Política 📢
Vidal suma repudios por justificar la reunión de la mesa judicial y decir que el video no sirve como prueba
Dirigentes y funcionarios criticaron a la ex gobernadora bonaerense y actual diputada nacional por Juntos por el Cambio tras sus declaraciones sobre el video en el que su exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, expresa su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios.
Dirigentes y funcionarios cuestionaron los dichos de la exgobernadora bonaerense y actual diputada nacional por Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal, quien este jueves sostuvo que el video de la llamada «mesa judicial» donde se ve al exministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, expresar su deseo de tener una «Gestapo» para terminar con los gremios «fue ilegalmente grabado y no constituye prueba».
Victoria Tolosa Paz
La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Frente De Todos-Buenos Aires) consideró que María Eugenia Vidal «lejos de aclarar, confirma» los hechos que la vinculan con la existencia de una presunta mesa judicial antisindical durante su gestión como gobernadora, en relación a las explicaciones que dio anoche la actual legisladora nacional sobre el tema en un programa de televisión.
«Anoche nos enteramos que para la ex gobernadora Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, quienes en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlos tras las rejas, es una reunión de trabajo», señaló Tolosa Paz a través de una serie de mensajes publicados este viernes por la mañana en Twiiter.
La diputada del FdT se refirió a la primera aparición de la exgobernadora después de haber mantenido un silencio de diez días desde que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) presentara la denuncia por la existencia de una supuesta mesa judicial para armar causas contra dirigentes gremiales.
Anoche nos enteramos que para la ex gobernadora María Eugenia Vidal, un encuentro entre ministros, legisladores, intendente, empresarios y funcionarios de inteligencia, que en conjunto planean cómo denunciar a civiles para llevarlo tras las rejas, es una reunión de trabajo.
— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) January 7, 2022
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«Cuesta entender esta participación mediática de la Diputada Nacional, que lejos de aclarar el grave hecho institucional, termina confirmando lo que vimos, e intenta desvincular con un evidente nerviosismo la responsabilidad de Mauricio Macri, jefe y amigo personal de Arribas».
Y agregó: «Su ministro de trabajo, Marcelo Villegas, no banalizó la Gestapo sino que ponderó sus formas y lamentó no poder replicarlas porque, por suerte, en la Argentina hay leyes que lo impiden, y que también condenan estas persecuciones propias de otros tiempos en nuestro país».
En ese tono, subrayó que «las oficinas del Banco Provincia en CABA es jurisdicción bonaerense, es jurisdicción de la provincia en la que no inauguró un sólo hospital, ni una sola escuela».
«Ahora vemos cuáles eran sus prioridades, y comprendemos por qué no volvió a presentarse aquí en las últimas elecciones», subrayó.
La exgobernadora bonaerense sostuvo anoche que el video de la llamada «mesa judicial» antisindical «fue ilegalmente grabado y no constituye prueba», y negó que en su administración hayan existido «causas armadas».
«La reunión fue ilegalmente grabada porque, hasta ahora, no apareció la orden de ningún juez que ordenara grabar esa reunión o hacer algún seguimiento. Para mis ministros y para los empresarios de la construcción era una reunión de trabajo», subrayó Vidal.
Axel Kicillof
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, dijo este jueves que el exministro de Trabajo provincial macrista Marcelo Villegas «tiró a la parrilla» a su antecesora María Eugenia Vidal cuando en una reunión expresó deseos de tener una «Gestapo» para controlar a sindicalistas.
Kicillof además denunció que «los que iban a luchar contra la mafia armaron una mafia para perseguir y encarcelar» a opositores.
El gobernador replicó las declaraciones que hizo Vidal, quien trató de exculpar a su gobierno provincial de 2015-2019 de las acusaciones de armado de causas contra opositores y sindicalistas después de varios días de silencio.
El mandatario provincial sostuvo que en esa reunión de 2017 realizada en la sede porteña del Banco Provincia «veo a gente de la AFI, al número 3 4 o 5, a dos ministros y un viceministro, a un ministro (Villegas) que dice ‘la gobernadora nos mandó a este tipo de reuniones’…la tiró a la parrilla a Vidal».
«Es muy impresionante lo que está pasando, vemos a un intendente y a empresarios además; esto que se habló es absolutamente ilegal, viola varias secciones del Código Penal y todo lo que se imaginaba es poco: es una mesa para armar causas judiciales», sostuvo el gobernador en una entrevista con C5N.
«Tienen que dar las explicaciones, es un golpe obsceno a la democracia; tienen que explicarlo ante la justicia. Hacerse los distraídos es muy difícil», abundó.
También aseveró que «la Legislatura de la provincia de Buenos Aires inició acciones para un juicio político contra el Procurador (Julio Conte Grand) y estoy dejando actuar a las instituciones».
Kicillof añadió que «el jefe de los fiscales (bonaerenses) aparezca en una foto con el presidente (Macri) es grave».
«Es apestoso lo que estamos viendo, un espectáculo espantoso y muy triste para la democracia argentina», amplió, y aseveró: «Los que iban a luchar contra la mafia armaron una mafia para perseguir y encarcelar».
Aníbal Fernández
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, consideró «un horror» las declaraciones de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, -a la que calificó de «inútil»- quien trató de desligarse de la supuesta «mesa judicial» provincial que habría intentado pergeñar causas contra sindicalistas.
«Que horror los dichos de la inútil de Vidal: cuestiona competencia del juez federal de La Plata» en ese caso, dijo Fernández en Twitter.
«Dice reunión institucional de autoridades provinciales en Banco Provincia (status constitucional) grabada ilegalmente por autoridades federales, ¿es competencia de juez federal de Py?», añadió el ministro de Seguridad de la Nación.
Que horror los dichos de la inutil de Vidal: cuestiona competencia del juez federal de La Plata.
— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) January 7, 2022
Dice reunión institucional de autoridades provinciales en Banco Provincia (status constitucional) grabada ilegalmente por autoridades federales, ¿es competencia de juez federal d Py?
Fernández señaló en un hilo de tuits que «sigue sin explicar por qué, autoridades provinciales, se reúnen con directores de inteligencia (AFI) para hablar de causas penales que involucran a civiles».
«El Artículo 7 del Pacto de San José de Flores, del 11 de noviembre de 1859 estableció que ‘Todas las propiedades de la Provincia que se dan sus leyes particulares, como sus establecimientos públicos, de cualquier clase y género que sean seguirán correspondiendo a la provincia de Buenos Aires y serán gobernadas y legisladas por la autoridad de la Provincia'».
«Que sepa la inútil de Vidal, entonces, que la mesa judicial ilegal técnicamente lo hacía bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires pese que se juntaba recurrentemente en las oficinas que el Banco de la Provincia tiene en Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Cristina Álvarez Rodríguez
La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Álvarez Rodríguez, opinó este viernes que la exgobernadora del distrito María Eugenia Vidal «habla pero no dice nada», y agregó que la actual diputada nacional «no puede explicar cómo en una reunión de trabajo y en una oficina pública se armaban causan judiciales».
Para Álvarez Rodríguez, «no se puede explicar que en una «reunión de trabajo», con sus ministros, con el aval de su Procurador (Julio Conte Grand), con su intendente (por Julio Garro, jefe comunal de La Plata) con agentes de la AFI y en una oficina pública se armaran causan judiciales».
Cecilia Moreau
La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Cecilia Moreau consideró «vergonzosa y desesperada» la defensa de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal pronunció y calificó a Juntos por el Cambio (JxC) como «un grupo mafioso» que gestionó cuatro años «en beneficio de sus intereses».
En diálogo con AM 750, Moreau consideró: «Ella acá no es víctima de nada, es victimaria al igual que su jefe. En el canal de (Mauricio) Macri, la gobernadora Vidal, que fue la mejor alumna de Macri, hizo una defensa vergonzosa y desesperada».
La vicepresidenta del bloque del FdT indicó que «le dio vergüenza ajena» la entrevista que brindó la exmandataria provincial y enmarcó sus dichos en «parte de cómo actuó el PRO durante estos cuatro años en la provincia de Buenos Aires».
En este sentido, insistió con que los integrantes de JxC «son un grupo mafioso con distintas aristas» y agregó: «La parte política, donde se toman las decisiones, la parte judicial que bastante bien les funciona, la parte mediática, el acompañamiento de los grandes grupos económicos y del Fondo Monetario Internacional (FMI)».
La diputada consideró que «Vidal se tiene que poner a disposición de la Justicia» y que el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte-Grand, «tiene que poner a disposición su renuncia».
Por otro lado, denunció que la exgobernadora «mintió» al decir que estuvo con anginas, ya que «el 2 de enero estaba en una playa en Cariló» y sostuvo que utilizó estos días «para couchearse, ver qué decir» y «guardarse y ver si el tema pasaba para zafar».
«Pero es de tal gravedad institucional que esto no pasó, porque acá no hay cuentapropistas», indicó, tras remarcar que la exgobernadora «llevó a la provincia de Buenos Aires a una situación desesperante en términos sociales, políticos, económicos, de desarrollo y de deuda».
Andrés Rodríguez
Desde el sindicalismo, el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, consideró que la exgobernadora Vidal «no se puede desentender» y debería asumir «cierta responsabilidad» sobre la existencia de una supuesta «mesa judicial» durante su gestión, que habría intentado armar causas contra sindicalistas.
«Están desconociendo cosas que fueron concretas. Nadie de inteligencia entra a una reunión y se sienta por sí solo. Tiene que haber alguna suerte de un aval por parte de quienes dirigen para que suceda y son cuestiones que no se pueden desentender», afirmó este viernes en declaraciones a radio AM 750.
El dirigente sindical sostuvo que no quiere «hacer una acusación», pero aseguró que existió «una realidad persecutoria y realmente ilegal en materia de investigaciones y averiguación de dirigentes» que debe ser reconocida.
Mara Brawer
«Vidal es una caradura», dijo la diputada Nacional por el Frente de Todos (FdT) Mara Brawer en diálogo con Radio 10, y criticó que «ante un hecho institucional tan grave, salga a decir 10 días después que no habló antes porque tenía anginas».
A su vez sentenció que JxC «llegó al poder por elecciones, pero tienen raíces en el autoritarismo y la última dictadura militar».
También tildó de «reprochable» la referencia a la Gestapo que hizo Villegas, al considerar que es «banalizar el sufrimiento de las víctimas del Holocausto» dijo que Vidal «se disculpó por usar ese término, pero «nunca dijo que lo que estaba mal era la intención de terminar con los gremios», por lo que consideró que la exgobernadora «está de acuerdo» con esa idea.
Investigación 🔎
Venden una calle pública de Morón a precio vil para beneficiar a una empresa privada
Un vecino y reconocido abogado presentó una denuncia penal contra el intendente Lucas Ghi y funcionarios municipales por la posible venta de la calle Donato Álvarez a la empresa textil ENOD S.A. a un precio presuntamente irrisorio, sin estudios de impacto vial ni garantías para la comunidad.
El reconocido abogado y vecino del partido de Morón, Javier Ignacio Baños, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con la desafectación del uso público y venta a un particular del tramo de la calle General Donato Álvarez comprendido entre Cochabamba y Presidente Domingo Faustino Sarmiento, en el marco del Expediente N° 86977/25 H.C.D. y el Expediente N° 4079-11408/24 del Departamento Ejecutivo Municipal. La operación, que está siendo evaluada por el Honorable Concejo Deliberante de Morón, beneficiaría a la empresa textil ENOD S.A., que pretende adquirir esa arteria pública para unir físicamente dos establecimientos industriales linderos y ampliar su planta de producción.
La calle que Ghi quiere vender
La calle en cuestión se encuentra en una zona particularmente sensible del distrito, próxima a la barrera de Pueyrredón, uno de los pasos ferroviarios de mayor flujo vehicular de Morón. Según la denuncia, esa arteria cumple una función esencial como vía de escape y descompresión ante cortes ferroviarios, accidentes, emergencias médicas e inundaciones. De concretarse la desafectación, ambulancias, bomberos y patrulleros perderían una salida crítica en el sector.
El Director de Catastro del Municipio, Arq. Guillermo Baraglia, reconoció durante la audiencia pública celebrada en el Concejo Deliberante que el expediente no incluía un estudio de impacto ambiental y que los únicos informes obrantes provenían de dependencias del propio Departamento Ejecutivo, particularmente de las áreas de Transporte, Catastro y la Unidad de Gestión Comunitaria N° 1. Esa omisión es uno de los ejes centrales de la denuncia penal: no existe ningún estudio técnico serio, independiente e interdisciplinario que avale la eliminación de una calle pública cercana a un paso ferroviario de alto tránsito.
El precio que escandaliza
La tasación preliminar del bien habría sido fijada aproximadamente en 160 dólares por metro cuadrado, elaborada por el Colegio de Martilleros de Morón ante la ausencia de nomenclatura catastral de la arteria, lo que inicialmente impidió la intervención del Tribunal de Tasaciones de la Nación. Sin embargo, durante la audiencia pública se señaló que el valor real de la zona podría rondar los 2.000 dólares por metro cuadrado, una diferencia de más de doce veces que, de comprobarse, configuraría un posible defalco millonario contra el patrimonio municipal.
El propio Baraglia reconoció que ese valor no sería definitivo sino preliminar, lo que agrava la situación: se estaría impulsando la desafectación de un bien de uso público sobre la base de una tasación discutida, anterior, no definitiva y posiblemente muy por debajo del valor real de mercado. La denuncia apunta, además, a que el perjuicio público no se limita al precio de venta sino a la pérdida irreversible de una vía de circulación, el beneficio patrimonial directo para la empresa y la eliminación de un bien comunitario que no puede ser restituido una vez escriturado.
Promesas empresariales sin respaldo jurídico
El representante de ENOD S.A., Jorge Leone, presentado como gerente de relaciones institucionales de la firma, argumentó durante la audiencia pública que la empresa lleva más de treinta años radicada en Morón, que la adquisición permitiría una inversión aproximada de diez millones de dólares y que generaría entre 80 y 100 puestos de trabajo adicionales. Sin embargo, el propio Departamento Ejecutivo admitió que el proyecto de ordenanza evaluó solamente la parte técnica de la transferencia, pero no incorporó los compromisos de inversión y empleo como obligaciones exigibles ni previó garantías, cauciones, cláusulas penales ni controles posteriores de cumplimiento.
Ante la pregunta concreta de si el Municipio tendría forma de anular la venta en caso de incumplimiento de las promesas empresariales, la respuesta oficial fue que esas cuestiones no fueron evaluadas. La entrega de un bien público fundada en promesas no incorporadas como obligaciones jurídicas exigibles es, según la denuncia, uno de los elementos que podría configurar administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
El corredor peligroso y el riesgo de seguridad pública
La denuncia describe con precisión la configuración urbana que generaría el cierre de Donato Álvarez: un extenso corredor con paredones industriales de un lado y la traza ferroviaria del otro, sin comercios, sin ventanas, sin vecinos a la vista y con severas limitaciones de escape, especialmente de noche. Esa configuración, advierten los denunciantes, incrementa el riesgo de robos, agresiones, persecuciones y situaciones de inseguridad, y podría transformar el sector en una zona propicia para la comisión de delitos.
Durante la audiencia, concejales del Honorable Concejo Deliberante plantearon explícitamente su preocupación por el paso de vehículos de emergencia y señalaron la necesidad de contar con estudios técnicos antes de tomar una decisión de esa magnitud. La respuesta del Ejecutivo fue que, con lo obrante en el expediente, los funcionarios consideraban suficiente la información disponible.
Reuniones con el intendente y posible connivencia
Uno de los datos más relevantes surgió de la propia audiencia pública. Ante una pregunta del concejal Diego Spina sobre qué gestiones había realizado la empresa y con quiénes, el representante de ENOD S.A. reconoció que las gestiones para adquirir la calle fueron encaradas directamente con el intendente Lucas Ghi, con Santiago Muñiz y con el arquitecto Pablo Itzcovich, y que también habrían participado representantes sindicales y delegados de fábrica. La denuncia solicita que se investigue cuándo se realizaron esas reuniones, qué se conversó, qué compromisos se asumieron y si existieron promesas, contraprestaciones o tratos diferenciales que pudieran configurar negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Abandono ambiental y veredas deterioradas
La denuncia incorpora también el historial ambiental y urbano de los establecimientos de ENOD S.A. Según consta en la presentación ante el Concejo Deliberante, los predios de la empresa presentan desde hace años veredas deterioradas, paredes y fachadas sin mantenimiento, acumulación de maderas, pallets, desperdicios y residuos en la vía pública, y dispersión de fibras provenientes aparentemente de la actividad industrial hacia viviendas linderas. Durante la audiencia, una concejala sostuvo haber concurrido al lugar y haber comprobado la acumulación de basura, mientras representantes de la empresa negaron ser responsables y atribuyeron parte de los residuos a terceros. La denuncia apunta a que resulta inadmisible premiar con la entrega de una calle pública a empresas que habrían contribuido a degradar el espacio urbano.
Qué se investiga y a quiénes
La denuncia penal presentada por Baños se dirige potencialmente contra el intendente Lucas Hernán Ghi, los funcionarios del Departamento Ejecutivo que intervinieron en el expediente, los representantes y beneficiarios de ENOD S.A. y las sociedades vinculadas, incluyendo a CILDA S.A. y Australtex S.A. También alcanza a los concejales que, con conocimiento de los riesgos advertidos, voten favorablemente la desafectación. Los delitos que podrían configurarse incluyen, en forma provisoria, defraudación contra la administración pública, administración fraudulenta en perjuicio del Estado, malversación de bienes públicos, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, cohecho y falsedad ideológica de instrumento público.
Entre las medidas de prueba solicitadas, el denunciante pide una tasación judicial independiente, pericias contables y ambientales, la remisión completa de los expedientes administrativos y legislativos, declaraciones testimoniales de funcionarios y representantes de la empresa, y el análisis de comunicaciones entre funcionarios municipales y directivos de ENOD S.A. También solicita medidas cautelares urgentes para impedir que la operación se consume mientras dura la investigación.
Puntos clave
- La tasación preliminar de la calle fijó el metro cuadrado en 160 dólares, frente a un valor de zona estimado en 2.000 dólares.
- El expediente no incluye estudios de impacto ambiental, vial ni de seguridad pública independientes.
- Los compromisos de inversión y empleo de ENOD S.A. no están incorporados como obligaciones exigibles en el proyecto de ordenanza.
- El representante de la empresa reconoció haber gestionado la compra directamente con el intendente Lucas Ghi y dos funcionarios del Ejecutivo.
- La denuncia solicita medidas cautelares urgentes para impedir que la operación se concrete mientras avanza la investigación penal.
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