias, con multas de hasta más de $2 millones de pesos, que dictó esta semana el Juzgado Administrativo Contravencional de Jujuy y fue difundido por los canales oficiales del gobierno local.
«Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios»
La Multisectorial, en un comunicado, afirmó que se trata de «otro acto de intimidación pública el gobierno de Gerardo Morales», en alusión a la publicación de la lista de manifestantes con las montos de las multas que se les aplica por considerarlos responsables de contravenciones ocurridas el 20 de junio pasado en la Legislatura local.
«Entre los manifestantes hay un joven con retraso madurativo al que le impusieron casi un mes y medio de trabajos comunitarios», remarcaron sobre la resolución de la Justicia Contravencional de Jujuy y apuntaron que es una dependencia administrativa del Poder Ejecutivo a cargo de Morales y no pertenece al Poder Judicial.
En ese sentido, expusieron que se actuó «bajo procedimientos administrativos brevísimos» sin respetarse «garantías constitucionales como el debido proceso de defensa», ya que asesores legales de la Multisectorial «tuvieron serias limitaciones para acceder a los expedientes y tomar conocimiento de las pruebas en contra de sus defendidos».
«Es reprochable que antes de conocerse los fundamentos de las penas se elaboren campañas mediáticas de escrache, que buscan intimidar a la población con los montos de las multas y estigmatizar a los manifestantes»
Además reprocharon que los denunciados «conocieron las penas por los medios de prensa», por lo que «también se les vulneró el derecho a reserva o privacidad, dado que está expresamente prohibido publicar los datos personales de los supuestos culpables».
En ese sentido, también indicaron que «es reprochable que antes de conocerse los fundamentos de las penas se elaboren campañas mediáticas de escrache, que buscan intimidar a la población con los montos de las multas y estigmatizar a los manifestantes«, en alusión a una conferencia de prensa brindada el martes por autoridades locales.

Respecto de esa conferencia de prensa, advirtieron que los funcionarios del gobierno de Morales no hablaron de «investigar la responsabilidades en el accionar de las fuerzas policiales» en las represiones ocurridas en la provincia, donde «cometieron intento de homicidio al disparar al rostro, se realizaron detenciones ilegales, entre otros delitos».
«Frente a esa actitud gubernamental el pueblo tiene derecho a la resistencia y a la rebelión pacífica y continuada hasta que el autoritarismo retroceda y hasta que caiga una reforma constitucional viciada de nulidad y violatoria de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, a los cuales la Nación adhiere desde 1994»
Asimismo, volvieron a hacer referencia a la publicación de las listas de manifestantes multados y dijeron que de esa manera «continúan con la campaña pública de intimidación, extorsión y amenazas contra el conjunto de la sociedad, hundiéndose en el autoritarismo por violentar, permanentemente, el orden constitucional y la democracia».
«Frente a esa actitud gubernamental el pueblo tiene derecho a la resistencia y a la rebelión pacífica y continuada hasta que el autoritarismo retroceda y hasta que caiga una reforma constitucional viciada de nulidad y violatoria de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales, a los cuales la Nación adhiere desde 1994», concluyeron.
Buenos Aires
Villa Gesell: se negó a declarar Lucía Sosa, la madre acusada por la muerte de su beba
Tras la audiencia, fue trasladada a la Comisaría de la Mujer de General Madariaga. Está imputada por el delito de abandono de persona seguido de muerte. Ya había sido juzgada por la muerte de otras dos de sus hijas en 2013 y 2016.
Lucía Sosa fue detenida luego de que la autopsia determinara que la beba de dos años murió como consecuencia de una asfixia obstructiva. El estudio forense concluyó que la víctima sufrió una hipoxemia, es decir, una disminución crítica del oxígeno en sangre, que derivó en un paro cardíaco fatal.
Previo a negarse a declarar, fue sometida a una revisión médica de rutina y mantuvo una entrevista con un defensor oficial. Luego, llegó el momento de la indagatoria ante el fiscal Walter Calderón, aunque la diligencia terminó rápidamente porque la imputada decidió hacer uso de su derecho a guardar silencio.
La investigación comenzó cuando la mujer llevó a Isabela sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. Según manifestó al personal médico, la niña se había broncoaspirado con una mamadera, aunque esa versión quedó descartada tras los resultados de la autopsia.
Los antecedentes judiciales de Lucía Sosa
El caso generó un fuerte impacto debido a los antecedentes de la acusada. La Justicia ya la había investigado por las muertes de otras dos de sus hijas, Candela y Jazmín, ocurridas en 2013 y 2016. Por una de esas causas permaneció detenida durante casi dos años, aunque posteriormente fue absuelta en un juicio realizado en Mar del Plata.
Habló el hijo de la mujer investigada: “A mí también me quiso matar”
En medio de la investigación, Lucas Ruiz, hijo biológico de Lucía Sosa, brindó un duro testimonio en C5N, acompañado por su abogada. El joven fue separado de su familia cuando era un bebé, luego de que se detectara un contexto de violencia familiar.
“Elegí hablar porque busco justicia por mí y por mis hermanos. Es una mujer que nos hizo mucho daño, nos lastimó mucho a todos nosotros. Nos hizo pasar años muy dolorosos. Pese a las quejas nunca tuvimos una respuesta”, afirmó.
Ruiz también expresó sus sospechas sobre las muertes de sus hermanas, aunque esos hechos continúan siendo materia de investigación judicial. “No tengo ninguna duda de que mi madre biológica es la responsable del asesinato de mis tres hermanas. Tenemos todas las pruebas. Estaba todo planificado de la misma manera. Ella era la que las llevaba al hospital”, sostuvo.
Además, relató un episodio ocurrido cuando tenía apenas 21 días de vida. “Yo fui uno de los intentos. A los 21 días de nacido ingresé al hospital con un paro respiratorio por un intento de Lucía”, aseguró.
Finalmente, agregó: “A una de mis hermanas también la quisieron ahogar. Lucía la intentó asesinar y no pudo. Siempre era tapándonos la boca, cortándonos la respiración, ahogándonos. Yo lo viví y fui parte de uno de los intentos. Con 21 días entré con un cuadro de asfixia al Hospital Materno de Mar del Plata”.
(Las declaraciones de Lucas Ruiz forman parte de su testimonio público y que la responsabilidad penal de Lucía Sosa por los hechos investigados será determinada por la Justicia en el marco del proceso en curso.)
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