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Bullrich habilitó a Prefectura a utilizar «todo tipo de armas de fuego»

Bajo la conocida como Doctrina Chocobar, podrá usar todo tipo de armas para dejar de estar en una «situación desventajosa en el patrullaje de ríos», como primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad.

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El-Argentino-Contra Patricia Bullrich y fuerzas de seguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció este jueves que la Prefectura Naval podrá, desde este viernes, «usar todo tipo de armas de fuego» para dejar de estar en una «situación desventajosa en el patrullaje de ríos», como primer paso para el restablecimiento del reglamento general que regirá próximamente para todos los miembros de las fuerzas federales de seguridad.

Así lo indicó Bullrich al presentar el comienzo de la restitución del protocolo general para el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales, que había sido suspendido durante el Gobierno de Alberto Fernández.

«Mañana (por el viernes) en el boletín oficial va a estar publicada una resolución para que Prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego policiales y no solo las armas cortas que hoy tienen permitidas», indicó la ministra durante una conferencia de prensa realizada en la sede de la cartera de Seguridad, ubicada en Gelly y Obes 2289, ciudad de Buenos Aires.

Esta medida es el primer paso del restablecimiento del «Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad», una normativa dictada por medio de la resolución 956/2018 cuando Bullrich era ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri.

Foto Eliana Obregn
Foto: Eliana Obregón.

Esta resolución fue dejada sin efecto por la extitular de la cartera de Seguridad Sabina Frederic, el 20 de diciembre de 2019 durante la administración de Fernández.

«Hemos trabajado este protocolo para que la Prefectura pueda proteger su gente, las fronteras, la ciudadanía y estar en mejores o iguales condiciones en la que están los criminales», sostuvo Bullrich, y detalló que en la actualidad los agentes de esta fuerza se encuentran «en una situación desventajosa en el patrullaje de ríos de frontera en relación a los delincuentes».

La ministra ejemplificó esta situación de la Prefectura con dos casos recientes en que los efectivos no pudieron repeler ataques de delincuentes con armas de fuego y objetos contundentes: uno de ellos en el kilómetro 216 del Río Paraguay, en Formosa; y otro en el kilómetro 1076 del Río Uruguay, en Misiones.

«Las armas cortas que hoy tienen permitidas no tienen el alcance necesario cuando los botes y barcos que vienen con cargamentos ilegales cruzan y se van hacia la frontera», señaló.

Bullrich encabezó la presentación junto al secretario de Articulación Federal, Sebastián García de Luca, el secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el subprefecto nacional Naval, prefecto general Alejandro Annichini.

«El alcance del reglamento es para sentirnos cuidados para poder cuidar a la ciudadanía. Nos vamos a aggiornar para darle garantías al personal, siempre en el marco de la ley», destacó Annichini.

Además de esta medida para la Prefectura, el reglamento también contempla otras normativas que involucran al resto de las fuerzas federales y que, según detalló Bullrich, irán «avanzando a lo largo de este mes».

Desde el entorno de la ministra afirmaron a Télam que el próximo paso probablemente sea restablecerlo «prontamente» y «de una vez» para todas las fuerzas federales restantes: Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina (PFA) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Foto Eliana Obregn
Foto: Eliana Obregón.

Dentro del reglamento dispuesto en la resolución 956/2018 se encuentra el aval para que los efectivos puedan usar sus armas reglamentarias sin tener que identificarse a viva voz cuando haya «un riesgo de muerte o lesiones graves a otras personas», y también para poder utilizarlas aún cuando el delincuente «se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves», entre otras posibilidades.

Estas disposiciones fueron criticadas por distintas organizaciones y dirigentes políticos que la calificaron como una vulneración al Código Penal y la Constitucional.

En ese sentido, la exministra Frederic se manifestó en contra de que el protocolo sea reestablecido y advirtió que permitiría que «las Fuerzas de Seguridad hostiguen a la población sin causa».

También criticó la resolución que propone «lo que técnicamente se llaman ejecuciones extrajudiciales» para que la policía actué «frente a situaciones que tienen un margen de ambigüedad».

«Es una pena de muerte encubierta. No solo vulnera la protección que la Constitución y el Código Penal, sino que va contra la propia fuerza de seguridad porque las obliga a actuar contra el Código Penal. La justicia debería poner freno a este tipo de resoluciones«, remarcó este jueves Frederic en declaraciones a radio AM 750.

Foto Eliana Obregn
Foto: Eliana Obregón.

Para la exministra, Bullrich busca reestablecer el protocolo tras «la caída del proyecto de Ley Ómnibus» donde se contemplaban modificaciones al código penal.

«Este te diría que es el peor de los protocolos de Bullrich que derogamos porque enmarcaba las acciones de las fuerzas de seguridad en la legitima defensa forzando y yendo contra el Código Penal», añadió.

El retorno de este protocolo fue también cuestionado desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que criticó que esa norma «habilitó a las fuerzas de seguridad federales a disparar por la espalda o a personas desarmadas impunemente, determinó un incremento importante de fusilamientos de gatillo fácil».

«Los números hablan solos. Bastó que en diciembre de 2019 se derogara el protocolo Chocobar para que en los cuatro años siguientes hubiera 35 personas menos asesinadas por la espalda, desarmadas, por integrantes de las fuerzas federales«, indicó la Correpi en un comunicado.

El 12 de enero pasado, Bullrich recibió al expolicía Luis Chocobar, condenado por matar a un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en el año 2017.

En el encuentro se habló también sobre planes para «modernizar y adaptar» la legislación del Código Penal para «garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública».

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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