Política 📢
Milman presentó proyecto de consulta popular por la ley ómnibus
La convocatoria a la Consulta Popular Vinculante está en el artículo 40 de la Constitución Nacional, se deberá aprobar con la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, es decir 129 y 37 votos respectivamente.
El diputado nacional del PRO Gerardo Milman presentó este miercoles un proyecto de ley para que se convoque a una Consulta Popular Vinculante para que la ciudadanía se pronuncie sobre el proyecto de ley Bases, cuyo debate en particular ayer fracasó debido a que el oficialismo no pudo conseguir los votos para aprobar los artículos centrales de esa iniciativa.
La convocatoria a la Consulta Popular Vinculante está contemplada en el artículo 40 de la Constitución Nacional, aunque para ello se deberá aprobar con la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara de Diputados y el Senado, es decir 129 y 37 votos respectivamente.
«Dejemos que la ciudadanía se exprese a pesar de que ya lo hizo en noviembre del año pasado. Si los legisladores estamos o no a la altura de las circunstancias lo debemos saber», dijo Milman.
«Confiemos y permitamos que la ciudadanía se exprese, así tomaremos el pulso de la voluntad ciudadana y veremos si los legisladores estamos o no a la altura de las circunstancias que la emergencia exige», agregó.
El proyecto, de un artículo, establece que se convoca a una Consulta Popular Vinculante «para poner en consideración de la ciudadanía el Proyecto de Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en el uso de las facultades conferidas por el Artículo 40 de la Constitución Nacional y reglamentada en la Ley 25.432».
En los fundamentos del proyecto, Milman señala que «la Constitución Nacional, en el Artículo 40, incorporado en la reforma de 1994, se refiere a las consultas populares o ‘plebiscitos’, que, de algún modo, funcionan de forma inversa a la iniciativa popular, son proyectos legislativos surgidos del Congreso o del Poder Ejecutivo para ser sometidos a la voluntad de la ciudadanía».
«Por otra parte, la Constitución también contempla que el Presidente de la Nación o el Congreso puedan someter a consulta popular temas de interés general de forma no vinculante, es decir, sin obligación de acatar la voluntad de los votantes.
En este caso, el voto no es obligatorio», agregó.
Milman señaló que «si la Consulta Popular es aprobada por Ley, es vinculante, es obligatoria y se convierte automáticamente en ley si es votada por una mayoría».
Agrega que «la participación ciudadana es un principio consustancial al Estado de derecho y una garantía esencial de la democracia representativa, reconocida y protegida por las normas constitucionales y los tratados internacionales».
Señaló que «los que acompañamos al caído proyecto, lo hicimos con la convicción de mejorar la situación de los jubilados; de desregular cantidad de actividades que beneficiarán a los cientos de miles de trabajadores no registrados; de consolidar los objetivos de déficit fiscal; de potenciar las exportaciones por medio del desarrollo de las PYMES, baja impositiva de por medio; del respeto de la propiedad privada y garantías jurídicas que tiempo mediante nos conviertan en un país confiable, potencial receptor de inversiones».
Islas Malvinas
Polémica por el RIGI: denuncian que una petrolera sancionada por operar en Malvinas recibió beneficios
El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la participación de Harbour Energy en Southern Energy, un proyecto gasífero de Río Negro aprobado por el Gobierno. La compañía británica posee el 15% de la iniciativa, según la denuncia.
El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, denunció que la petrolera británica Harbour Energy participa de un proyecto que obtuvo beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pese a sus antecedentes vinculados con operaciones hidrocarburíferas en las Islas Malvinas.
Según planteó el legislador, la empresa posee el 15% de Southern Energy, una iniciativa destinada al desarrollo de actividades vinculadas con la producción y exportación de gas desde Río Negro.
El proyecto fue aprobado por el Gobierno mediante la Resolución 559/2025.
Ferraro vinculó a Harbour Energy con una empresa sancionada
Uno de los principales puntos de la denuncia apunta a la identidad societaria de Harbour Energy.
Ferraro sostuvo que la compañía es la misma persona jurídica que anteriormente operaba bajo la denominación Premier Oil PLC, nombre que fue modificado en 2021.
Según la denuncia del diputado, Premier Oil había sido inhabilitada en 2013 a través de una resolución basada en la Ley 26.659, a raíz de actividades de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización.
Las operaciones cuestionadas se desarrollaban en cercanías de las Islas Malvinas.
¿Qué es el RIGI?
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es un esquema creado por el Gobierno argentino para promover inversiones de gran escala mediante un conjunto de beneficios y condiciones especiales.
En este caso, la controversia planteada por Ferraro se centra en que una empresa británica que, según su denuncia, mantiene un vínculo societario con una compañía previamente sancionada por actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la zona de Malvinas forme parte de un proyecto alcanzado por ese régimen.
El planteo apunta específicamente a la participación de Harbour Energy en Southern Energy.
La denuncia se conoció en medio de una nueva ofensiva por Malvinas
El cuestionamiento de Ferraro trascendió después de que el Gobierno anunciara una nueva ofensiva contra empresas y personas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.
En ese contexto, el diputado puso bajo la lupa la situación de Harbour Energy y su participación en el proyecto gasífero de Río Negro.
La denuncia instala así un debate sobre la aplicación del régimen de inversiones y los antecedentes de empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas.
Qué cuestiona el diputado Ferraro
El planteo de Ferraro se concentra en la participación accionaria de Harbour Energy en Southern Energy y en el vínculo que establece entre la actual compañía y la antigua Premier Oil.
Según su denuncia, Premier Oil fue sancionada por actividades de exploración realizadas sin autorización argentina y posteriormente cambió su denominación a Harbour Energy.
El legislador cuestiona que, pese a ese antecedente, la compañía participe actualmente de una iniciativa alcanzada por los beneficios del RIGI.
La denuncia se suma a la discusión política sobre las empresas que intervienen en actividades hidrocarburíferas vinculadas con las Islas Malvinas y sobre las condiciones bajo las cuales pueden participar de proyectos en territorio argentino.
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