La jueza federal María Eugenia Capuchetti procesó hoy a seis personas por la supuesta comisión de los delitos de intimidación pública y daño calificado en la causa por el ataque contra el Congreso de la Nación, perpetrado el 10 de marzo pasado cuando se debatía en la Cámara de Diputados el aval para el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), informaron fuentes judiciales.

Se trata de seis personas a las que la justicia logró individualizar a través de imágenes de cámaras de seguridad y de canales de televisión cuando arrojaban elementos contundentes contra el Congreso y luego pudo identificar por medio de un informe pericial de la División Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, en el que se utilizó un Software Biométrico de Reconocimiento Facial.

Los procesados son Jonatan Emanuel García, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Leonardo Marcelo Cáceres, Jonatan Ezequiel Pacheco, José Horacio Fernando Castillo y Julio Valdés, a quienes además la jueza les trabó embargos hasta cubrir la suma de 6,5 millones de pesos, según surge de la resolución judicial.

En esta causa se investigan los hechos ocurridos el 10 de marzo en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando en el interior del recinto se encontraba sesionando la Cámara de Diputados, a raíz del acuerdo celebrado entre esta Nación y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«En las circunstancias señaladas, a partir de las 15:00 horas en adelante, un grupo numeroso de personas comenzó en forma conjunta a arrojar con sus manos o mediante el uso de ‘gomeras’ elementos contundentes como piedras, cascotes y bombas de pintura contra la fachada del Congreso de la Nación, principalmente en el sector ubicado sobre la avenida Entre Ríos cercana a su intersección con la avenida Hipólito Yrigoyen de esta Ciudad», reseñó la jueza Capuchetti en el fallo.

Detalló que «estas agresiones causaron tumultos, desórdenes y daños que afectaron la seguridad pública y provocaron, entre otros, la rotura de los cristales de las ventanas que se ubican en el primer y segundo piso y pintadas sobre sus paredes, alcanzando los daños también la planta baja del edificio».

«De la misma manera, se dañaron las veredas que se encontraban en las proximidades del Congreso de la Nación para extraer las piedras o cascotes que luego fueron arrojadas tanto al recinto mencionado como al personal policial que concurrió al lugar de los hechos para restaurar el orden y la seguridad pública«, explicó la jueza en el fallo de 66 páginas que incluye fotos de los momentos en los que los procesados arrojaban las piedras o rompían las veredas, según el caso.

En otro fallo, la magistrada volvió a aceptar como querellante al Senado de la Nación, representado por la Directora de Asuntos Jurídicos Graciana Peñafort, luego de que presentara un poder para intervenir en nombre de la cámara alta.