El nuevo examen para ingresar a las residencias médicas en hospitales públicos comenzó a desarrollarse esta semana con la participación de 117 aspirantes, de un total de 141 convocados por el Gobierno Nacional para revalidar sus calificaciones, tras la anulación de la evaluación anterior por presuntas irregularidades.

Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien aseguró desde sus redes sociales que la medida fue adoptada luego de detectar “irregularidades e inconsistencias” en el proceso original. “Se está llevando a cabo el nuevo examen de residencias médicas (…) 24 de los convocados decidieron no presentarse a revalidar el resultado que habían obtenido en la instancia anterior”, señaló el funcionario.

Denuncias por “venta del examen” y tensiones con el Garrahan

El conflicto estalló en julio, cuando la gestión de Javier Milei suspendió los resultados del examen nacional de residencias tras detectar supuestas filtraciones. Desde entonces, se multiplicaron las críticas de los sectores afectados.

Una de las voces más duras provino de los residentes del Hospital Garrahan, quienes cuestionaron al presidente del Consejo de Administración y funcionario del Ministerio de Salud, Mario Lugones, por implementar una medida que calificaron de “arbitraria e improvisada”.

“Lugones quiere que se vuelva a rendir ‘por mérito’, justo ahora, en plena campaña para desvalorizar las residencias”, afirmaron en un comunicado difundido en julio. “Nos solidarizamos con todos los futuros colegas residentes que se vieron injustamente perjudicados”, agregaron, aunque admitieron la necesidad de esclarecer los hechos detrás de la supuesta venta del examen original.

Emergencia sanitaria en residencias y pediatría

En paralelo a este escenario, residentes y profesionales de la salud celebraron que la Cámara de Diputados aprobara esta semana un proyecto que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales.

La iniciativa fue votada con amplio respaldo y será tratada en el Senado dentro de los próximos 15 días, con el objetivo de convertirse en ley. El proyecto busca reconocer el deterioro de las condiciones laborales y formativas en el sistema de salud pública, que se agravaron en los últimos meses con sueldos congelados, falta de cobertura de vacantes y recortes presupuestarios.