DDHH
Estela de Carlotto cuestionó políticas de Javier Milei y alertó sobre el cierre de espacios de memoria
Trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti organizaron un festival para protestar contra despidos y el anuncio de cierre.
La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó su preocupación por las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei, especialmente por el anuncio del cierre del Espacio de Memoria de la ex-ESMA y del Centro Cultural Haroldo Conti. En declaraciones a Radio 10, señaló que “estamos viviendo un momento casi dictatorial”.
“Es un infierno”: el análisis de la situación social
Carlotto describió el panorama actual como preocupante, destacando su angustia por el aumento de la pobreza y la falta de recursos básicos: “Me angustia la pobreza y la gente que no tiene para comer, los viejitos que son golpeados e insultados porque quieren tener aumentos. Es un infierno. Tenemos un gobierno legal, pero muy similar a la dictadura en muchos casos”.
Además, mencionó las dificultades para continuar con la búsqueda de los nietos desaparecidos durante la última dictadura militar. “No nos dan el tiempo ni los medios para continuar. Financiar nada, ni se habla de eso, negativa total. Estamos en lo que quieren hacer ahora, cerrarla para limpiar, atenuar… van a sacar lo que sea memoria”, afirmó.
Cierre del Centro Cultural Haroldo Conti
El sábado, trabajadores del Centro Cultural Haroldo Conti organizaron un festival frente al edificio de la ex-ESMA como protesta contra el anuncio de cierre y despidos realizado por el gobierno nacional. Según el gremio ATE, los empleados fueron notificados a través de mensajes de WhatsApp de que no debían presentarse a trabajar desde el 2 de enero y que quedarían en “guardia pasiva” debido a una “reestructuración”.
El secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, comunicó la decisión de cerrar el espacio durante enero, lo que generó indignación entre los trabajadores y referentes de derechos humanos. La manifestación contó con la presencia de Taty Almeida, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien respondió el reclamo.
Críticas a la falta de diálogo
Carlotto también cuestionó la ausencia de diálogo entre el gobierno de Javier Milei y las organizaciones de derechos humanos. “El Presidente nos podría haber llamado. Con todos los presidentes hemos pedido hablar y hemos hablado, a veces con preocupación o no, pero ha habido respeto. Este señor no sé en qué mundo está y por qué está más afuera que adentro del país”, concluyó.
DDHH
Myanmar cometió genocidio: la CIJ responsabilizó por primera vez a un Estado
El máximo tribunal de la ONU concluyó que las fuerzas birmanas mataron a unos 10.000 rohinyás en 2017 y empujaron a 700.000 al exilio. Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y garantizar el regreso de los desplazados.
Unos 10.000 rohinyás asesinados, alrededor de 700.000 expulsados hacia Bangladés y cerca de 400 aldeas arrasadas: con esas cifras sobre la mesa, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra esa minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. Es la primera vez en su historia que el máximo tribunal de Naciones Unidas declara a un Estado responsable de haber cometido ese crimen.
El fallo, de 191 páginas, fue leído durante casi tres horas en La Haya por el presidente del tribunal, el juez japonés Yuji Iwasawa, en la causa que Gambia inició en noviembre de 2019 por violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. «La República de la Unión de Myanmar ha cometido genocidio contra el grupo rohinyá en el norte del estado de Rajine», afirmó Iwasawa. La decisión se adoptó por nueve votos contra seis y es definitiva, obligatoria para las partes e inapelable.
Qué dio por probado la Corte
El tribunal consideró respaldada por el expediente la estimación de unos 10.000 muertos, que surge de una misión independiente de la ONU, y concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos prohibidos por los incisos a, b y d del artículo II de la Convención: matanzas, lesiones graves a la integridad física o mental y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro del grupo. También determinó que Myanmar no previno ni castigó el genocidio.
Iwasawa describió la «violencia extrema» del ejército contra las comunidades rohinyás del estado de Rajine y sostuvo que el asesinato de bebés respalda la inferencia de que las fuerzas de seguridad buscaban impedir nacimientos dentro del grupo. Según el tribunal, cerca de 400 de las casi 1.000 aldeas de tres municipios del norte, alrededor del 40%, fueron destruidas total o parcialmente durante y después de 2017, y sobre los terrenos despejados se levantaron construcciones a toda velocidad.
Lo que deberá hacer Myanmar
La sentencia ordenó a Myanmar adecuar su legislación a las obligaciones de la Convención, investigar y, cuando corresponda, juzgar y castigar a los sospechosos, ofrecer garantías de no repetición, permitir el regreso «seguro, voluntario y digno» de los desplazados y la reunificación de las familias, e indemnizar al grupo rohinyá y a sus integrantes. El monto se fijará en una etapa posterior, y el Estado birmano tendrá dos años para informar qué medidas de restitución adoptó y qué compensación propone.
El secretario general de la ONU, António Guterres, celebró el fallo como un «poderoso reconocimiento a las víctimas rohinyá del genocidio» y sostuvo que terminar con la impunidad es indispensable para la reconciliación en Myanmar. Pero la CIJ no tiene medios propios para hacer cumplir sus decisiones, y el comandante que encabezó aquella ofensiva, Min Aung Hlaing, es el mismo que lideró el golpe de Estado de 2021.
Un techo que se rompió
El caso recorrió un largo camino: en enero de 2020 la Corte ordenó medidas provisionales para proteger a los rohinyás, en julio de 2022 rechazó las objeciones de Myanmar y se declaró competente, y en enero de este año escuchó tres semanas de alegatos, en los que el representante birmano Ko Ko Hlaing defendió la campaña militar como una respuesta a ataques de milicianos rohinyás.
El fallo marca un antes y un después en el derecho internacional: en Bosnia contra Serbia, en 2007, la Corte solo había condenado a un Estado por no prevenir un genocidio, el de Srebrenica, pero no por cometerlo. En Croacia contra Serbia, en 2015, rechazó las dos demandas por no haberse probado la intención específica de destruir a un grupo.
El capítulo argentino
La causa tiene un correlato directo en Comodoro Py. En noviembre de 2019, organizaciones rohinyás junto a organismos argentinos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo y la organización del Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, presentaron una denuncia ante el juzgado de María Romilda Servini invocando el principio de jurisdicción universal. El 13 de febrero de 2025, la jueza dictó órdenes de detención contra 25 funcionarios militares y civiles birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing y la ex consejera de Estado Aung San Suu Kyi. La sentencia de La Haya le da un respaldo inédito a una investigación que la Justicia argentina abrió cuando pocos países se animaban.
Lo que tenés que saber
- La CIJ declaró a Myanmar responsable de genocidio contra los rohinyás en 2017, por nueve votos contra seis.
- Es la primera vez que el tribunal determina que un Estado cometió genocidio.
- Se estiman unos 10.000 muertos, 700.000 desplazados y unas 400 aldeas destruidas.
- Ordenó juzgar a los responsables, indemnizar a las víctimas y permitir el regreso de los desplazados; Myanmar tiene dos años para informar.
- En la Argentina, la jueza Servini ordenó en 2025 la detención de 25 funcionarios birmanos, entre ellos Min Aung Hlaing.
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